Se repite la historia. El Grupo Villar Mir acude a los tribunales para pelear por sus volatilizadas inversiones en banca. En esta ocasión busca revertir la decisión de la Junta de Resolución Europea (Jur) con el Popular donde el holding constructor había comprometidos 10,01 millones de euros el pasado ejercicio. Hace apenas un año reclamaba los 20 millones que perdió en la OPV de Bankia en 2011 en otra instancia judicial.
En la demanda al banco semipúblico el grupo industrial siguió los pasos emprendidos por otros inversores institucionales como Meliá e Iberdrola en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid. Y, ahora acaba de engrosar el listado de casi cien denuncias que se acumulan en el Tribunal de Luxemburgo contra la decisión del mecanismo europeo que dirige Elke Köenig.
La incursión del grupo liderado por el empresario Juan Miguel Villar Mir en el Popular se produjo en el convulso pasado ejercicio cuando el banco amplió en 2.500 millones de euros el capital, a razón de 1,25 euros por título, en medio de un ambicioso y contundente plan de reestructuración para resolver el viejo y corrosivo problema del ladrillo; que se llevó por delante hasta al presidente Ángel Ron, tras la rebelión de un grupo de consejeros liderados por el mexicano Antonio del Valle.
La apuesta por el banco ascendió a 10,016 millones de euros o el equivalente al 0,15% de su capital. Según detalla el grupo en su informe financiero, durante ese mismo ejercicio 2016 en el que efectuó la inversión tuvo que provisionar 4,11 millones en minusvalías -la cotización del banco sufrió con las filtraciones de las luchas internas del consejo y al ir conociéndose la dificultad para cumplir con el plan prometido en la ampliación de capital-.
Si el fatídico 6 de junio que el Popular se entregó a las autoridades para no colapsar con la sangría de depósitos, el Grupo constructor hubiese conservado los 6,43 millones de títulos adquiridos el ejercicio previo, habrá visto volatilizarse de un golpe casi 2,04 millones de euros.
La compañía invirtió una media de 1,557 euros por acción en acopiarlos y el día que el Popular pidió el rescate aún cotizaban a 0,317 euros. Sin embargo, el 7 de julio amaneció propiedad del Santander después de que la Junta de Resolución Europea llevase a cero el valor de las acciones y de ciertas emisiones de bonos al aplicar un autorescate interno para evitar nuevas facturas al contribuyente.
La mayor causa judicial abierta en Europa
El organismo de resolución se enfrenta a la mayor causa judicial abierta nunca en Europa contra una institución común. En los registros telemáticos del Tribunal de Justicia de Luxemburgo se citan ya 98 denuncias, en su inmensa mayoría en nombre de distintos afectados y algunas, como la liderada por OCU, el presidente de Naturhouse o Adicae, acumulando a decenas de miles de inversores que perdieron todo con el proceso de salvamento del banco.
Su defensa la ejercerá el despacho internacional Linklaters que ya ha pedido una prórroga para poder contestar en algunos asuntos a la abultada avalancha de demandas recibidas, aunque Elke Köenig reivindicó hace escasas semanas la “aplicación perfecta” del reglamento en la resolución aprovechando la conferencia anual celebrada por la Jur sobre resolución.
Una vez recibidas las demandas, el Tribunal debe examinar si todas son admisibles o advertir de los defectos para su subsanación. La defensa de la Junta de Resolución deberá contestarlas, pudiendo haber réplica del demandante y dúplica del demandado. Después se designará un juez ponente, cuyo gabinete elaborará un informe de cara a la celebración de una vista, a cuyo término sólo quedará la resolución. El plazo para interponer los escritos finalizó la pasada semana.
Han presentado quejas decenas de miles de pequeños inversores, pero también exgestores del banco y accionistas significativos -del Valle, la fortuna chilena Luksic, la Sindicatura de Accionistas del Popular…-, grandes fondos de inversión como Pimco y una avalancha de pequeñas y medianas empresas, el colectivo de clientes clave de la entidad.
Junto a Villar Mir, en los últimos escritos, se han incorporado demandas del fabricante líder de cables Top Cable; de Helibética, la empresa familiar alicantina fabricante de vino y embotelladora de agua, el grupo empresarial aragonés Samca, perteneciente a la familia Luego; Rodonita, empresa de los herederos del empresario gallego Epifanio Campo o la Fundación Agustín de Betancourt, la tercera fundación ‘pillada’ en el Popular que litiga en Europa -junto a la Barrié de la Maza y Pérez de Guzmán el Bueno-.
Las líneas argumentales que han trascendido de una decena de demandas son prácticamente idénticas: exigen anular la decisión amparándose en que la autoridad de resolución se extralimitó en sus funciones, favoreció al comprador (el Santander) en vez de buscar maximizar el precio que le exige la ley en caso de la resolución de una entidad garantizando la adjudicación en oferta competitiva, o que quebró varios derechos de los dueños del banco -accionistas y bonistas-, al reducir a cero sus títulos sin darles opción a intervenir u opinar durante el proceso.
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