Unicaja Banco ha asegurado que cualquier eventual contingencia que pudiera surgir de Liberbank está cubierta y bajo control, según medios cercanos a la entidad. A pesar de eso, el grupo ha reconocido recientemente en un folleto remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el balance que le ha sido transferido por sucesión universal tras la fusión podría ocultar pasivos u otros elementos problemáticos que hasta ahora no habían podido ser detectados, los cuales es posible que den lugar al afloramiento de costes adicionales.
Toda supuesta incidencia en forma de minusvalía contable estaría recogida ya en la asignación del precio de compra o Purchase Price Allocation (PPA) en inglés, la cual fue aprobada por el supervisor de los mercados y por el Banco Central Europeo (BCE). Los equipos gestores dieron luz verde a la operación tras arduas y profundas negociaciones. Es habitual que en este tipo de procesos existan criterios dispares, si bien en esta ocasión las discrepancias fueron mayores. Incluso unos informes de una parte de los técnicos internos de Unicaja se posicionaban en contra de la consolidación. En cualquier caso, finalmente salió adelante.
Unicaja ha hecho públicos los ajustes que ha tenido que realizar por el momento en relación a la fusión con el banco asturiano. El impacto asciende a cerca de 1.180 millones de euros. El nuevo equipo tuvo que aplicar un saneamiento en Liberbank cuando tomó su control por importe de 994 millones de euros. El banco asturiano transfirió unos fondos propios de 3.125 millones de euros, si bien posteriormente se calculó que en realidad eran de 2.131 millones de euros. Este arreglo en la valoración llegó tras determinar, entre otros asuntos, que el libro de crédito ascendía a una cuantía de 295 millones, los activos inmobiliarios a 200 millones o los intangibles y el fondo de comercio a 159 millones.
Liberbank transfirió unos fondos propios de 3.125 millones, pero el nuevo equipo los corrigió a 2.131 millones
A este ajuste contable se le sumaron otros de menor importe, pero no por ello menos significativos. Se incluye asimismo 39 millones de costes de integración no incluidos en el PPA, repartidos en 17 millones de euros de gastos de adquisición y 22 millones de euros por restructuración de la red de oficinas y de los sistemas tecnológicos. Igualmente, reconoció 143,2 millones de euros en provisiones para anticipar el gasto de prejubilar a 730 empleados de la absorbida previo al 'matrimonio'. No se descarta que en alumbren nuevos impactos, pero en principio cualquier eventualidad está cubierta.
Se da la circunstancia de que semanas antes de recibir todas las autorizaciones necesarias salió a la luz las conclusiones de una inspección rutinaria que el BCE hizo sobre Liberbank en el que se detallaban algunas deficiencias. Poco después intervino la CNMV. La autoridad presidida por Rodrigo Buenaventura obligó al banco absorbido a corregir las cuentas correspondientes al ejercicio 2020 resultado de una mala anotación de comisiones de Caser, restando del beneficio 25,2 millones de euros netos. Esto provocó inmediatamente que las ganancias reportadas el año pasado por importe de 41 millones de euros cayeran a 15,7 millones de euros, un 61,7% menos de lo que presentó.
Aunque por ahora las mismas fuentes trasladan que no hay ningún problema al más alto nivel de gobierno corporativo, está sobre la mesa que en un plazo máximo de dos años el consejo de administración modificará el modelo de gobernanza de Unicaja. El puesto de consejero delegado que actualmente asume Manuel Menéndez deberá ser sometido a examen a mediados de 2023, pues es en ese momento cuando tendrá que asumir funciones que pierde la presidencia. Unicaja debe adaptar la estructura de la cúpula a las exigencias de Fráncfort, que desde hace tiempo establece que la presidencia de los bancos, que en Unicaja ocupa Manuel Azuaga, limite sus funciones ejecutivas.
La fusión con Liberbank se registró el pasado 30 de julio y fue entonces cuando Unicaja emitió 1.075 millones de acciones para el canje por acciones de conformidad con la ecuación de canje. Los nuevos títulos empezaron a cotizar el 2 de agosto. Pocos días después se aprobó la nueva estructura organizativa y se alinearon las políticas y los procedimientos internos. Estaba previsto que pasado el verano llegaría el anuncio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), si bien los sindicatos tuvieron que esperar hasta octubre para conocer que el nuevo grupo se quiere deshacer de 1.531 empleados. El conflicto es tal que los trabajadores ya han salido a la calle y volverán a hacerlo este mismo martes. La migración tecnológica, el paso más delicado de toda fusión, llegará en el segundo trimestre de 2022.
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