Una década de debate

El TS mete presión a Ribera y la CNMC para que zanjen el caos de competencias

El Alto Tribunal ha pedido que Transición Ecológica y el regulador precisen los límites de sus funciones ante el aumento de responsabilidades, traspasadas desde el ministerio, que ha venido asumiendo el supervisor.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados, Cani Fernández Vicién.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados, Cani Fernández Vicién.
Europa Press

El Tribunal Supremo ha puesto el puntero sobre el desorden de competencias que aún persiste entre el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una cuestión que se remonta una década atrás . En un reciente auto, el Alto Tribunal solicita la aclaración sobre en cuál de las dos instituciones recae la responsabilidad de aprobar la devolución de la cuantía correspondiente a la financiación del bono social eléctrico que soportó la comercializadora de referencia del grupo Iberdrola en los últimos meses de 2016.

El debate concreto se refiere al vacío legal que se produjo entre septiembre y diciembre de dicho ejercicio, después de que el Tribunal Supremo anulase el mecanismo de financiación de esta ayuda a los consumidores vulnerables. El TS tumbó el citado modelo por considerarlo discriminatorio, dado que solo cargaba a las comercializadoras de los grandes grupos  integrados verticalmente el coste de esta subvención, estimado en alrededor de 200 millones anuales, según datos de la CNMC. 

Durante los cuatro meses posteriores a conocerse la sentencia, y hasta que el Gobierno aprobó el siguiente modelo de financiación, las comercializadoras de referencia continuaron asumiendo esta partida, cargando a sus clientes las cuantías pertinentes para financiar el bono social eléctrico. 

Es en el marco de la reclamación que exigió Iberdrola Comercializadora de Último Recurso SAU donde el Tribunal Supremo ha vuelto a poner de el desorden de funciones que aún existe entre el organismo que pilota Cani Fernández y el ministerio energético. Tal y como se deduce del citado auto, esta circunstancia se ha convertido en un obstáculo para la eventual ejecución de dicha devolución

El lío de competencias entre el regulador y el ministerio energético se remonta a la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC, donde se fijó que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (hoy segregado en la cartera de Transición Ecológica) asumiera parte de las funciones de la antigua Comisión Nacional de Energía, (CNE). Entre ellas, la de realizar la liquidación de los costes del sistema eléctrico

La CNMC lleva casi diez años asumiendo de manera transitoria competencias que la ley atribuye al Gobierno

Esa misma ley preveía, no obstante, que la CNMC debería asumir de forma transitoria algunas de las funciones traspasadas por decreto al Gobierno, "hasta el momento en el que el departamento ministerial dispusiese de los medios necesarios para ejercerlas de forma efectiva".  Ha pasado casi una década y, de acuerdo con fuentes del sector, Transición Ecológica sigue sin asumir algunas de las competencias que en su día 'arrebató' al regulador

En su momento, ese traspaso de funciones desembocó en una batalla legal entre la CNMC y el Ejecutivo. El regulador, bajo la presidencia de José María Marín Quemada, llegó a recurrir ante el Supremo este recorte de competencias que, todavía hoy, supone un obstáculo para resolver ciertos procesos judiciales como el antes relatado.

El debate del bono social

El Tribunal Supremo ha tumbado hasta en tres ocasiones el modelo de financiación del bono social. A estas sentencias, los sucesivos gobiernos han respondido ensanchando cada vez más el conjunto de sujetos obligados a arrimar el hombro para subvencionar el recibo de los consumidores vulnerables. El debate se ha mantenido durante más de una década, pues el primer mecanismo, que cargaba exclusivamente en el conjunto de las generadoras eléctricas el coste de esta ayuda, se aprobó en 2009.

Este primer modelo estuvo en vigor hasta 2012, cuando fue anulado en los tribunales por considerarlo contrario al principio de proporcionalidad, por cargar en unos pocos agentes del sector el 'lastre' económico de un servicio público. En 2013, el entonces ministro de Energía, José Manuel Soria, incluyó el bono social en la factura eléctrica y amplió la obligación de financiar la medida a todos los grupos verticalmente integrados, esto es, aquellos que abarcan toda la cadena del negocio energético.

En octubre de 2016, el Tribunal Supremo anuló el segundo modelo, lo que, en 2017, llevó al nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, a fijar esta obligación para todas las comercializadoras (libres y reguladas). A principios de 2022, el TS volvió a fallar en contra de este sistema y obligó al Estado a indemnizar  a las eléctricas por las cantidades asumidas en ese último periodo, cifra que ronda los 800 millones de euros y que beneficiará principalmente a las cuatro grandes - Iberdrola, Endesa, EDP y Repsol- que, por volumen de clientes, soportan más del 90% del peso de la polémica subvención.

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