Jueves, 26.04.2018 - 15:28 h
Presunto fraude de 10 millones de euros

Un presunto fraude fiscal amenaza con llevar al banquillo a Trinitario Casanova

El juez de instrucción aprecia indicios de delito en el proceder del presidente del Grupo Inversor Baraka que compró el Edificio España al Grupo Wanda

Trinitario Casanova tiene Baraka... se salvó del ko del ladrillo
Trinitario Casanova, presidente del Grupo Baraka. 

Trinitario Casanova, el empresario alicantino que saltó a las portadas tras la sorprendente 'operación puente' que sirvió para transferir la propiedad del emblemático Edifico España del grupo chino Wanda a la cadena hotelera Riu a través de uno de sus grupos de inversión, Baraka, enfrenta ahora un comprometido futuro judicial después de que un Juzgado de Instrucción de Murcia haya acordado la continuación por los trámites de procedimiento abreviado de las diligencias que sigue contra el que fuera  presidente del Grupo Hispania y contra otras 22 encausados por un presunto fraude fiscal superior a los 10 millones de euros.

Esta fase intermedia no implica todavía la imputación de ningún delito pero sí sugiere la existencia de indicios razonables sobre la comisión de alguna irregularidad. De hecho, en esta fase el juez instructor debe determinar, en primer lugar, si prosigue o no con la investigación en busca de nuevas evidencias, y, en segundo lugar, la procedencia o no de la apertura de un juicio oral y la determinación del procedimiento adecuado y de la instancia correspondiente para juzgar el caso, si procediera. 

El auto, que ha sido hecho público este martes, incluye también a una veintena de empresas, entre ellas el Grupo Hispania, como posibles responsables civiles subsidiarios, informa EFE.

La investigación, que fue abierta en 2009 por el juzgado murciano según se recoge en el auto, ha permitido acumular indicios de la posible comisión de varios delitos de defraudación tributaria, delitos contables y delito continuado de falsedad documental.

La investigación judicial fue iniciada a raíz de la denuncia presentada por el fiscal a finales de octubre de dicho año, que, a su vez, se originó en el  expediente que sobre el Grupo Inversor Hispania había incoado la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

El Ministerio Público precisó entonces en su denuncia que las cantidades defraudas en los años 2004 a 2006 en concepto de Impuesto de Sociedades superaba los 18 millones de euros, y por Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), del mismo periodo, se acercaba a los tres millones de euros.

Sin embargo, como se recoge en el auto, esas cuantías fueron reducidas con posterioridad en los nuevos informes emitidos por la AEAT, de tal manera que las sumas presuntamente defraudadas por el Impuesto de Sociedades se fijaban en casi nueve millones de euros, y las correspondientes al IVA, en algo más de 2,5 millones.

Señalaba la Fiscalía que la defraudación, presuntamente, se había cometido con la utilización de facturas falsas, al corresponder a trabajos realmente no realizados. El auto señala que en la mecánica supuestamente defraudatoria se habrían simulado trabajos y movimientos de tierra en fincas ubicadas en las provincias de Alicante, Madrid y Murcia. Además, se habrían celebrado falsas mediaciones o intermediaciones en las ventas de las fincas, "todo ello, para generar gastos empresariales deducibles, pero no reales".

Señala que en esas actividades presuntamente delictivas participaron empresarios que emitirían facturas con cargo al citado grupo inversor que reunían todos los requisitos formales, pero que no responderían a servicios realmente prestados.

Se recoge también en el auto que a la actividad del Grupo Hispania se habrían cargado facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios que reflejaban relaciones comerciales reales, pero que constituían gastos personales del propio Trinitario Casanova.

Entre las personas contra las que se acuerda seguir las actuaciones por el procedimiento abreviado figura el responsable de la contabilidad del grupo empresarial y familiar del propio Casanova, Joaquín Ortuño.

El Juzgado de Instrucción ha dado veinte días de plazo al fiscal y a las demás acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

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