Victoria... aunque a medias. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto con el que busca limitar a las licencias de vehículo con conductor (VTC). Estos límites a la actividad tendrán un periodo de gracia de 4 años. Los dueños de esas autorizaciones sólo podrán hacer servicios interurbanos a partir de ese periodo. Esta cuenta atrás se inicia desde ahora para las VTC ya concedidas y a partir de la sentencia firme del Tribunal Supremo para las que aún están reclamadas judicialmente.
¿Cómo es la configuración? A partir de estos cuatro años, los dueños de las licencias estatales VTC sólo podrán operar en trayectos interurbanos y no urbanos. De facto, es 'eliminar' sus servicios, pues el 99% de los mismos se dan dentro de las ciudades. El siguiente paso: estos operadores del sector deberán solicitar la correspondiente autorización a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, a los que habilita este Real Decreto.
Las comunidades autónomas también están habilitadas con este decreto a modificar las condiciones vinculadas a la prestación de su servicio, como la precontratación, la solicitud de los servicios, los recorridos mínimos y máximos o las especificaciones técnicas de los vehículos que se utilizan.
¿Por qué el periodo de gracia es de cuatro años? Básicamente, es la estimación que ha llevado a cabo el Gobierno, en base a los informes solicitados a la Abogacía del Estado, para evitar la responsabilidad patrimonial de la administración.
"Con este tiempo, estamos amortizando esa inversión", explican fuentes del Ministerio de Fomento. Por tanto, de esta forma se cubren las espaldas y esquivan las indemnizaciones económicas que en teoría reclamarían los dueños de las licencias (las estimaciones del sector se elevaban a 3.700 millones de euros). "Es un incentivo para que las comunidades asuman las competencias", explican las mismas fuentes.
¿Y qué sucede en caso de que la comunidad no acepte esta habilitación de las competencias? Las licencias VTC de ese territorio sólo podrán cubrir los trayectos interurbanos y no urbanos.
¿Cómo calcula la indemnización?
Los dueños de licencias VTC podrán reclamar una indemnización complementaria, si entienden que el periodo de gracia de cuatro años no compensan el valor de la autorización y de la inversión. Deberá formular su solicitud en los primeros tres meses de la entrada en vigor del decreto, "debiendo justificar que el periodo de recuperación de la inversión es superior a cuatro años". En caso de que se reconociera este 'extra', la ampliación de la habilitación temporal para operar con normalidad en las ciudades no podrá ser superior a dos años, contados a partir de la finalización del plazo de cuatro.
¿Qué criterios sigue el Estado para medir esa indemnización? Los flujos de caja por actividades de inversión contemplarán "únicamente los gastos originados por la adquisición del vehículo y, en su caso, de la autorización".
Los Ayuntamientos también podrán regular
Además, estas licencias VTC deberán someterse a la normativa de los ayuntamientos desde la aprobación de este Real Decreto, que van desde la gestión del tráfico diario, la lucha por la contaminación, los horarios de servicio o la utilización del dominio público viario. Las administraciones locales podrán, por tanto, igualar las 'reglas' a las del taxi: en horarios de servicios, calendario, restricciones a la circulación o estacionamiento. No queda claro que puedan introducir también límites en el lado de las tarifas, como sí hacen con el taxi.
A partir de ahora, este decreto deberá convalidarse en el Congreso de los Diputados. Desde el Gobierno ha llevado a cabo contactos con los diferentes grupos políticos para su aprobación. Queda por ver si finalmente fructifican y logra la 'luz verde' definitiva.
"Un tipo de transporte que no depende del Estado"
José Luis Ábalos, ministro de Fomento, ha traspasado la responsabilidad de regular las VTC a las Comunidades Autónomas ya que "se trata de un tipo de transporte que no depende de la Administración Central" y también ha recordado que los ayuntamientos de las grandes ciudades toman decisiones acerca de la regulación del tráfico.
La ciudadanía también compartirá dicha 'responsabilidad' ya que "será el propio mercado, a través de la ciudadanía, el que decida que transporte usará". Aun así, "ambos servicios deben coexistir", ha señalado el ministro de Fomento durante su comparecencia.
Ábalos da por hecho que habrá recursos jurídicos "por parte de todos" al nuevo real decreto ley que regula la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC), pero ha asegurado que "está muy bien apoyado desde la Abogacía General de Estado".
"Es evidente que habrá recursos por parte de todos" y "todos se van a quejar", ha dicho el ministro, quien insiste en que este decreto "evita cualquier aspiración especulativa".
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