Nueva jornada caliente en el consejo de Unicaja. El órgano decisorio de la entidad financiera reúne a sus miembros en la mañana de este viernes tras las distintas manifestaciones de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que puso en duda hace unos días el modelo de gobernanza de la entidad. Está previsto que desde el consejo se garantice una respuesta efectiva y formal a los requerimientos del Ministerio de Economía, que ha solicitado al patronato de la Fundación Bancaria de Unicaja evaluar la idoneidad de su presidente, Braulio Medel.
El que fuera presidente de la antigua caja de ahorros malagueña se ha convertido en el 'niño de azotes' como consecuencia del debate político entre el Ejecutivo central y la propia Junta de Andalucía, que también está tomando partida en el proceso. Medel, en su calidad de presidente de la fundación, es el máximo representante del primer accionista de Unicaja. No en vano, la citada institución cuenta con un 30% del capital del banco nacido tras la fusión con Liberbank.
La cita de los consejeros de Unicaja llega a una semana vista de la próxima junta general de accionistas, que tendrá lugar el día 31 de marzo y en la que está prevista la ratificación de los nuevos consejeros del banco tras el pulso interno que han protagonizado el bloque asturiano y el malagueño por las cuotas de representatividad. En las últimas semanas, se ha producido un goteo de salidas en la cúpula de la compañía para poder adecuar el peso entre independientes y dominicales al equilibrio de poder que hay ahora en la entidad combinada.
Ante el ruido generado, el Ministerio de Economía, a través de su Protectorado de las Fundaciones Bancarias, ha remitido una carta al Patronato de Unicaja para que evalúe si su presidente, Braulio Medel, reúne los requisitos suficientes para seguir en el cargo. Ante tal petición, el consejo de este viernes, que estaba convocado desde hace meses con carácter ordinario, tiene previsto abordar la situación planteada con el fin de rechazar cualquier injerencia política, aclarar su posición ante las instituciones públicas y despejar las incógnitas interesadas que se han suscitado acerca del falso traslado de la sede de Unicaja fuera de Málaga.
La propia ministra del ramo, Nadia Calviño, ya se había pronunciado en semanas anteriores, en las que había mostrado su "preocupación" por "la deriva gobernanza" que, en su opinión, estaba viviendo la entidad. Dicho temor, según añadió Calviño, se extendía a los supervisores bancarios, el Banco de España y el Banco Central Europeo. La también vicepresidenta segunda tomaba nota así de algunas de las dimisiones del consejo, como la de Manuel González Cid, que aludía a "estar disconforme con el desarrollo de la gobernanza del banco".
No obstante, en fuentes consultadas por este periódico existe la convicción de que el consejero dimisionario decidió abandonar la entidad para evitar un potencial conflicto de intereses entre Unicaja y la empresa de servicios inmobiliarios Haya Real State. Se da la circunstancia de que González Cid es asesor externo del fondo estadounidense Cerberus, propietario de Haya. Esta empresa tenía un contrato de gestión con Liberbank que fue anulado con motivo de la integración con Unicaja. Es previsible que el servicer plantee un litigio ahora contra el banco fusionado, lo que situaba en una delicada posición profesional al citado exconsejero de la entidad.
La intervención de la Junta de Andalucía
En relación a las supuestas injerencias políticas hay que añadir también que las palabras de Calviño fueron contestadas por la propia Junta de Andalucía, a través de su presidente, Juanma Moreno, quien anunció no saber a qué estaba "esperando la ministra para tomar una decisión" al respecto. El Ejecutivo autonómico, a través del consejero de administración pública e Interior, Elías Bendodo, tenía encarrilado con el PSOE un pacto para reestructurar el patronato de la Fundación pero las tensiones entre ambas fuerzas políticas han impedido, a fecha de hoy, cerrar un acuerdo.
Las mismas voces inciden en que la petición del Protectorado de las Fundaciones Bancarias de fiscalizar a Medel choca precisamente con el espíritu de la ley que dio a luz a las fundaciones bancarias tras la crisis económica de 2008, que abogan por despolitizar estos órganos. También se preguntan si lo que busca Calviño con esta medida es definir las peticiones ejecutivas de la cúpula del nuevo banco, a imagen y semejanza de otras entidades como Caixabank, donde el Estado participa a través del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Un ERE de 370 millones
Otro aspecto que también ha motivado las suspicacias sobre la gestión de Unicaja es el relativo al ERE llevado a cabo para aprovechar las sinergias de la fusión. La entidad ha gestionado un acuerdo con los sindicatos que se considera "demasiado generoso" al punto que algunos altos directivos han decidido aprovechar la ocasión para solicitar su jubilación anticipada. No en vano, la inversión derivada de los costes de reestructuración asciende a casi 370 millones, con un plazo de recuperación previsto de 3,7 años. Cabe recordar que el ERE estaba previsto para un excedente laboral de 1.513 puestos de trabajo, pero finalmente el número de solicitudes se ha elevado hasta los 2.085.
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