El sector de las VTC pasa al ataque ante los inminentes decretos de la Generalitat para recortar aún más su actividad en Cataluña. La patronal Unauto, en la que también participan Uber y Cabify, ha advertido que la obligación de precontratar con hasta un día de antelación, condición que se pretende incluir en la nueva normativa, acarrearía indemnizaciones públicas de más de 1.000 millones de euros.
El razonamiento de la patronal es el siguiente: el Ministerio de Fomento otorgó una indemnización en tiempo (cuatro años de periodo de gracia) antes de exigirles que sus servicios sólo se puedan circunscribir al ámbito interurbano y no urbano, por lo que cualquier modificación de las condiciones hasta que se cumpla ese lapso sería denunciable.
La Generalitat pretende incluir, a través de dos decretos ley, dos modificaciones en la prestación de servicio de las VTC. Una se refiere a la contratación: ésta deberá hacerse con más de 6 horas de antelación, lo que reduciría más de 90% el negocio actual de Uber y Cabify, pues el grueso de las reservas se hace de manera inmediata. La otra tiene que ver con el regreso a la base fiscal de la empresa, algo que fue retirado por el Tribunal Supremo en el año 2012 de la Ley de Transporte de ámbito nacional.
Lo quiere hacer sobre un decreto ley aprobado por el Congreso de los Diputados pero que, tras su debate hace varios meses, se tramitará como proyecto de ley. "El texto está sujeto a posibles cambios, por lo que no tendría ningún sentido regular sobre una normativa que puede variar en los próximos meses", apuntan desde Unauto.
Varias fuentes de empresas del sector explican a La Información que la derogación (y la suspensión cautelar, en su defecto) de un decreto ley aprobado por una comunidad autónoma es "mucho más complicado" que hacerlo con un reglamento. De hecho, meses atrás el reglamento al que dio luz verde Colau meses atrás fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras la petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Ante este contexto, desde la patronal advierten de que acudirán a los tribunales para reclamar indemnizaciones ante estos cambios de condiciones. Unauto cita un informe de la consultora EY que habla de más de 1.000 millones de pagos a los propietarios de licencias en caso de que salga adelante. Pese a todo, se han mostrado dispuestos a negociar con el Gobierno "una regulación que conjugue los intereses de los ciudadanos, profesionales de la VTC y, por supuesto, también del taxi".
Escrache del taxi
Pero la temperatura no ha dejado de elevarse en el sector catalán. Un grupo de taxistas de la asociación Élite Taxi han acudido a la presentación que ha llevado a cabo Unauto en Barcelona para increpar a sus directivos a gritos de 'Bye, Bye Cabify'. "No te queremos aquí; fuera de nuestras calles", gritaron algunos de los miembros de este particular escrache.
Mientras tanto, la amenaza de bloquear el Mobile World Congress (MWC) expresada por Élite Taxi sigue sobrevolando estos días previos a la aprobación de las medidas por parte de la Generalitat de Cataluña.
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