El caso Villarejo cerca a la cúpula del Ministerio del Interior durante el mandato de Mariano Rajoy. Los últimos movimientos en sede judicial apuntan ahora hacia uno de los miembros con más galones de ese Gobierno, Jorge Fernández Díaz, que se ve rodeado por los problemas judiciales que han afectado a dos de sus colaboradores de mayor confianza. En el entorno del exministro, hoy retirado de la política activa, aseguran que él mismo no descarta que sea citado a declarar por el juez García Castellón después de lo sucedido con Francisco Martínez y Eugenio Pino.
Fuentes cercanas al Fernández Díaz destacan la "preocupación" del exministro por lo sucedido en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en los últimos días. Primero fue su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien ha sido imputado por su posible implicación en 'Kitchen', un operativo de la llamada 'policía patriótica' que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo habría sido sustraer información sensible del PP al que fue su tesorero, Luis Bárcenas, para ocultársela a la justicia.
El nombre de Fernández Díaz salió efectivamente a relucir en esa pieza considerada clave en el caso Tándem. El seguimiento a Bárcenas, que fue admitido por el propio Ministerio del Interior, se investiga en la pieza séptima del procedimiento y en la misma también figuran como investigados el exnúmero dos de la Policía Nacional Eugenio Pino, el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño ‘El Gordo’ o Sergio Ríos Esgueva. Este último fue el chófer y persona del extesorero popular que le sustrajo información crucial sobre la presunta caja b’ del PP mientras ejerció de conductor suyo.
Martínez está imputado y, aunque el político se acogió a su derecho a no declarar, la investigación que dirige el magistrado García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción va encaminada a depurar responsabilidades y a esclarecer quién dio las órdenes concretas de hacer seguimientos al que fuera máximo responsable de fianzas de la formación popular. Es, según las fuentes consultadas, el procedimiento que más 'acorrala' al exministro del PP.
Pero las malas noticias no acaban ahí. La semana pasada Pino provocó un "auténtico terremoto" en el caso Villarejo. El exjefe policial llegó a inquietar especialmente al juez García Castellón al admitir que al excomisario se le habían encargado trabajos desde el Estado, todo ello avalado por la cúpula del Gobierno de Rajoy y siempre bajo la etiqueta de asesor privado, no como funcionario de policía. Es decir, que desde el Ejecutivo central se dio el visto bueno a la compatibilidad de sus dos trabajos.
Algunos de los que estuvieron dentro de esta declaración en sede judicial confirman que las palabras del juez García Castellón al escuchar esta afirmación fueron que le había puesto "el sumario patas arriba", dado que hasta ahora la mayor parte de las 25 piezas que lleva el caso Tándem se basan en la contratación de Villarejo como funcionario público, no como empresario privado. Las mismas fuentes aseguran que Pino le garantizó al juez que si llamaba a declarar al exministro de Interior le iba a corroborar esta versión. Desde el entorno de Díaz, por su parte, se pone en duda esta versión y aseguran que Pino no llegó a pronunciar esas palabras.
En el entorno de Fernández Díaz hay quien aseguran que el excargo del PP está actuando con muchas precaución a la hora de pronunciarse en público sobre ambos procedimientos judiciales. Este domingo el que fuera ministro del Interior concedía una entrevista a Catalunya Radio y hacía una alusión a Villarejo: "Con lo que se está viendo ahora, tampoco estoy en condiciones de negarlo. Yo no acuso a nadie, tampoco al señor Villarejo. Durante los cinco años que estuve al frente del Ministerio del Interior, nunca, ni una sola vez, despachó conmigo y tampoco lo saludé, salvo un par de veces circunstancialmente". "Por orden mía, nunca", insistió.
El exministro se ha desvinculado también de haber participado en órdenes impartidas a Villarejo: "Niego radicalmente que bajo mi conocimiento, autorización u orden existiese una Policía patriótica; si alguna persona o grupo hicieron actos ilegales, que respondan de estos actos ilegales, pero que no digan que fue por orden mía".
Giro de guión en el caso Villarejo
El hecho de que el Gobierno pudiera haber contratado a Villarejo fuera de su actividad profesional como comisario abre un escenario totalmente novedoso en el caso. De hecho, las empresas del Ibex implicadas en la trama quieren aprovechar esta vía que ha puesto encima de la mesa el exalto cargo policial que trabajaba a las órdenes de Fernández Díaz para intentar desactivar el caso. Al menos, para torpedear la mayor acusación que pesa sobre sus cúpulas directivas.
Si no hay funcionario, no hay cohecho. Es el nuevo argumento que manejan las defensas. Villarejo sería un empresario más, reconocido y a quien incluso el Estado contrató directamente, cuyos servicios también utilizaron las principales empresas de este país porque se lo podían permitir y les interesaba la mercancía. Puede haber muchos delitos adyacentes a esas operaciones e incluso algunos que nunca van a decaer, pero la base principal del caso, el cohecho, entraría en vía muerta.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios