Miércoles, 27.03.2019 - 04:32 h
A una semana del decreto del Gobierno

Las VTC temen una regulación 'exprés' de Colau y Carmena antes de las elecciones

Entre las dos capitales suman más de la mitad de todo el mercado. Su predisposición a la creación de una segunda licencia pondría en jaque al sector.

La VTC, de nuevo en pie de guerra.
La VTC, de nuevo en pie de guerra. / José González

La cuenta atrás comienza hoy. Una semana para el ‘decretazo’ del Ministerio de Fomento que puede poner en jaque al sector de las licencias de vehículo con conductor (VTC), utilizadas por plataformas como Uber o Cabify. Los grandes gestores del sector, que acumulan miles de permisos en su haber tras invertir millones de euros en su compra en el mercado secundario, tiemblan ante una posibilidad: que los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, que ya intentaron en el pasado limitar al máximo su actividad, tengan tiempo suficiente para imponer una segunda licencia para operar antes de las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

Hoy por hoy, la pelota se encuentra en el tejado del Ministerio de Fomento. Tras la fuerte presión del taxi, con la huelga del pasado verano, José Luis Ábalos debe encontrar la fórmula legal con la que conseguir que las competencia de las VTC, hoy en manos del Estado, se entreguen a las comunidades, habilitando a éstas para su gestión. Una fórmula que evite una cascada de recursos judiciales y problemas en los tribunales, que se dan por hechos al otro lado.

Entre los grandes empresarios de las VTC hay mucho nerviosismo. No por el real decreto-ley que se pondrá sobre la mesa el próximo 28, sino por lo que vendrá después. Hoy la batalla del sector se va a librar principalmente en cuatro grandes comunidades: Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía. Principalmente, las dos primeras. Entre ambas controlarán más del 60% de cuota de mercado y gran parte de la demanda de estos servicios, prestados por las plataformas Uber y Cabify.

¿Qué temen realmente estos empresarios? Básicamente que Madrid y Barcelona se ‘inhiban’ y entreguen el grueso de esas competencias a los ayuntamientos. En ambas capitales, las intenciones eran claras antes incluso de este real decreto: crear una segunda licencia con la que así poder resucitar el ratio de 1 autorización VTC por cada 30 de taxis, eliminando de un plumazo una parte muy significativa de las que hoy están operándose tras una casacada de sentencias judiciales (y las que vendrán).

Los gobiernos liderados por Ada Colau y Manuela Carmena se han mostrado partidarios de esa segunda licencia como restricción clara a la actividad de las VTC. La clave es si llegarán a tener plenos ‘poderes’ para hacerlo antes de las próximas elecciones en mayo de 2019. Diferentes fuentes del sector del taxi consultadas confirman que sí se podrá hacer, aunque posteriormente se deje un periodo de moratoria antes de que entre en vigor esa medida.

Un “carajal jurídico”

Más allá de si llegará a las elecciones, la realidad es que lo que queda por delante es, en palabras de una fuente relevante del sector de la VTC, “un carajal jurídico”. En primer término, el Gobierno debe aprobar el decreto ley para posteriormente convalidarlo en el Congreso de los Diputados, con el respaldo al menos de Podemos y de otros partidos minoritarios.

Después, las empresas de este sector esperan batallar en el Tribunal Constitucional, al entender que esta ‘entrega’ de competencias a las comunidades o los ayuntamientos por la vía del decreto ley es inconstitucional. Hay un plan ‘b’: incluir esta causa dentro de otra que ya esté abierta en otro tribunal.

En paralelo, se plantean reclamar daños y perjuicios, con unas indemnizaciones millonarias. Un estudio elaborado por la consultora EY ponía la cifra: 3.785 millones de euros. ¿Cómo evitar ese aluvión de reclamaciones? Fuentes del sector del taxi hablan de que cada comunidad podría regular la forma de explotación de esas licencias (por ejemplo, que operen días concretos o que las que sobrepasen el 1-30 lo hagan en zonas interurbanas y no urbanas). 

Si en ninguna de estas batallas lograran la victoria, quedaría otro resquicio: esperar a que haya una regulación en cada una de las comunidades autónomas para ir recurriendo una a una ante cada uno de los tribunales superiores de justicia. “Sería una locura; 17 legislaciones autonómicas”, apunta esa fuente.

Desde el taxi, se muestran “muy tranquilos” ante la situación, pues entienden que ahora la presión está en el Ministerio de Fomento y en las empresas de las VTC. Uno de los dirigentes asegura: “No nos fiamos ni de nuestra sombra; reaccionaremos al momento si no se cumple con lo que se nos ha dicho”.

Queda mucho aún por delante. El primer paso lo dará el Gobierno el viernes 28, si un cambio de última hora no lo remedia. Antes los empresarios de la VTC barajan una movilización para el miércoles próximo. La cuenta atrás ha comenzado.

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