Los usuarios han pagado en diez años 30.167 millones de sobrecostes en el recibo de la luz. Ese dinero, destinado a financiar el desarrollo de las energías renovables, se ha cargado sobre los consumidores de electricidad de forma indebida, según sostiene un informe elaborado por la Fundación Renovables. El documento defiende el polémico Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) aprobado por el Gobierno para limpiar en cinco años el recibo de la luz y repartir costes entre todas las empresas energéticas y no sólo las eléctricas. Asimismo, propone que el petróleo y el gas aporten hasta un 75% de la financiación renovable y acelerar la reforma a dos años en lugar de los cinco propuestos en el proyecto gubernamental.
El anteproyecto de ley enviado por el Gobierno a las Cortes para sacar del recibo los cargos con los que se financian las renovables, la cogeneración y el reciclaje de residuos ha levantado una enorme polvareda y fuertes críticas por parte de las compañías afectadas, especialmente las dedicadas al negocio de hidrocarburos, petroleras y gasistas. El anteproyecto propone que las petroleras aporten el 43,7% del fondo, las compañías de gas el 24,8% y las eléctricas el 31,5% restante. La Fundación Renovables va más allá. Defiende una estructura de cobertura del FNSSE "en consonancia con los pesos en la cobertura final de energía, siendo un 57% para el petróleo, un 25% para la electricidad y un 18% para el gas natural".
La reforma y la creación del nuevo fondo tendrá consecuencias importantes para los consumidores de electricidad, especialmente los domésticos y también para las empresas. Para los hogares, según el ministerio, la eliminación de cargos en el recibo supondrá una rebaja estimada del 13%. Para las empresas energéticas, la contribución al nuevo instrumento que gestionará el IDAE, obligará a reconsiderar sus políticas comerciales para decidir si repercuten o no la carga sobre el consumidor final. El documento de la Fundación da por hecho que los costes van a acabar siendo repercutidos al consumidor. Con un añadido:el Fondo va a tardar cinco años en recaudarse, lo que significa que de 2021 a 2024 el consumidor eléctrico seguirá asumiendo costes que, según el propio FNSSE, no le corresponden.
Reparto de costes
El debate sobre el FNSSE y el reparto de costes, además de soliviantar a petroleras y gasistas, coincide en el tiempo con las reformas previstas en la factura eléctrica y la revisión del impuesto a la generación eléctrica (7%) por el Tribunal de Justicia Europeo. El nuevo recibo de la luz debería aplicarse a partir del 1 de abril, pero las empresas eléctricas han solicitado aplazarlo hasta el verano. El nuevo sistema de facturación extiende a todos los clientes la discriminación horaria para aprovechar más las horas punta, llano y valle y contempla la posibilidad de contratar varias potencias.
La cuestión que afecta al impuesto del 7% a la generación eléctrica (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, IVPEE) es más delicada. El impuesto lo aprobó el Gobierno del PP en 2012, cuando dirigía el área de energía el ministro José Manuel Soria. Su fin era tapar el inmenso agujero generado en el sistema eléctrico desde finales de los 90. En 2019, a raíz de una demanda empresarial, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana elevó la cuestión al Tribunal de Justicia Europeo, cuyo pronunciamiento está previsto para el mes próximo. Están en juego más de 15.000 millones, una cantidad que puede conmocionar de nuevo el sistema.
Lo cierto es que desde que se aprobó la ley 54/1997 que liberalizó el sector eléctrico han pasado 24 años y todo está en revisión. Aquella norma, impulsada desde la Unión Europea (UE), tenía como objetivos disminuir los costes de energía eléctrica para todos los usuarios al aumentar la competencia, asegurar el suministro y potenciar las energías renovables. Dos décadas después, la tarea sigue pendiente. La energía eléctrica sigue siendo cara y, según el último estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) "una amplia mayoría de los hogares españoles todavía no saben en qué mercado tienen contratado su suministro de luz (63%)".
Fiscalidad verde
Más allá de la creación del fondo de sostenibilidad, los expertos de la Fundación Renovables reclaman una política fiscal "activa y verde". En el documento sobre el FNSEE, recuerdan que todos los intentos del Ministerio de Transición Ecológica para introducir criterios fiscales en materia han fracasado. Sucedió en la negociación de los Presupuestos Generales del estado, en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y también en la marcha atrás para limitar la matriculación de vehículos diésel.
La aprobación del fondo, en un proceso plagado de tensión y de presiones, es incierta. La patronal gasista Sedigás ha advertido de que incrementará los costes energéticos de la industria hasta un 25% y la factura de calefacción de los hogares en un 10%. La asociación, en la que se integran empresas transportistas, distribuidoras y comercializadoras de gas, calcula que la propuesta del nuevo fondos supondrá que los consumidores de todos los sectores energéticos tendrán que aportar en torno a 6 euros MWh de media para cubrir los nuevos costes que repercutirán las empresas a todos los clientes. El debate está en todo lo alto.
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