La Abogacía del Estado expresó sus dudas sobre la firmeza del criterio jurídico seguido por el Ministerio de Fomento para exigir a Atlantia la solicitud de autorización previa para poder tramitar su OPA sobre Abertis. El informe realizado por los servicios jurídicos del Estado, al que ha tenido acceso lainformacion.com, recalca, en primer lugar, que no hay disposición alguna en la Ley de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen de Concesión de 1972 - a la que apela Fomento para justificar su requerimiento y cuyo texto se puede consultar aquí -, que establezca una obligación específica de cara al Estado ante un cambio en el accionariado de la empresa concesionaria de una autopista.
El abogado del Estado admite, no obstante, que resulta razonable concluir, como hace Fomento, que de la interpretación del espíritu de la ley se pueda desprender el derecho del Estado a requerir a los nuevos propietarios de una concesión una autorización administrativa previa...para luego añadir "aunque este criterio no es completamente seguro".
El asunto es ya agua pasada, ya que Atlantia accedió el pasado 21 de diciembre a presentar la controvertida solicitud de autorización ante el Ministerio de Fomento contra el criterio de sus asesores jurídicos y de la propia CNMV, que no lo consideraba necesario, y el Ministerio de Fomento ya evacuó el pasado viernes vía Consejo de Ministros la preceptiva autorización para que la opa continúe su curso. Pero el episodio revela el singular interés mostrado por Fomento por hacer pasar a Atlantia por el trámite, a pesar incluso de las dudas expresadas por los juristas del Estado sobre la seguridad jurídica del criterio seguido por el Ministerio.
La exigencia del Gobierno a Atlantia de pedir la autorización a su oferta por parte de los Ministerios de Fomento y Energía, Turismo y Agenda Digital ha llegado a provocar una disputa institucional. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó en octubre el folleto de la opa del grupo italiano sin que ésta contara con el visto bueno de esos dos ministerios. Es cierto que esa opa, a día de hoy, está congelada a la espera de que el organismo apruebe la contraoferta de ACS.
Para el Ejecutivo la autorización era necesaria “dado el control indirecto que se obtenía sobre las concesiones públicas” y reclamó a la CNMV que rectificase su autorización. “Atlantia ha pedido autorizaciones en todos los anteriores países donde opera Abertis, menos la correspondiente al Gobierno de España”, criticaron en diciembre los ministerios encabezados por Íñigo de la Serna y Álvaro Nadal.
Abertis es concesionaria de autopistas de peaje, que dependen de Fomento; y es la principal accionista de Hispasat, cuya regulación depende de Agenda Digital. La CNMV, en cambio, no ha dado su brazo a torcer. A su juicio, la oferta ha seguido correctamente todos los pasos requeridos para lanzar una oferta pública de adquisición.
En cualquier caso, Atlantia asumió que no podía seguir adelante sin el ok del Gobierno y el 21 de diciembre comunicó su petición para dejar claro “su respeto por las instituciones españolas y su mejor disposición a que el proceso de oferta sobre Abertis no se vea ralentizado”. Eso sí, exigió igualdad de trato con ACS, que ha lanzado su oferta a través de su filial alemana Hochtief. Confió en “el buen funcionamiento de las instituciones españolas y en su evaluación neutral, eficiente y objetiva”.
Desde el primer momento, ACS ha seguido la estrategia contraria. “Vamos a pedir todas las autorizaciones que sean necesarias para llevar adelante nuestra oferta, incluido el Gobierno. Tenemos una actitud positiva”, aseguró Marcelino Fernández Verdes, consejero delegado de Hochtief y de ACS, al explicar a finales de octubre los detalles de su oferta, que valora Abertis en 18.580 millones de euros, frente a los 16.500 millones que propone Atlantia.
El otro guiño de ACS para ganarse el beneplácito del Ejecutivo es el mantenimiento de la sede en España; en concreto, en Madrid, porque Abertis es una de las compañías que mudó su sede desde Barcelona tras el referéndum secesionista. “Abertis es una empresa española y continuará siendo española. Va a tener su sede en Madrid”, recalcó Fernández Verdes a los medios, a pesar de que su matriz directa, Hochtief, sea alemana. Atlantia también tiene intención de dejar la sede en Madrid, aunque la capacidad de decisión última estará en las oficinas de su sede en Roma.
A día de hoy, después de que el viernes Fomento diese el visto bueno a Atlantia, las dos opas están en punto muerto, a la espera de que la CNMV revise el folleto de la opa de ACS. Cuando lo apruebe, previsiblemente ya en febrero, las dos ofertas convivirán en el tiempo y podrán subir el precio que proponen por Abertis. Atlantia podría dar el paso el 21 de febrero, cuando tiene convocada junta de accionistas extraordinaria para prorrogar los plazos de la ampliación de capital (de casi 3.800 millones) con la que quiere financiar parte de la opa.
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