Momento decisivo en el caso Villarejo, el proceso judicial que está poniendo en jaque a varias de las principales empresas del país en los últimos meses. Los equipos jurídicos de las compañías del Ibex 35 implicadas en el proceso abierto en la Audiencia Nacional han puesto en marcha una nueva vía de defensa de sus clientes con el objetivo de dejar fuera de toda la trama la opción de que hubieran cometido un delito de cohecho activo (compra de favores de un funcionario público) a la hora de contratar al comisario hoy en prisión. La declaración del exjefe de la Policía durante el mandato del PP ha sido clave para aprovechar esta veta e intentar desactivar a partir de ahora la parte más importante del procedimiento. El Gobierno de Pedro Sánchez también está implicado.
Fuentes de la investigación aseguran que la declaración que la semana pasada hizo el que fuera número uno de la Policía Nacional (Director Adjunto Operativo, DAO) con Jorge Fernández Díaz de ministro del Interior, Eugenio Pino, ha provocado un "auténtico terremoto" en el proceso. Pino llegó a inquietar especialmente al juez al admitir que a José Manuel Villarejo se le habían encargado trabajos desde el Estado.
Todo ello avalado por la cúpula del Gobierno del PP y siempre bajo la etiqueta de asesor privado, no como funcionario de policía. Es decir, que desde el Ejecutivo central se dio el visto bueno a la compatibilidad de sus dos trabajos.
Algunos de los que estuvieron dentro de esta declaración en sede judicial confirman que las palabras del juez García Castellón al escuchar esta afirmación fueron que le había puesto "el sumario patas arriba", dado que hasta ahora la mayor parte de las 25 piezas que lleva el caso Tándem se basan en la contratación de Villarejo como funcionario público, no como empresario privado. Las mismas fuentes aseguran que Pino le garantizó al juez que si llamaba a declarar al exministro de Interior, Fernández Díaz, le iba a corroborar esta versión.
El antiguo DAO también llegó a confirmar algunas informaciones que hasta ahora habían apuntado a que Villarejo estuvo en una misión en Siria trabajando como abogado para el Gobierno (el comisario es licenciado en Derecho) y no en calidad de funcionario de policía. Las fuentes consultadas aluden también a una operación del CNI en África que contó con la participación del excomisario a título particular, no como funcionario de la Policía.
Un nuevo escenario judicial para el Ibex y el Gobierno
Pino admitió en sede judicial que hasta el Gobierno contrató a Villarejo fuera de su actividad profesional como comisario y eso abre un escenario totalmente novedoso. Las empresas del Ibex implicadas en la trama Villarejo quieren aprovechar esta vía que ha puesto encima de la mesa el exalto cargo policial que trabajaba a las órdenes de Fernández Díaz para intentar desactivar el caso. Al menos, para torpedear la mayor acusación que pesa sobre sus cúpulas directivas, indican fuentes conocedoras de la estrategia consultadas por La Información.
Si no hay funcionario, no hay cohecho. Es el nuevo argumento que manejan las defensas. Villarejo sería un empresario más, reconocido y a quien incluso el Estado contrató directamente, cuyos servicios también utilizaron las principales empresas de este país porque se lo podían permitir y les interesaba la mercancía.
Puede haber muchos delitos adyacentes a esas operaciones e incluso algunos que nunca van a decaer, pero la base principal del caso, el cohecho, entraría en vía muerta. Una opción así, por tanto, dejaría a la altura del betún la instrucción del caso, gran parte de las piezas abiertas y, por ende, el trabajo de los fiscales, que ya han recibido su primer varapalo esta misma semana al rechazarles el juez la presunta extorsión en la pieza abierta contra dos medios de comunicación.
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez, indican fuentes cercanas a Moncloa, está informado de todos estos movimientos sobre la operación de desmontaje de la trama de Villarejo. También tiene su interés en que el juez de un paso atrás.
Y es que la relación entre el Ejecutivo y el Ibex atraviesa un buen momento, por lo que desactivar un caso que afecta a compañías como Iberdrola, BBVA o Repsol, entre otras, contribuiría a mantener la entente cordial en un periodo político de gran inestabilidad.
Fuentes cercanas a las defensas también valoran la posibilidad de que si el delito de cohecho contra las empresas decae también decaería el de revelación de secretos. ¿Qué ocurriría? Que todas las piezas paralelas que afectan a las empresas del Ibex sufrirían un vuelco y se abriría la posibilidad del sobreseimiento.
