El Ministerio de Trabajo ha decidido recurrir a los oficios de una consultora externa para "revisar" la cuantía definitiva a reclamar a la CEOE por las incidencias e irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión de los fondos para la formación correspondientes al plan de 2010, que ya había dado lugar en 2018 a una resolución firme por parte del propio Ministerio por la que se reclamaba el reintegro en las arcas públicas de una cuantía de 12,9 millones de euros, según admitía la propia organización empresarial en sus cuentas anuales de 2017.
Trabajo entiende ahora que es procedente revisar el monto total de ese reintegro solicitado en su día y ha sacado un contrato de encomienda de gestión para que un informe técnico elaborado por una firma privada concluya si determinados gastos que en su día el Tribunal de Cuentas consideró injustificados "son acordes o no a la situación de mercado de aquel momento" y podrían estar en realidad justificados, según explican fuentes del departamento que dirige Magdalena Valerio.
La decisión del Ministerio de replantear el proceso se produce meses después de que el pasado 15 de febrero de 2018 el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) remitiera a CEOE una resolución de reintegro por una cuantía de 5,087 millones de euros y de que la organización empresarial recurriera dicha resolución en alzada, según explica la organización empresarial en su información contable. Esa cuantía solo supone una parte de lo que el Tribunal de Cuentas entiende que la organización empresarial debe reintegrar a las arcas públicas, cuyo montante total rondaría los 13 millones de euros, ya que además de esos poco más de cinco millones correspondientes a cursos impartidos por Cepyme hay cerca de ocho millones más de otros gestionados por CEOE.
Fuentes de CEOE explican que ante la discrepancia en torno a la cuantía real a reintegrar entre lo que planteó el Tribunal de Cuentas y asumió el Ministerio, y lo que la organización empresarial entiende que puede no estar suficientemente justificado, ambas partes han acordado "solicitar una especie de justiprecio" para resolver el asunto de forma definitiva y que la cuestión no acabe dirimiéndose en los tribunales de justicia.
Cientos de miles de euros en gastos sin justificar
El informe de fiscalización realizado en su día por el Tribunal de Cuentas instaba a la Dirección del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) -de quien depende la distribución de esos fondos para formación- a reintegrar a las arcas públicas un importe total de 12,9 millones de euros que habían sido transferidos a las organizaciones empresariales para la realización de diferentes iniciativas formativas y cuya aplicación efectiva entendía que no había sido suficientemente acreditada por éstas.
El órgano al que corresponde la fiscalización del correcto uso de las cuentas públicas denunció una gestión financiera deficiente de los fondos recibidos, la contratación de servicios a través de fórmulas contrarias a la Ley de Subvenciones -tanto por el abuso de la contratación directa como por el exceso de subcontrataciones- y la aplicación de créditos a cursos de formación internos de las organizaciones empresariales, entre otras situaciones irregulares. En conjunto, la fiscalización del Tribunal de Cuentas se encontró con 5,087 millones de euros insuficientemente justificados por parte de CEOE y otros 7,885 millones en programas de formación gestionados por Cepyme.
El informe desembocó en la apertura de un procedimiento de reintegro de subvención por parte del Servicio Público de Empleo Estatal por la cuantía estimada por el Tribunal de Cuentas y solo unos meses después, en febrero de 2018, CEOE recibió una resolución de reintegro por parte del mismo organismo por el que se le exigía el pago de esos 5,087 millones de euros, una resolución que la organización empresarial decidió recurrir en alzada en primera instancia y manifestó su intención de acudir al contencioso-administrativo si fuera necesario.
Un golpe a las cuentas de la CEOE
El proceso ha sido una suerte de calvario para la principal organización empresarial del país. CEOE se vio obligada a asumir los 7,885 millones de euros que se reclamaban a Cepyme para evitar su quiebra, lo que le obligó a exprimir la caja del Instituto Superior de Estudios Empresariales -propiedad al 100% de CEOE- para conseguir los 12,32 millones que necesitaba para cubrir el riesgo de 12,97 millones generado por las actuaciones del SEPE al calor de la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
La operación contable llevó las cuentas de CEOE a los números rojos en 2017 tras registrar una provisión de 12,972 millones de euros "correspondiente a probables devoluciones de subvenciones relacionadas con Planes de Formación". El replanteamiento del expediente y la revisión de los gastos presuntamente no justificados por la organización empresarial abren ahora un nuevo horizonte para CEOE y la posibilidad de lograr un alivio para sus cuentas.
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