La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha rechazado investigar las cuentas del almacén de gas Castor, clausurado en 2013 por los movimientos sísmicos que provocó en las costas de Castellón. El grupo Caso Castor, compuesto por las organizaciones Xnet, ODG e IDHC solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas hace unos meses por las posibles irregularidades contables derivadas de los acuerdos que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) el 3 de octubre de 2014, en el que el Ejecutivo acordó abonar a la sociedad Escal UGS SL -66% de ACS- 1.350. millones euros.
De acuerdo con la denuncia, en ese consejo de ministros de hace cinco años "se decidió la medida excepcional de indemnización a Escal UGS a través de Enagás Transporte en menos de 35 días y en un único pago, además de un derecho de cobro a costa del sistema gasista". Las organizaciones destacan que la indemnización se realizó "con cargo a la factura mensual de los ciudadanos por 30 años".
En la operación intervinieron como financiadores Bankia, Banco Santander y Caixabank. Adelantaron la indemnización a cambio de recuperar los 1.350 millones con un 4,36% de interés durante 30 años. Pero el Constitucional tumbó el decreto de indemnización y toda la operación ha quedado en el aire. Los bancos han reclamado contra el Estado ante el Supremo.
Rechazo en la vía penal
Los denunciantes del Grupo caso Castor, que ya intentaron la vía penal en su día, justificaron la solicitud de intervención del Tribunal de Cuentas en base a la Sentencia del Constitucional del 21 de diciembre de 2017 que consideró que la decisión fue “una inadecuada alteración del sistema de fuentes del derecho que choca con el art. 86.1 CE”.
La polémica en torno al almacén sigue viva en los tribunales. La pasada semana, el juez de Vinaròs (Castellón) Javier Verdeguer decidió procesar por delito ambiental a dos directivos de la adjudicataria del proyecto Castor, así como a la propia empresa, Escal UGS por inyectar gas en el almacén marino pese a ser conscientes "de la potencial peligrosidad sísmica que podía acarrear". Y por haber continuado haciéndolo, a un ritmo superior, después de que empezaran a registrarse terremotos y pese a la advertencia directa que recibieron del Observatorio del Ebro.
El caso está también vivo en el Consejo de Estado. El órgano consultivo del Gobierno aprobó recientemente cinco dictámenes sobre el caso en los que insta al Gobierno a resolver "con premura" las reclamaciones de Caixabank, Bankia, Banco Santander para recuperar los 1.350 millones que adelantaron en el año 2014. Santander se juega en el caso 700 millones; Caixabank 450 y Bankia 200.
Reclamación de cantidades
El Consejo apoya la decisión que tomó la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de reclamar las cantidades ya liquidadas a la banca y a Enagás después de que el Constitucional tumbara el decreto de indemnización. Pero el organismo aclara que más allá de "la pertinencia de declarar la nulidad de las liquidaciones", tanto a la banca acreedora como a Enagás (la empresa que se hizo cargo del mantenimiento de la instalación), les corresponde "percibir las cantidades" de la indemnización que adelantaron.
A juicio del Consejo, el Gobierno debe actuar con rapidez y promover "la correspondiente iniciativa legislativa" para "evitar perjuicios económicos al Estado" por la prolongación del caso. Demorar más la solución obligaría al pago de intereses y podría provocar, sostiene, "otros eventuales efectos indeseables". El problema es que el mensaje se dirige a un Gobierno en funciones para el que el caso Castor, judicializado, dista de ser una cuestión urgente.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios