Primer golpe judicial a las fuertes restricciones a las VTC de Uber y Cabify en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido cautelarmente la precontratación con hasta una hora de antelación los vehículos de ambas plataformas. La decisión llega después de una demanda de una de las asociaciones de VTC tradicionales de Barcelona.
En un auto de 42 páginas y que se ha hecho público este miércoles, la Sala de lo Contencioso del Tribunal ha tumbado de manera cautelar el artículo 11 del reglamento aprobado por la Autoridad Metropolitana, presidida por Colau, que abría la puerta a ampliar el tiempo de espera de precontratación de uno de los vehículos VTC a una hora (frente a los 15 minutos impuestos por el decreto aprobado por el Ejecutivo regional liderado por Quim Torra).
"Es una regulación que se nos ofrece contraria a la libertad de empresa y discriminatoria frente al taxi", apunta el auto. Que va más alla: "Con estas regulaciones, este sector empresarial [el de la VTC] podría colapsar antes de tiempo". El tribunal entiende que la "apariencia de legalidad es de una intensidad suficiente" para dictar esta suspensión temporal.
En el proceso se personaron en contra de esta suspensión la Asociación Nacional del Taxi de Madrid y la Asociación Profesional Élite Taxi. Esta última asociación pide calma al sector y unos días para analizar este auto para analizar las posibles acciones. "Desde Elite rompemos públicamente cualquier relación con esta asociación y los ponemos a la misma altura que cualquier empresa intrusa", apunta. Se trata de Luxuri VTC.
Este reglamento, cuyo artículo 11 queda suspendido al igual que el que regula el registro digital para las VTC, fue un paso más dado por el Gobierno de Colau en el Ayuntamiento para sumar 45 minutos 'extra' a los 15 minutos de espera que exigía el decreto de la Generalitat.
Este pronunciamiento judicial por parte del TSJ de Cataluña no es firme y puede se recurrido por parte del sector del taxi o la AMB en un plazo de cinco días desde este jueves.
Hoy en Barcelona sigue operando Cabify a través de la sociedad Prestige and Limousines, una de las filiales que compró a principios de año por más de 15 millones de euros al Grupo Auro (del exjefe del taxi José Antonio Parrondo). Un 'truco' legal que le ha acarreado varias sanciones y problemas legales con la adminsitración. Uber, por su parte, lleva sin operar desde que entró en vigor el decreto regional.
Segundo golpe en un año
Este es el segundo golpe que asesta a el TSJ catalán a Colau en apenas un año. En julio del año pasado, en otro auto extenso, el tribunal aceptaba la suspensión provisional del reglamento con el que quería frenar el avance de Uber y Cabify.
En ese reglamento se pretendía incluir una segunda licencia por parte de la Autoridad Metropolitana de Barcelona, con el fin de rescatar la ratio de una de estas autorizaciones por cada 30 licencias de taxi. "De la entrada en vigor del reglamento pueden derivarse daños y perjuicios difíciles de restañar aun en la hipótesis de una (lejana) sentencia estimatoria firme", afirmaba.
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