Vodafone se enfrenta a otro ERE con más despidos y menos prejubilaciones

Los tres expedientes de regulación de empleo (ERE) sufridos por la plantilla de Vodafone en los últimos años han tenido su impacto. Uno de ellos: hay un porcentaje cada vez más reducido de empleados mayores. Esto hace que en este nuevo despido colectivo que ahora se empieza a negociar haya un porcentaje muy pequeño de empleados -menos de un centenar- que se pueden acoger al programa de prejubilaciones ofrecidos por la dirección del grupo, liderada por Colman Deegan, consejero delegado. Esta situación contrasta con lo sucedido en Orange, donde hubo una sobredemanda con hasta 250 trabajadores interesados en sumarse.

Hay que remontarse a principios de 2019. Vodafone ponía sobre la mesa un ERE con el que quería recortar un millar de empleos en su plantilla en España. Tras un mes de intensas negociaciones, se cerró con un centenar de prejubilaciones para mayores de 55 años. Se hizo público el rechazo de otro centenar de empleados que, según explican fuentes sindicales, no quisieron acogerse por diferentes razones. Y, salvo algunas incorporaciones a ese grupo de edad, son el grueso de los mismos que ahora deberán decidir si se suman, por lo que el impacto de esta modalidad de salida incentivada se antoja "muy limitado", apuntan.

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A esto hay que sumar que las condiciones son incluso peores que las de 2019 en cuanto a lo pagado a los prejubilados. En el año 2019, se abonó el 85% de la salario fijo neto, más el 50% del 'target' del salario variable. Ahora, esa proporción baja, en la primera propuesta presentada a los sindicatos en la mesa de negociación constituida este lunes, hasta el 80%. "Son prácticamente los mismos 100 empleados que nos dijeron que no en el anterior ERE con las condiciones mejores", explican las mismas fuentes. 

Bien es cierto que la situación de mercado es diferente. En el año 2019, el segmento 'low cost' -y su golpe a las cuentas de resultados de las operadoras- era incipiente pero limitado. Sin embargo, hoy se ha convertido en una apisonadora. Según confirmó este mismo lunes la cúpula directiva de Orange, su crecimiento se ha estabilizado en los últimos meses. Aún así, hoy más del 60% de las altas brutas de productos convergentes de fibra y móvil en España se hace con un precio inferior a 50 euros, con unos márgenes especialmente estrechos.

El caso contrario al que ahora se enfrenta Vodafone es el de Orange o el de la propia Telefónica. La operadora gala recibió todo un aluvión de peticiones para acogerse a las prejubilaciones planteadas para los mayores de 57 años. Se dispararon un 20% por encima del tope fijado por la dirección de la empresa en la negociación. Esto llevó incluso a los sindicatos a pedir formalmente una ampliación de ese techo para dar respuesta a la demanda. Sin embargo, la empresa decidió desistir por el elevado coste económico. Por su parte, en el grupo presidido por José María Álvarez-Pallete ha habido un vivo interés en la plantilla por la puesta en marcha de un nuevo Plan de Suspensión Individual (PSI) después de que se hayan ejecutado dos en los últimos años con la salida de más de 6.000 trabajadores en España.

Más despidos

Esta menor proporción de prejubilaciones implicará un mayor número de despidos en Vodafone, aún contando con las recolocaciones -a las que se ha comprometido la empresa- de empleados que puedan ser reconvertidos dentro del grupo para tareas más vinculadas al negocio digital. Las condiciones han sorprendido negativamente a los sindicatos, sobre todo en el lado de las indemnizaciones. En concreto, se ofrece 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades -prácticamente idéntica a la de 2019. "Es una oferta rácana que augura una difícil y dura negociación", explican desde UGT. 

Todos estos despidos afectarán especialmente a las áreas comerciales, excluyendo otras como Tecnología -que ha pasado a depender en mayor medida del centro de operaciones de Londres-, Legal o Finanzas. Esto hace que, según el primer estudio elaborado por los sindicatos de la memoria técnica del ERE, podría acarrear la reducción del 50% en algunos equipos. Ha sido especialmente criticado por las organizaciones. "Es una falta de escrúpulos anunciar el cierre de todas las tiendas propias; hay que recordar el esfuerzo que estos empleados hicieron durante los meses más duros de la pandemia", apuntan desde el sindicato mayoritario.

Por su parte, desde la compañía defienden que su objetivo es llegar "al mejor acuerdo posible". "El ajuste laboral en las áreas comerciales es un paso más en la transformación encaminada a impulsar la competitividad; se trata de una medida estructural para afrontar las desafiantes condiciones del mercado español", aseguran fuentes oficiales. Empieza un mes de negociación entre ambas partes. Un mes intenso.