Ya estaba en el punto de mira
Algunos de los principales bufetes de abogados que están defendiendo a las empresas del Ibex afectadas por el caso Villarejo, porque en alguna ocasión contrataron los servicios de su empresa Cenyt, ya mantenían abierta una estrategia legal similar desde hace tiempo.
Venían trabajando en intentar desarticular la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de cohecho por parte de sus clientes en la contratación del comisario, dado que cuando operaron con él lo hicieron como si de un empresario privado se tratara.
La clave de dicha operación, por tanto, pasa ahora por demostrar que a Villarejo se le podía contratar como tal, sin ningún problema, pese a ser un funcionario público y porque tenía compatibilidad. Todo ello también demuestra la implicación de los altos cargos del Estado con Rajoy en la trama y las declaraciones que sobre ello han hecho algunos miembros de la llamada 'policía patriótica', que trabajaba a sus órdenes.
Varios abogados de la defensa de las empresas del Ibex y otros expertos jurídicos consultados por este periódico son contundentes a la hora de valorar esta nueva vía jurídica dentro del caso, pues "si a Villarejo se le podía contratar como empresario privado o como abogado, y hasta el Estado lo ha podido hacer en alguna ocasión, el delito de cohecho no ha existido y, sin esa base, va a ser además muy complicado que los fiscales puedan demostrar que hubo delito asociado de revelación de secretos", explica uno de los abogados de los negocios más importantes de este país.
De hecho, en algunas boutiques jurídicas de derecho penal implicadas en el caso ya habían encontrado, hasta ahora, una noticia publicada en el diario El País hace unos diez años, en la que se explica como al comisario Villarejo, entonces en pleno apogeo con su empresa y de vuelta a la Policía, se le consideraba un agente con esas dos vertientes, la pública y la privada, incluso en el Ministerio del Interior de entonces.
Los letrados que defienden al Ibex saben que con una información periodística no se puede argumentar ante un juez de forma consistente, pero ese indicio es el que ahora ha sido corroborado por las declaraciones de Pino. Es más, los abogados alertan de que esta opción, que sería un verdadero vuelco en la macrocausa, puede estar detrás de las últimas citaciones del juez a policías implicados en la guerra de comisarios que surgió cuando se descubrió el caso y, por ende, en la imputación del entonces secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez.
Los 'agentes dobles' no existen
Desde el ámbito jurídico, algunos de los principales expertos en derecho procesal penal advierten que la figura del 'agente doble' no existe como tal en la legislación. Sí se han instaurado sendos estatutos jurídicos para la figura del agente encubierto y la del agente provocador de delitos (inevitables), incluso se entra a regular el régimen de los confidentes, pero nada hay que hable de agentes dobles, entendidos como aquellos que tienen un negocio privado y trabajan al mismo tiempo para el sector público, supuestamente en secreto.
Pero si ahora se le reconoce esa cualidad a Villarejo, se derrumba la instrucción llevada a cabo por los fiscales, que siempre contaron con que a Villarejo se le contrataba como funcionario público, no como empresario.
Más allá del lado jurídico, incluso mandos policiales curtidos en las últimas décadas advierten que lo del agente doble, al estilo Villarejo, no lo han conocido nunca. Frente a ello, admiten que sí existe una lista de agentes encubiertos, amparada por mandato judicial y custodiada ahora por la Guardia Civil, al igual que se tienen todas las garantías legales sobre la provocación de delitos que se avienen inevitables.
Pero son siempre funcionarios (policías) y se centran en grandes tramas criminales, no en negocios del Ibex 35. "Siempre ha habido cierto nivel de cloacas en los Estados, para la lucha contra el crimen y los casos más escabrosos, pero pretender con ello que en un país como España las supuestas cloacas se puedan cargar al Ibex35 y el sistema económico, es una falacia desde el principio de este caso", señala un policía veterano conocedor del caso.
Asenjo, de Iberdrola, y el secreto de sumario de BBVA
Mientras en el Ibex 35 y en el Gobierno confían en un giro radical en el caso Villarejo las declaraciones continúan en la Audiencia Nacional. Este lunes está citado el exjefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, tras cuya declaración confían que puedan imputar a otros directivos de Iberdrola por delito de cohecho al contratar al excomisario.
También existen posibilidades de que en las próximas horas se pueda levantar el secreto del sumario de la pieza que afecta a al BBVA, la más avanzada del sumario que afecta a una empresa. Pero ante la situación que ha surgido no se descarta que García Castellón decida una nueva prórroga del mismo.
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