Unicaja Banco gana un conflicto contra Hacienda. La Agencia Estatal de Administración Tributaria abrió un expediente en marzo de 2021 para analizar el tratamiento realizado por la entidad en relación al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2017 y 2018 y propuso una regularización que resultaría en dar de baja créditos fiscales diferidos (DTAs, en la jerga financiera) procedentes de bases imponibles negativas de Banco Ceiss -absorbido en 2014- por importe de 68,2 millones de euros. La controversia acaba de resolverse y cerrarse a favor del grupo capitaneado por Manuel Azuaga.
La resolución, en todo caso, no tiene impacto alguno en los últimos estados contables de Unicaja, puesto que estaba convencida de que el tratamiento dado a la transmisión de las bases imponibles negativas de Banco Ceiss en las liquidaciones eran correctas y no procedió a dar de baja estos activos fiscales por impuestos diferidos. La entidad formuló alegaciones ante la Oficina Técnica de la Agencia Tributaria porque entendía que la propuesta no debía prosperar.
El banco preparó su defensa y aseguró que, a juicio de sus administradores y asesores fiscales, el tratamiento dado estaba basado estrictamente en informes con carácter vinculante emitidos por la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el marco de la resolución e integración de Banco Ceiss en el grupo Unicaja. Según explica en su último folleto financiero consultado por este periódico, aplicó el régimen regulado en la Disposición Transitoria número 33 del entonces vigente Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
La cúpula y los asesores fiscales de la entidad demostraron que el tratamiento aplicado estaba basado estrictamente en informes con carácter vinculante de Hacienda
Tras realizar varios análisis específicos internos y otros apoyados en sus asesores externos, la entidad consideró que los "sólidos" argumentos planteados abocaban al fracaso la propuesta de regularización practicada. De hecho, su razonamiento convenció a la Oficina Técnica Tributaria, que acaba de dictar acuerdo de liquidación estimando íntegramente las alegaciones formuladas por Unicaja. De este modo, se ha declarado improcedente el planteamiento de la Inspección actuaria, evitando así tener que dar de baja los 68,2 millones de euros que Hacienda le requería.
Los DTAs son, básicamente, créditos que las entidades tienen ante Hacienda, un derecho generado fundamentalmente por el registro de pérdidas en ejercicios pasados. En definitiva, se trata de un instrumento que merma la recaudación estatal, puesto que permite rebajar el pago del Impuesto sobre Sociedades de cara al futuro. La banca es uno de los sectores que mayor volumen de créditos fiscales acumula en balance y ello provoca que, a medida que se van activando, paguen un porcentaje menor de los impuestos que en realidad le corresponde. El tipo impositivo oficial que asumen es del 30%, frente al 25% que se aplica de forma general en España.
Unicaja tiene en balance 4.739 millones de DTAs, de los que calcula que 2.696 millones son totalmente exigibles frente a la Agencia Tributaria
Por esta razón, para Unicaja resultaba crucial vencer en esta batalla y no perder el derecho de deducirse esta cantidad millonaria. Los datos a cierre de junio de 2022 desvelan que tiene un saldo de 4.739 millones de euros en activos fiscales diferidos, aunque no todos son monetizables. La dirección de la entidad malagueña ha realizado una estimación inicial del importe de los DTAs susceptibles de convertirse en un crédito exigible frente a la Administración Tributaria y que se encuentran, por tanto, garantizados por las autoridades españolas, que asciende a 2.696 millones de euros.
La cúpula de Unicaja prevé que los activos fiscales diferidos registrados puedan activarse en el futuro, a medida que el grupo obtenga ganancias fiscales, tal y como presume que ocurrirá en los próximos ejercicios. Considera que podrá ejecutarlos en los plazos previstos por la normativa fiscal para la compensación de bases imponibles negativas, sobre todo después de tener en cuenta en sus presupuestos el impacto del Covid-19.
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