Badajoz está ante una disyuntiva que no es ajena al resto del territorio nacional: 19 urbanizaciones fuera del núcleo urbano en una situación compleja. No son ilegales, pero tampoco legales. Pagan IBI pero no tienen servicios públicos de alcantarillado ni luz y sobre alguna de ellas pende una orden de demolición. Una consecuencia de la crisis económica de 2008, donde se impuso el "todo vale" en el sector de la construcción y muchos trasladaron su residencia habitual a pequeñas casas de campo a las afueras de las ciudades. La laxitud de las leyes del suelo de las Comunidades Autónomas hizo que no pocas promotoras construyeran viviendas en estas zonas que hoy siguen en un limbo jurídico. Ahora, Badajoz quiere encontrar solución a este problema, aunque implique una maraña administrativa. Pero vayamos por partes.
Extemadura estrenó el pasado 27 de junio una nueva legislación urbanística, en la que el artículo 71 regula los asentamientos en suelo rústico. Técnicamente, esas 19 urbanizaciones son los núcleos urbanos secundarios (NUS), de los que solo dos están regularizados. Son Cerro Gordo (que se tramitó por un PIR) y el Golf Guadiana (que salió adelante con la Ley de Oferta Turística Complementaria). El resto se encuentran en una situación irregular.
Se trata de 2.000 viviendas afectadas en las urbanizaciones Cerros Verdes, Dehesilla de Calamón, Campomanes, Bótoa, Calatraveja, Río Caya, Colonia Base Aérea, Tres Arroyos, El Caballo, Campofrío, El Manantío, Carretera de Valverde, Los Pinares, El Plantío, Corazón de Jesús, Carretera de Sevilla, El Mercadillo, La Corchuela y Dehesa de la Corchuela. Estas urbanizaciones nacieron con la Ley del Suelo de 1976 y una regularización de 1978, que permitían la construcción aislada de edificaciones que no terminaran en núcleos fijos de población.
En los años 80 dichas construcciones aisladas terminaron formando parte de urbanizaciones. Desde entonces, su lucha se centra en realizar un plan especial para suelo urbanizable no consolidado ¿A qué posible solución se ha llegado? Para poder acogerse a este nuevo artículo 71 que les ampare legalmente hay que cambiar el suelo urbano a rústico en primer lugar y crear planes especiales de asentamiento para suelo rústico, algo más sencillo que hacerlo para urbanos no consolidados. Desclasificar el suelo afectado y pasarlo de urbano a rústico es un trámite complejo y tedioso, pero es la única opción que permitiría la viabilidad de estas urbanizaciones.
Cómo afectará esto a sus recibos de IBI o si tienen que pagar un porcentaje de su valor catastral al Ayuntamiento de Badajoz es algo que deberá estudiarse cuando se publique el reglamento que desarrolle la ley, para conocer las puntualizaciones precisas. Pero, de momento, la lupa está sobre los pasos que está dando Badajoz, que podrían servir de faro para el resto del territorio.
Las 300.000 casas alegales de Andalucía
La posible solución se observa con interés desde Andalucía, que tiene la friolera de 300.000 viviendas alegales, el cupo más abultado de España. En esta Comunidad, gobernada por el Partido Popular, ya se ha advertido que no habrá una amnistía general y que algunas de estas casas serán derribadas. Es el caso de casi 15.000 viviendas 'nacidas' con irregularidades urbanísticas durante la era Gil en Marbella, que están esperando un nuevo plan de reordenación urbana que les saque del limbo jurídico. Un plan que debería estar listo en 2020, que mantiene en vilo a los inversores y promotores de la zona y que ha hecho que la 'milla de oro' marbellí se extienda a las localidades vecinas de Estepona y Benahavís.
Con la operación que ha puesto en marcha Fomento se busca, de partida, ampliar el número de viviendas irregulares que pueden acceder a servicios básicos. Una puerta para acceder al registro de la propiedad, los servicios básicos de abastecimiento y depuración de agua y suministro eléctrico, además de que se permitirá “un régimen de obras acorde a la situación” del inmueble. Hay que recordar que, como en el caso de Badajoz, muchas de estas viviendas pagan contribución urbana y no reciben servicios de los consistorios correspondientes.
La sobrepoblada localidad de Mijas (80.630 habitantes) tampoco es ajena a este problema. Tiene un buen puñado de asentamientos diseminados rurales como la zona de Valtocado. En este municipio hay entre 7.500 y 8.000 viviendas alegales y, lo que es más preocupante para los vecinos, 3.000 expedientes de demolición abiertos. El nuevo Gobierno andaluz va a comenzar los trámites para aprobar una nueva ley urbanística que sustituya a la de 2002 pero, mientras tanto, aprobará esta instrucción para regularizar las viviendas. El proceso anterior fue el de 2015 y se calculó que debía regularizar unas 20.000 viviendas.
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