Uber saca la chequera para tratar de asegurar el futuro del mayor dueño de licencias VTC en España y su principal proveedor. La compañía tecnológica estadounidense ha adquirido el 30% de las acciones de Moove Cars, el gestor de flotas de coches con conductor invertido por el ‘hedge fund’ King Street Capital y otros socios españoles como el empresario Jaime Castellanos. Esta irrupción la ejecuta con un compromiso de inversión de hasta 185 millones de dólares en los próximos ocho años. Para arrancar, y con el objetivo de dotar de liquidez al grupo tras un año de dura crisis por el coronavirus, le inyecta 5 millones de dólares (algo más de 4 millones de euros). De esta forma, controlará un porcentaje minoritario, con el que la multinacional no persigue entrar en la gestión del día a día.
El estallido de la pandemia global del coronavirus ha impactado de lleno en el negocio de estos grandes gestores de flotas, que han visto cómo la actividad de transporte se ha reducido por las restricciones a la movilidad. Moove Cars, al igual que otros, cuenta con una deuda significativa procedente, principalmente, de la financiación bancaria para el ‘leasing’ de los vehículos. En los últimos meses se ha trabajado en la refinanciación de la deuda con las diferentes entidades de crédito. Pero con este respaldo de Uber, con el que trabaja en exclusiva en España, se asegura un colchón de capital para seguir operando.
En concreto, según ha podido saber La Información, el acuerdo, que se suscribió la pasada semana, se basa en una compra de acciones existentes de los diferentes accionistas del grupo, entre los que están empresarios de renombre en España como Jaime Castellanos o Jon Riberas y el fondo de inversión con sede en Londres King Street Capital. Uber se hace con el 30% de esos títulos. La contraprestación es una inyección inicial de 5 millones de dólares (4,1 millones de euros al cambio actual) para dar liquidez a las operaciones. Y a esto suma un compromiso de hasta 185 millones de dólares en los próximos ocho años, siempre basado en el cumplimiento de diferentes hitos de crecimiento y de evolución del negocio.
Un portavoz de la compañía confirma la transacción y la enmarca dentro de su “compromiso con España”. “Queremos ayudar al sector de la movilidad a recuperarse de la crisis sin precedentes que está atravesando. Moove es un socio importante para Uber, y con esta inversión minoritaria queremos contribuir a que pueda seguir ofreciendo oportunidades laborales a miles de conductores en toda España”, concluye.
Esta es una operación inédita, porque Uber no tiene grandes acuerdos similares en otras plazas importantes de Europa. Pero la configuración del mercado en España, donde una mayoría de las licencias de VTC se ha ido concentrando en las manos de muy pocos gestores tras diferentes compras millonarias, es clave en este sentido. Moove Cars tiene suscrito un acuerdo de exclusividad con la plataforma norteamericana y es su principal proveedor en España de vehículos. Es dueño de más de 4.000 licencias repartidas por todo el país, que son explotadas con viajes solicitados a través de la ‘app’ de la multinacional. Esa relación estrecha se fraguó a finales de 2017. Uber intercedió en la compra de Ares Capital -el gigante de la VTC de los hermanos Ortigüela- por King Street Capital y la unión con la empresa de VTC de Castellanos, Riberas y Del Corro. El fondo ponía sobre la mesa más de 140 millones de euros. Con ese movimiento, la plataforma se aseguraba la provisión de conductores e infraestructura.
Esta llegada al accionariado no implicará, según aseguran fuentes conocedoras, una influencia en la gestión ni ningún cambio en la operativa diaria. El objetivo último es dar estabilidad financiera para seguir contando con esa nutrida flota de vehículos con la que trabajar en mercados como el madrileño o el andaluz. Por tanto, la compañía descarta hacerse con el control de todas esas licencias, ni con vehículos, ni tampoco los chóferes hoy contratados por Moove pasan a las filas de Uber. Además de esta gestora, cuenta con otros proveedores de licencias más pequeños por toda España.
Lo que no se ha desvelado es cómo quedará el accionariado de Moove Cars tras la transacción. Hasta la fecha, el 70% estaba en manos de King Street Capital, con sede en Londres pero cuya matriz que utiliza para este proyecto se encuentra en Luxemburgo. El 30% restante está gestionado por la sociedad de inversión Mirtosan Spain, donde se encontraban los socios minoritarios como Jaime Castellanos, presidente de Lazard; Jon Riberas, presidente de Gonvarri y propietario de Gestamp; Pedro del Corro y Alberto Garteiz Castellanos, ambos procedentes de Torreal (el holding de inversión de Juan Abelló). La inversión inicial de esta última sociedad fue de más de 35 millones de euros en capital. Y el 30% de Moove era valorado en libros en algo más de 19 millones.
Esta operación de Uber no es la única que se ha producido en el mercado en los últimos dos años. En el caso de la estadounidense, se mantiene como socio minoritario y sin influencia en la gestión. En el caso de Cabify, sí que se produjeron compras completas a sus dos socios de referencia, con las que esos activos sí pasaron a su balance. En febrero de 2019, se hizo con el 100% de Prestige and Limousine, una de las filiales de Grupo Auro -dirigido por el exjefe del taxi, José Antonio Parrondo- que controlaba 500 licencias. El pago, de 22,5 millones, se hizo como compensación de un crédito. Y en abril de ese mismo año, compró el 60% de Vector Ronda Teleport -en manos del ahora consejero de Grupo Prisa, Rosauro Varo- por unos 30 millones de euros en acciones de la propia Cabify.
El impacto del coronavirus
El gestor de flotas, ahora invertido por Uber, no tiene cuentas actualizadas en el Registro Mercantil. Las últimas son de 2018 y no reflejan el significativo impacto de la pandemia del coronavirus ni tampoco la salida de Uber de Cataluña y la Comunidad Valenciana en el negocio de la VTC, tras las regulaciones impuestas por los gobiernos regionales que planteaban una serie de restricciones. Durante la primera parte de 2020, ante el parón por la crisis sanitaria, aprobó una serie de expedientes de regulación temporal de empleo para tratar de reducir el golpe y planteó una proceso de refinanciación con el que tratar de ganar oxígeno mientras se recuperaba la actividad. También, a finales del pasado año, ejecutó algunos cambios en el seno del consejo.
En concreto, sacó del máximo órgano de decisión a dos consejeros independientes, el que fuera presidente de Mercedes España, José Luis López-Schummer, y la abogada María Segimón de Manzanos. No fueron los únicos cambios: el secretario no ejecutivo, Cristóbal Cotta Martínez de Azagra (socio de Cuatrecasas), fue sustituido por Ignacio Zarzalejos, que hasta 2019 era abogado de Uría y Menéndez y es experto en operaciones corporativas. Con todo, se mantenía como presidente uno de los jefes de King Street, y el resto de sillones eran ocupados por Manuel María Puga, como consejero delegado; Alfredo Ruiz Plaza, exvicepresidente regional de Hertz que se incorporó para hacer de apoyo a Puga en las labores ejecutivas; Jaime Castellanos, y Pedro del Corro.
