Uber se rascará más el bolsillo para el rescate de Moove Cars, el gigante gestor de licencias VTC. La compañía estadounidense no sólo pondrá sobre la mesa la inversión en capital para hacerse con un 30% de las acciones de la compañía. También aportará una línea de crédito de hasta 230 millones de dólares (algo más de 190 millones de euros al cambio) para financiar deuda antigua contraída por el grupo y para respaldar las operaciones futuras en los próximos ejercicios. La empresa, en la que compartirá accionariado con empresarios como Jaime Castellanos y con el fondo King Street Capital, es su socio clave y alargará el acuerdo comercial durante ocho años.
Moove Cars se encontraba en una situación delicada en lo económico desde finales del año pasado, ante el frenazo de la actividad de transporte por el coronavirus. La banca se mostraba reticente a una refinanciación de la deuda después de meses de negociación. Ante este escenario Uber decidió respaldarla de manera decisiva. La primera parte de este rescate, que fue adelantado por La Información, se centraba en el capital. La estadounidense se hacía con una participación minoritaria del 30% de las acciones totales del grupo -al adquirirlas a socios existentes- por un precio inicial de 5 millones de dólares y un desembolso de hasta 185 millones "dependiendo de la evolución de Moove y de ciertas condiciones", asegura en el informe anual que acaba de presentar ante el regulador bursátil de EEUU (SEC).
La segunda parte de este salvavidas financiero desde Estados Unidos se centra en la deuda y el circulante para respaldar su actividad como gestor de flotas de VTC. Según queda reflejado en el mencionado informe, se ha puesto sobre la mesa un préstamo a plazo de hasta 230 millones de dólares (193 millones de euros al cambio actual). Según explican a La Información fuentes oficiales de la compañía, este préstamo irá destinado concretamente a refinanciar deuda antigua que acumulaba en el pasado y también a las nuevas operaciones del día a día.
No hay cuentas actualizadas de Moove Cars presentadas ante el Registro Mercantil español. En las de Garment Investment, su sociedad cabecera en el país, aseguraba contar con casi 135 millones de euros de deuda con la matriz con sede en Luxemburgo controlada por el fondo King Street Capital, dueño del 70% de sus acciones. La mayor parte de ese dinero tenía por objeto la compra de las diferentes compañías dueñas de licencias VTC -sobre todo la del grupo Ares Capital, en manos de los hermanos Ortigüela, y que controlaba más de 2.000 permisos-.
Además de estos dos pilares del rescate se suma una renovación del acuerdo comercial entre ambas partes para los próximos ocho años. De esta forma, Uber trata de asegurarse la provisión suficiente de vehículos para la actividad de su plataforma y Moove gana oxígeno suficiente tras la pandemia. Hay que tener en cuenta que la gestora de flotas, con sus más de 4.000 licencias y vehículos, trabaja en exclusiva para la estadounidense en España, por lo que está considerada como un proveedor clave. En el último año había visto cómo su actividad se desplomaba en comunidades como Madrid o Andalucía -Uber salió de Cataluña y Valencia por las nuevas regulaciones impuestas- ante los efectos del coronavirus.
Con todo, Moove Cars tendrá ahora tres grandes núcleos de accionistas tras la irrupción de Uber. Por un lado King Street Capital que seguirá ostentando la posición más importante por tamaño. Por otro, los inversores españoles, entre los que se encuentran el presidente de Lazard, José María Castellanos, junto otros como Jon Riberas (Gestamp) y Pedro del Corro y Alberto Gasteiz Castellanos, ambos procedentes de Torreal (el holding de inversión de Juan Abelló). Lo hacen a través de la sociedad de inversión conjunta Mirtosan Spain.
Más interés en las VTC
Esta transacción no ha sido la única que se ha firmado en los dos últimos años en este sector y, probablemente, no será la última. Cabify compró el 60% de Vector Ronda, en manos del empresario Rosauro Varo, por unos 30 millones en acciones. Hizo lo mismo con una de las filiales del Grupo Auro, liderado por el exjefe del taxi, José Antonio Parrondo, que pagó con una compensación de un crédito que le había otorgado precisamente para comprar licencias. Y, según explican varias fuentes del mercado, algunos fondos de capital riesgo ('private equity') sobrevuelan también el sector ante un interés creciente en estos activos en comunidades como Madrid, donde antes de la convocatoria electoral del próximo 4 de mayo se habían iniciado las gestiones para mantener en vida estas autorizaciones pese al llamado 'decreto Ábalos' del Gobierno. Estos pasos regulatorios han quedado ahora en suspenso.
Precisamente esas restricciones a la actividad en España son señaladas por Uber en su informe anual entre los diferentes riesgos para el negocio. El mercado español está calificado por el grupo, junto con el de Argentina, Alemania, Italia, Japón y Corea del Sur, como "mercado de expansión". "Han adoptado regulaciones que prohíben ciertos productos de viajes compartidos o imponen extensas restricciones; esta incertidumbre crea complejidades significativas", apostilla.
Otra guerra del taxi
Mientras se cierra el salvavidas a su mayor proveedor en España, se inicia el enésimo capítulo de la llamada 'guerra del taxi' por su regreso a Barcelona con un servicio de taxis -otro de 'car-sharing' en alianza con la empresa Social Car y una herramienta con toda la información del transporte público de la ciudad-. Echa mano de más de 300 taxistas que utilizarán su aplicación y cobrarán a través del taxímetro -en Madrid, un año después del lanzamiento, más de 2.000 se han dado de alta-. El pasado martes, el Instituto Municipal del Taxi advirtió que no puede trabajar en el área metropolitana sin ofrecer la tarifa de precio cerrado, pese a que la compañía defiende que su servicio de intermediación es "completamente legal".
El aterrizaje ha puesto en guardia al sector del taxi. Algunas asociaciones como Élite Taxi han anunciado movilizaciones. No es el único asunto pendiente en el transporte de la Ciudad Condal. En materia regulatoria, muchos ojos están puestos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues el TSJ de Cataluña ha elevado una cuestión prejudicial en la que le pide que analice si las diferentes restricciones de los reglamentos aprobados en este territorio respetan la legislación comunitaria.
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