El registro por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de su sede en Sevilla es el último de una cadena de reveses para Abengoa. La de la multinacional de las infraestructuras, energía y agua ha sido, de hecho, la crónica de una muerte anunciada desde 2015-2016. Entonces esquivó por poco el concurso de acreedores, pero sus problemas fueron en aumento y derivaron en su caída el pasado mes de febrero.
El origen de todo está en su modelo de negocio, al tratarse de una compañía con un fuerte apalancamiento (muy endeudada) que se había embarcado en proyectos con mucho riesgo como los de la termosolar y con escaso margen. Los errores en las inversiones se tradujeron en que cuando la compañía andaluza, que por entonces valía 3.000 millones de euros en bolsa, salió al mercado para ampliar capital no lo consiguió y el recelo del mercado no hizo sino aumentar.
Esa fase entre 2015 y el verano de 2020 es la de los inversores y la banca acreedora tratando de hacer todo lo posible por rescatarla, la de las distintas reestructuraciones y planes de negocio para tratar de reflotarla. Pero es también una fase de desinversiones que le llevan a vender también algunos de sus activos más preciados para hacer frente a una deuda que llega a superar los 20.200 millones de euros.
Del pasado verano y hasta ahora -crisis del coronavirus mediante- y con su cotización suspendida desde julio, la multinacional se ha visto envuelta en una pelea accionarial en la que los minoritarios se han ido agrupando para tratar de tomar su control, pero en la que han seguido viéndose desbordados por la elevada deuda. El 22 de febrero Abengoa se declaraba en quiebra con un pasivo de más de 6.00 millones de euros, convirtiéndose en la segunda mayor bancarrota en España por detrás de la de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa en 2008.
