El Grupo de Inversores Mexicanos (MIG, por sus siglas en inglés) que lidera el empresario Antonio de Valle centra en la ONU su ofensiva legal contra España para reclamar los 470 millones de euros que perdieron con la caída de Banco Popular hace ya dos años. En un comunicado, los inversores aztecas, han informado que unifican bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) los dos arbitrajes internacionales iniciados en agosto del año pasado.
De este modo, el arbitraje ante el CNDUMI, con sede en La Haya (Holanda) será el único procedimiento arbitral que continúe su curso, ahora con la totalidad del Grupo de Inversores Mexicanos, entre los que también se encuentra la segunda fortuna del país azteca, German Larrea, en un mismo arbitraje. De este modo, Antonio del Valle y el resto de inversores abandona la vía del Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial.
El tribunal encargado de resolver la disputa estará conformado por la profesora Gabrielle Kaufmann-Kohler, en calidad de presidenta, el profesor William Park y el Alexis Mourre. La disputa se resolverá conforme al Tratado Bilateral de Inversión entre México y España y el Reglamento de Arbitraje de las Naciones Unidas.
Convenio de Gobierno, CNMV, BdE y Frob
La semana pasada, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Empresa, suscribió un convenio con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Fondo de Reeestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para defender sus intereses en los procedimientos arbitrales internacionales impulsados por el grupo empresarios (44 particulares y 10 sociedades) que lidera Del Valle como afectados por la resolución de Banco Popular.
El grupo inversor mexicano presentó en agosto del año pasado dos solicitudes de arbitraje internacional contra España, al considerar que la resolución de Banco Popular y posterior venta de la entidad a Banco Santander al precio de un euro incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006).
Diez meses después de que se presentara la solicitud de arbitraje, España firmó este convenio con el "fin de facilitar la función de representación y defensa del Reino de España en los arbitrajes". Los inversores mexicanos denuncian que la forma en la que se resolvió la entidad resultó en "la destrucción completa" de sus inversiones y culpa al anterior Gobierno de Mariano Rajoy de causar la resolución por "múltiples actos y omisiones antes, durante y después".
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