Hecha la ley... y llegan las primeras 'triquiñuelas' para esquivar las restricciones y aprovechar sus agujeros. El Gobierno se ha reservado la capacidad de veto de muchas de las inversiones que provengan de fondos y empresas de fuera de la Unión Europea. Lo hace ante el riesgo de OPA a empresas cotizadas o adquisiciones a precio de saldo aprovechando el desplome de las valoraciones por la crisis del coronavirus. ¿Consecuencia? Bufetes de abogados y gestoras ya analizan las alternativas para no tener que pasar por el filtro del Ejecutivo. Una de ellas podría salvar una parte de las operaciones: vender los activos y no las acciones de la sociedad.
Las alarmas en el Gobierno saltaron en las primeras dos semanas de marzo. El desplome histórico en las bolsas hundió las capitalizaciones de numerosas compañías cotizadas en el Ibex, algunas de ellas sistémicas. En este contexto, fue cuando se aprobó el pasado 17 de marzo el primer decreto de medidas económicas. En él se incluía un 'escudo anti OPA' para compañías de sectores estratégicos. Justo dos semanas después, se dio luz verde a un nuevo texto que modificaba el primero y daba la puntilla: se eliminaba el periodo de vigencia vinculado al estado de alarma. Es decir, mantenía esa obligación de pasar el filtro del Ejecutivo 'sine die'. Además se eximía a las operaciones de menos de un millón de euros de esa 'luz verde' y se excluía expresamente a las estructuras societarias con sede en UE pero con el dueño último radicado en Estados Unidos o Asia.
Al no limitarlo a empresas cotizadas, esta medida impacta 'de facto' sobre cualquier sociedad que venda al menos el 10% de sus acciones a fondos de fuera de la UE. Se trata, por ejemplo, de ventas a gestoras de capital riesgo o a socios industriales o a rondas de financiación significativas de compañías. Por señalar algunos casos, podría haber afectado a la última ampliación de capital de 150 millones de euros en Glovo (dedicada al transporte y que ni el mayor confinamiento de la historia reciente de España ha suspendido su actividad) con la participación de Mubadala, de Abu Dabi, y otras muchas inversiones de vehículos de 'private equity'.
En este contexto, hay varias operaciones de venta de compañías que ya están sobre la mesa de algunos fondos de inversión españoles y bufetes de abogados. Y, según han explicado hasta cuatro de ellos a La Información en los últimos días, se está analizando una alternativa para esquivar esa autorización del Ejecutivo. Se trata de la venta de los activos de la empresa y no de las acciones. El decreto dice expresamente que se refiere a inversiones como consecuencia de las cuales el inversor "pase a ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social o cuando como consecuencia de la operación societaria, se participe de forma efectiva en la gestión o el control de dicha sociedad". Esta modalidad tiene también sus inconvenientes, pero los compradores lo prefieren para evitar la inseguridad jurídica de la autorización pública y el posible retraso.
Este es sólo el principio pero las fuentes consultadas por La Información insisten en que se darán más operaciones. La razón: habrá adquisiciones y fusiones en esta tormenta económica que tendrán el único objetivo de sostener proyectos y equipos en problemas. Los fondos de capital riesgo consultados aseguran que puede ser un freno importante para el movimiento del sector. En el caso de la gestora española Kibo Ventures, su socio fundador, Aquilino Peña, lamentó esta semana que para el capital riesgo dedicado a startups es "terrible".
Las ventas de la totalidad de los activos de una compañía no son las únicas afectadas. También deberían pasar por el filtro del Gobierno las rondas llevadas a cabo por compañías españolas en las que fondos americanos o asiáticos se queden con al menos un 10% de la compañía por más de 1 millones de euros. Es cierto que una parte significativa de las operaciones son firmadas por vehículos europeos, pero hay muchos ejemplos que se verían impactados, como la ampliación de 44 millones de euros del japonés Softbank en la firma de Martín Varsavsky Goggo Network (transporte) o la de 34 millones de euros en Red Points (tratamiento de datos y lucha contra la piratería en internet) por la estadounidense Summit Partners. Inversores como el propio Aquilino Peña advierten de que habrá muchas compañías que decidan instalar su sede en Delaware (EEUU) para evitar estos problemas. No sería ninguna novedad, pues ya hay varias startups españolas con sede en el estado norteamericano con una fiscalidad y legislación muy favorables -que lo convierten casi en un paraíso 'de facto'- como Carto o la propia Cabify.
¿A qué sectores afecta?
No todos los sectores se van a ver afectados. Pero, ¿cuáles son esos ámbitos estratégicos? El grupo es extenso: empresas encargadas de gestionar infraestructuras críticas para el funcionamiento del Estado (energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera), compañías de tecnologías críticas y productos de doble uso (ciberseguridad, tecnologías de la defensa...), sectores con acceso a información sensible y datos personales; y, finalmente, empresas de medios de comunicación.
Enmarcadas en estos sectores, las operaciones que ya estuvieran en curso y las que se sitúan entre 1 y 5 millones de euros tendrán un procedimiento transitorio para tratar de agilizarlas al máximo, según queda reflejado en el decreto ley. Un procedimiento que implicaría la presentación de una solicitud al titular de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, que las resolverá previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores, aplicando de oficio "la tramitación simplificada". ¿Plazos? No se establecen ni máximos ni mínimos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios