Un frenazo en toda regla. El Tribunal Supremo ralentiza la concesión definitiva de licencias VTC durante los primeros meses de este año electoral. La Sala de lo Contencioso sólo ha emitido su dictamen sobre cinco peticiones, una cuarta parte de las más de veinte sentencias a las que dieron salida hace justo un año. Ha dado luz verde apenas a 100 autorizaciones para operar en plataformas como Uber o Cabify.
El año 2018 fue el del 'boom'. Sólo entre enero y principios de mayo de ese ejercicio se emitieron más de una veintena de sentencias, que dieron la luz verde definitiva a casi 300 autorizaciones VTC, una parte importante en Madrid, según toda la jurisprudencia consultada por La Información. Es casi el triple de las concedidas en este año.
Hay que recordar que en la mayoría de las ocasiones, las comunidades autónomas -aún sabiendo que había jurisprudencia previa favorable a los que solicitaban los permisos- reclamaban las sentencias de los tribunales superiores de sus territorios. Les quitaban la razón y abrían la puerta a la 'concesión' de las exigidas por particulares y empresas. Y éstas últimas planteaban una ejecución provisional, con lo que su licencia se podía utilizar provisionalmente hasta que el Supremo no se pronunciara de manera definitiva.
El gran aluvión... ya pasó
Esta ralentización tiene que ver con que hoy el grueso de las licencias ya han sido otorgadas. Según los cálculos de diferentes fuentes del mercado, cuando el Supremo abrió la puerta a conceder las licencias pedidas entre 2013 y diciembre de 2015 se estimaba que se sumarían 10.000 permisos más a los 6.200 que ya había activos. Por tanto, se alcanzarían las 16.000. Para llegar a ese techo, habría que sumar algo más de 2.100. Es decir, el grueso del aluvión ya se ha producido y ha hecho saltar por los aires la ratio de uno de estos permisos por cada 30 de taxis.
Mientras el Tribunal Supremo las sigue otorgando de manera definitiva, los grandes tenedores de esos permisos han recibido un particular 'rescate' de Cabify. Rosauro Varo le vendió las 2.000 licencias que controla a través del grupo Vector Ronda Teleport a la compañía española a cambio de acciones (valoradas en unos 30 millones de euros). Por su parte, el exjefe de los taxistas, José Antonio Parrondo, hizo algo similar con unos 500 permisos alojados en la sociedad Prestige and Limousines, que está siendo el brazo ejecutor de la triquiñuela legal de la startup para su regreso a Barcelona.
En este 'impasse', los oportunistas no sólo se han lanzado a por los dueños de permisos en Barcelona, para tratar de adquirirlos a precio de saldo tras el decreto de la Generalitat. También han surgido algunos que buscan completar compras baratas de vehículos adquiridos -otros optaron por el 'leasing' financiero con entidades de crédito- por algunos de estos grupos.
Un año electoral clave
En paralelo, la guerra del taxi vive una calma tensa aun con ese aluvión de licencias sobre la mesa. El sector vela armas a la espera de lo que suceda en las elecciones locales y regionales. Pese a que en Barcelona, Cabify sigue operando bajo la fórmula de una VTC tradicional, las principales asociaciones no han movido ficha.
El próximo 26 de mayo no sólo se dilucida quién gobernará ayuntamientos clave para la regulación del sector como Barcelona, Madrid o Valencia. También saldrán los ejecutivos de comunidades claves, que son las que deben decidir si imponen restricciones a la actividad de las plataformas Uber y Cabify. ¿Qué opinan cada uno de los partidos? El PSOE apuesta por una "convivencia" de ambos sectores; el PP aboga por unas normas que "alienten la libre competencia", y Podemos propone 2 horas de precontratación para las VTC y un plan de recompra de permisos con dinero público.
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