El Tribunal Supremo ha archivado una querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Industria, Reyes Maroto, sobre la concesión de fondos de la SEPI a Plus Ultra Líneas Aéreas. La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que rechaza la querella por no presentar los hechos indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, al tiempo que declara su no competencia respecto a otras personas incluidas en la querella, por no estar aforadas ante el Supremo.
El pasado 26 de marzo, Vox presentó una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso en torno a la compañía aérea rescatada por la SEPI Plus Ultra porque defiende que el 56,8% de su accionariado es venezolano, lo que le impide, dicen, operar en España. Las preguntas se refieren al proceso de aprobación de la ayuda por 53 millones de euros a Plus Ultra, a la nacionalidad de los accionistas y a si el Gobierno va a promover la retirada de la asistencia financiera a la empresa.
Esta batería de cuestiones se suma a la querella presentada también por Vox ante la sala segunda del Tribunal Supremo en contra del Consejo de Ministros y de la SEPI, por observar indicios de malversación, prevaricación, posible fraude fiscal y entramado societario fraudulento. El rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros provocó las críticas de la oposición en el Congreso el pasado 24 de marzo, donde el PP ha solicitado una comisión de investigación y Ciudadanos comparecencias.
El pasado 21 de abril, el presidente Sánchez mostró su plena confianza en que el rescate de la compañía aérea Plus Ultra cumplió con todas las exigencias, pero ha garantizado la colaboración del Ejecutivo con la Justicia ante la investigación de este asunto. El auto de archivo del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, recuerda la reiterada jurisprudencia de la Sala, por la cual la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para investigar unos hechos si la querella que los incorpora, como es el caso, "no aporta u ofrece algún indicio de su comisión que pueda ser calificado como accesible y racional".
"En esas condiciones no cabe hablar de un verdadero ejercicio de la acción penal"
"En esas condiciones, no cabe hablar de un verdadero ejercicio de la acción penal, sino de mera remisión al tribunal de una serie de informaciones difundidas públicamente por los medios de comunicación", añaden los magistrados. Asimismo, resaltan que Vox señala que el órgano competente para aprobar la resolución de las solicitudes de ayuda es el consejo rector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por lo que resultaría preciso una primera investigación sobre personas no aforadas ante el Supremo.
Para la Sala, "la legítima confrontación política tiene otros escenarios propios para su realización, sin trasladar a la jurisdicción el control del ejercicio de los actos de gobierno". Por ello, entiende que "es precisa una mayor concreción de la imputación penal y de las bases indiciarias del hecho y de la participación de los querellados antes de acudir a la jurisdicción, realizando una imputación carente de solvencia indiciaria, a salvo de la mera transcripción y reproducción de noticias de prensa".
Este martes se daba a conocer que el Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia de Ciudadanos para analizar el rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte del Fondo SEPI de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas castigadas por la covid-19, informan fuentes del organismo fiscalizador. El Tribunal de Cuentas inicia ahora la investigación sobre este asunto con la apertura de la llamada "pieza de acción pública", por la que dará traslado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que analicen si hay indicios de responsabilidad contable en el rescate de la aerolínea.
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