Villar Mir quiere cobrar dos años más de compensación pública por las autopistas

  • El grupo ha presentado un escrito de alegaciones para archivar el expediente que calculaba la responsabilidad patrimonial del Estado desde 2017.
Fotografía Juan Villar Mir
Fotografía Juan Villar Mir
EFE

El Grupo Villar Mir no se rinde y continúa batallando legalmente contra el Ejecutivo para conseguir una compensación 'justa' por la devolución al Estado de la M-12, una de las autopistas quebradas en las afueras de Madrid. La vía de peaje que comunica la capital con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, actualmente en manos de la pública Seittsa, estuvo gestionada por la filial de OHL desde el año 2005 y tras su devolución a la Administración Pública, la empresa está pendiente de percibir la responsabilidad patrimonial por la resolución precipitada del contrato. Pero no se ponen de acuerdo en las fechas.

Según argumenta el Grupo Villar Mir a través del informe de sus cuentas anuales de 2017, fue el 13 de octubre de 2015 cuando, con la apertura de la fase de liquidación de la sociedad adjudicataria, se resolvió el contrato de concesión de la vía. En cambio, Fomento estableció el 19 de diciembre de 2017, más de dos años después, como fecha para tramitar el expediente de liquidación. 

Por ello, la administración concursal -la empresa se declaró en concurso de acreedores en 2013- ha presentado un escrito de alegaciones frente a la decisión del Ministerio de Fomento en el que han solicitado "el archivo del expediente iniciado por no haberse tenido en cuenta que el contrato de concesión había quedado ya resuelto" con fecha de 2015. 

Como consecuencia de este hecho, la sociedad se reafirma en que es "a partir de esta fecha desde cuando deberá calcularse la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA)". Un detalle de dos años que cambia sustancialmente la cantidad a percibir en caso de que se llegue a cobrarse alguna vez. 

Fuentes cercanas a otras concesionarias, también pendientes de la resolución judicial sobre el posible cobro de esta compensación por la reconversión a la gestión pública de varias de sus vías en todo el territorio nacional, señalan a La Información su escasa confianza en que la recepción de estas cantidades esté cerca -sobre todo si no se licitan de nuevo-. "Una vez que se resuelva el proceso judicial, las concesionarias seremos las últimas en ver el dinero", advierten. 

La autopista M-12, objeto de reclamación por parte de los Villar Mir, se inauguró en junio de 2005 con el fin de facilitar el tránsito de pasajeros al aeropuerto madrileño. Fue entonces cuando se otorgó una concesión durante 20 años a la filial de OHL tras un proyecto de construcción de 125 millones de euros. Pero el acuerdo se rompió antes de tiempo y los 20 años nunca llegaron a cumplirse. 

En el periodo transcurrido, y según consta en el informe de gestión del conglomerado familiar, la inversión neta registrada fue de 19 millones de euros. Además, según destaca el mismo documento, la firma aún tendría pendientes de cobrar otros 43 millones de euros más por parte del ente público en concepto de costes de construcción.

El concurso y la liquidación de la sociedad

La sociedad Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Española -ajudicataria de la concesión- fue declarada en concurso de acreedores mediante un auto en diciembre de 2013. Pese a tratarse de una vía sana en cuanto a tráfico según los números -contaba por aquel entonces con unos 17.834 vehículos diarios- la concesionaria señaló como "extraordinariamente bajos" los datos, que al sumarlo con un "incremento de los costes de construcción y expropiaciones, sustancialmente superiores a los inicialmente proyectados" no otorgaban viabilidad económica a la infraestructura. 

Hubo que esperar dos años, hasta julio de 2015, para que se dictase la apertura de la fase de convenio ya que tanto Seittsa -actual gestora de la infraestructura- como las concursadas habían presentado propuestas para un posible acuerdo de acreedores. Solo unos meses después se ordenó la apertura de la liquidación de la sociedad y se solicitó a Fomento la resolución del contrato de concesión. Fue entonces cuando la empresa pública Seittsa interpuso un recurso de apelación solicitando, además de la liquidación, la suspensión de las operaciones. Pero la por aquel entonces cartera de Ana Pastor se negó a romper lo firmado hasta que "la liquidación adquiera firmeza" si el recurso presentado por Seittsa se resolvía de manera favorable. 

Pese a ello, la actual concesionaria y Fomento desistieron del recurso y el propio ministerio resolvió el contrato y ordenó la liquidación del expediente de la concesión en diciembre de 2017, fecha que toman como referencia en el ministerio. En abril de este mismo año, la por aquel entonces cartera de Íñigo de la Serna asumió la gestión pública de la M-12 y puso un punto y aparte más en la historia de las autopistas quebradas que ya suman seis en todo el país.

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