El recorte de ayudas eléctricas y el retraso en la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo han contribuido a llevar al límite a industrias como Alcoa y meten más presión a grupos como Villar Mir, que va a negociar con los sindicatos ajustes añadidos a los ya aplicados en actividades como la electrometalurgia. Ferroglobe, que nació hace cinco años de la fusión de Ferroatlántica y la norteamericana Globe, está elaborando un plan de reestructuración a nivel internacional. En Europa, la división -mayoría de Villar Mir- cuenta con factorías en Noruega, Francia y España. Ferroatlántica del Cinca (Monzón, Huesca) puede ser la más golpeada en España por los recortes de producción en marcha.
Pero la factoría de Huesca, una de las tres que Ferroatlántica mantiene en España, no es la única afectada por el ajuste. La fábrica del grupo en Boo (Cantabria), entre Camargo y Astillero, también se teme lo peor. "Creemos que la empresa va a intentar reducir plantilla (144 trabajadores)", asegura el presidente del comité de empresa Francisco González (USO). La compañía ha citado a la representación de los trabajadores el 29 de octubre para analizar el fin de los acuerdos pactados en una situación de ajuste general que ya provocó la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo ERTES) en diciembre, enero y febrero.
Ferroglobe (Ferroatlántica) sopesa dar una vuelta de tuerca más a una situación que arrastra desde tiempo atrás y que determinó la venta el pasado año de la fábrica de Cee-Dumbria en Galicia al fondo TPG SixthStreet Partners. La inquietud que se arrastra desde hace meses llevó al Gobierno cántabro en diciembre a solicitar medidas "urgentes" al Ejecutivo central para abaratar el precio de la energía y evitar la amenaza de cierre en las instalaciones de Ferroglobe-Ferroatlántica en Cantabria.
Sobre los planes inmediatos, el grupo de Villar Mir se limita a señalar que "el Comité de Empresa Europeo de Ferroglobe se reunió el pasado 7 de octubre de 2020. La dirección de la Compañía informó y compartió con los representantes sindicales que se estaba estudiando un plan estratégico. Este plan aún no está finalizado. Si bien se confirmó el exceso de capacidad global y que se está estudiando cómo implementarlo en algunas plantas europeas, todavía es pronto para avanzar datos específicos".
Una ola de ajustes
La ola de ajustes en la industria recorre toda la cornisa cantábrica. En Asturias, el Gobierno del Principado ha pedido al de Pedro Sánchez que deshaga el ovillo creado en torno a las factorías de Alcoa , vendidas hace un año, primero al grupo Parter Capital y luego por éste (75%) al grupo Riesgo. El Gobierno autónomo -y los trabajadores- recelan de los planes del último comprador y cuestionan la gestión que el nuevo propietario ha llevado a cabo desde abril en la empresa, denominada ahora Alu Ibérica.
La inquietud es grande. La situación de la industria electrointensiva en las comunidades del Norte de España es el ejemplo más avidente. Pero hay una larga lista de compañías que analizan con inquietud los planes del Gobierno -o su ausencia- y su repercusión en la factura energética. Es una cuestión clave para sociedades como Acerinox, Megasa, Air Liquide, Atlantic Cooper, las petroleras de AOP, Ercros, Fertiberia o Cementos Molins. Todas Ellas pertenecen a la Asociación de Empresas de Gran Consumo Eléctrico (AEGE).
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, las reclamaciones de las grandes empresas e industrias no solo son causa de desgaste político. La industria electrointensiva factura 107.000 millones de euros, emplea a 220.000 personas y supone un 12% del producto interior bruto. Cifras para tener en cuenta, más en tiempos de incertidumbre económica
Dos años de idas y vueltas
La realidad es que, tras más de dos años de idas y vueltas, el Estatuto del Consumidor Electrointensivo aún no ha sido aprobado y, sin presupuestos generales todavía, la cuantía de las partidas destinadas a apoyar la actividad de la industria y las empresas, está por concretar. Hasta el gran parón por la pandemia, el Gobierno manejaba la cifra de 300 millones como estímulo a los sectores electrointensivos mediante rebajas de hasta el 85% en la parte fija del recibo; compensaciones por los costes indirectos del CO2 y financiación pública para contratos de electricidad a largo plazo. Iban a beneficiar a 600 empresas, de las que una cuarta parte, 153, estarían en Cataluña.
Sin solución a corto plazo, las comunidades más afectadas por la crisis industrial empujan. Los parlamentos autonómicos y los Gobiernos locales han aprobado iniciativas en los últimos meses que han cuajado en el Congreso de los Diputados. La pasada semana, la mayoría de los diputados (165 votos a favor y 182 abstenciones) aprobó una proposición no de ley de Foro Asturias (Grupo Mixto) que insta al Gobierno a aprobar urgentemente el Estatuto del Consumidor Electrointensivo e incorporar entre sus medidas "aquellas que permitan compensar a la industria básica los costes de producción derivados del alto precio de la energía con el fin de garantizar la supervivencia del sector y el mantenimiento de los puestos de trabajo".
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