Una refriega con el Ministerio de Hacienda en la recién cerrada negociación de la revisión de las condiciones salariales de los trabajadores de Aena para 2018 ha colmado la paciencia del sindicato UGT, que ha decidido acudir a los tribunales contra lo que entiende como un exceso de celo en el control de las retribuciones del personal de las empresas públicas por parte del departamento que dirige María Jesús Montero y sobre todo contra lo que considera un incumplimiento flagrante de las condiciones establecidas en el Acuerdo para la Mejora de las Condiciones Laborales de los Empleados Públicos.
El punto de conflicto es el rechazo expreso del Ministerio de Hacienda al acuerdo alcanzado por los sindicatos de Aena y Enaire con las empresas públicas para acogerse a la cláusula del acuerdo que permite a los organismos de la Administración, que tengan las cuentas saneadas, estirar del 0,2% al 0,3% el porcentaje de la masa salarial que pueden destinar, como fondos adicionales, a la mejora de los complementos de productividad, la dotación de planes de pensiones u otros objetivos. Según fuentes conocedoras de la negociación, el Ministerio bloqueó el acuerdo y exigió que se aplicara en Aena el mismo 0,2% que se ha aplicado al resto de los trabajadores de la Administración del Estado, con el argumento de que Aena está controlada por el Estado y las cuentas de éste no están ni mucho menos saneadas.
Los sindicatos UGT, CCOO y USO firmaron igualmente el acuerdo de revisión salarial de 2018, que ha sido ratificado hace apenas unos días por la Dirección General de Trabajo, pero UGT ha optado por no quedarse de brazos cruzados y ha decidido llevar la actuación de Hacienda a los Tribunales, bajo la convicción de que la maniobra es arbitraria y conculca lo establecido en el acuerdo firmado en marzo del año pasado.
Según fuentes sindicales, Aena y sindicatos habían alcanzado un acuerdo total para destinar esos fondos adicionales a dotar el plan de pensiones de los empleados de la empresa estatal y para que su cuantía fuera del 0,3%, aprovechando el margen extra sobre la referencia de base del 0,2% que el acuerdo reservaba a los órganos de la Administración que presentaran superávit. La intromisión de Hacienda ha sentado muy mal en los sindicatos, no tanto por el volumen de la pérdida como por el criterio arbitrario que entienden se ha seguido para negar esa subida.
Llueve sobre mojado
De hecho, las fuentes consultadas, subrayan que el preacuerdo se remitió al Ministerio de Fomento y al Ministerio de Hacienda y pasó el filtro de Ábalos pero no el de María Jesús Montero, o, mejor dicho, no el de la Cecir, el órgano controlado por Hacienda que tiene la última palabra en materia de retribuciones en la Administración del Estado. Hacienda decidió aplicar a Aena el mismo criterio con el que frenó el acuerdo salarial en Correos y con el que ha condicionado las negociaciones salariales en todas las empresas públicas en beneficios: las empresas estatales pertenecen al Estado y están bajo las restricciones que se apliquen a la AGE.
Según confirman fuentes del Gobierno y sindicales, Hacienda ha optado por una interpretación restrictiva de la redacción del acuerdo y ha apelado al incumplimiento del objetivo de déficit por parte de la Administración del Estado (cerró 2018 con un déficit del 1,5% cuando el objetivo era un 0,7%) para impedir cualquier alegría salarial en las empresas dependientes del Estado, del mismo modo que ya lo hiciera hace unos meses para desactivar el debate de las 35 horas en la Administración General del Estado.
El Ministerio de Hacienda ha optado por ponerse estricto en la negociación salarial de las empresas públicas. Correos sufrió una huelga en plena campaña navideña por el 'no' propinado por Hacienda al principio de acuerdo salarial alcanzado entre los sindicatos y la Dirección de Correos, que iba más allá de las condiciones establecidas en el acuerdo de Función Pública, y también ha dejado fuera de la mejora salarial a un millar de personal laboral de Puertos del Estado y Patrimonio Nacional.
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