Telefónica, British Telecom España y Vodafone se reparten el 'megacontrato' de telecomunicaciones de la Administración General del Estado. Las dos primeras se quedan con los contratos más jugosos, mientras que los británicos ofrecerán las comunicaciones móviles. Entre los tres sumarán unos ingresos, con impuestos incluidos, de más de 220 millones de euros (184 millones, sin IVA) para los próximos cuatro años.
El proceso de adjudicación se ha alargado durante más de un año y medio. El primer acuerdo para arrancar la licitación tuvo lugar a finales de 2018. Este mes de septiembre se ha formalizado la adjudicación de los cuatro lotes en los que se repartió el mayor contrato del sector, después del que se adjudicó hace meses en la Junta de Andalucía, con 85 organismos de la Administración Central.
Telefónica se ha quedado con el lote más jugoso: el de la red corporativa de datos y el servicio de telefonía fija. Con impuestos, el importe de adjudicación es de casi 149 millones de euros, según ha hecho público hoy el Estado. La operadora presidida por José María Álvarez-Pallete también se ha quedado con el contrato de internet por 13,5 millones de euros, impuestos incluidos.
El otro gran contrato se lo ha adjudicado British Telecom, cuya filial española está ahora mismo en venta. El Estado había recibido dos ofertas. La operadora británica se encargará de las comunicaciones internacionales por un precio final de más de 48 millones de euros.
Vodafone se convierte en el proveedor de voz y datos móviles, por un precio final de 12,5 millones de euros. En total, prestará servicios a 38.500 líneas públicas, suministrará 34.000 dispositivos y ofrecerá gestión integral de la movilidad corporativa.
La compañía lleva de esta manera el potencial del 5G a la Administración Pública, al ser el único operador que ofrece esta tecnología en el país. Esta adjudicación afianza la presencia de Vodafone en el sector de la Administración Pública y se suma a otros grandes concursos ganados en los últimos meses, entre los que se encuentran el Ministerio de Defensa, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno Vasco, el Gobierno de Murcia, el Tribunal Constitucional, la Diputación de Barcelona o el Ayuntamiento de Madrid.
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