La inseguridad en Venezuela ha vuelto a pasar factura a Repsol. No sólo por el impacto en los resultados de 2017 de sus operaciones en el país, que cifra en 695 millones de euros, también porque sus contratos con la compañía estatal Petróleos de Venezuela están bajo revisión, según indica en el informe anual del último ejercicio.
Repsol explica que, a finales de año, el 6 de diciembre, "una Resolución del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería" estableció "un régimen de revisión y validación de todos los contratos nacionales e internacionales suscritos y los que estén por suscribirse, por parte de PDVSA, sus filiales y las empresas mixtas donde PDVSA mantenga acciones". Repsol controla el 40% del capital de Petroquiriquire, mientras que el 60% restante está en manos de la petrolera estatal.
Un análisis que se prolongó a lo largo de 30 días por parte "de la presidencia de PDVSA" con el objetivo de comprobar que "se hayan cumplido con los requisitos legales, financieros, presupuestarios y técnicos correspondientes, que permitan considerar y formar opinión sobre su existencia, validez y conveniencia para PDVSA". Un proceso del que aún no hay resultados, porque Repsol indica que, a fecha de realización de su informe anual "no ha recibido ninguna notificación al respecto en los contratos que afectan a las inversiones" en el país.
No fue el único cambio legal del Gobierno de Nicolás Maduro en la recta final de 2017. También en diciembre, publicó la "Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva" que "establece principios, políticas y procedimientos que regulan las inversiones productivas de bienes y servicios". Repsol también matiza que, en el momento de formular sus cuentas, no conocía su impacto, porque estaba pendiente de publicación la legislación especial que regulará las inversiones extranjeras en sectores claves para la economía venezolana, como los hidrocarburos.
Deterioro de activos
A la espera de saber en qué medida le van a afectar estos cambios legislativos, Repsol detalla en sus últimas cuentas cómo le ha ido en Venezuela. Desglosa, por ejemplo, que la situación política le ha llevado a evaluar la recuperabilidad de sus inversiones, así como el riesgo de créditos de las cuentas a cobrar a PDVSA.
Un análisis por el que ha registrado "deterioros de valor de sus activos venezolanos por importe de 716 millones de euros". De ellos, 627 millones corresponden al deterioro de las sociedades participadas, 66 millones a activos intangible; y 23 millones más a deterioro de activos financieros. Esa suma es la que justifica el impacto de 695 millones de euros por Venezuela. Cifra que no ha sido impedimento para que Repsol lograse en 2017 su beneficio más alto en seis años.
Esta provisión ha tenido el efecto rebote de rebajar el riesgo de su exposición al país. Su exposición patrimonial al Estado encabezado por Maduro se sitúa en 1.480 millones de euros. Cifra que incluye fundamentalmente, explica, la financiación en dólares otorgada a sus filiales. Además de Petroquiriquire, Repsol participa en Cardón IV, sociedad de la que comparte el accionariado con ENI. Hace un año, esa exposición patrimonial ascendía a 2.273 millones de euros.
En cuanto a la situación económica, Repsol destaca la recesión económica (su PIB se ha reducido un 14,7% durante 2017), la inflación (que el FMI cifra en el 2.399% durante ese ejercicio y estima en el 9.196% para 2018); y la carencia de abastecimiento de productos básicos; además de la reducción de la producción petrolera en los últimos años.
Políticamente, la petrolera presidida por Antonio Brufau señala la inestabilidad, la instauración de la Asamblea Constituyente, las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril o las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, la compañía española sigue confiando en Venezuela, según señaló su presidente en la conferencia con analistas, dadas las relevantes reservas petroleras y el potencial de estas. Eso sí, aplicando siempre el criterio de máxima prudencia financiera.
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