España rinde cuentas en Viena por la basura nuclear con los deberes sin hacer

Toca examen cuatrienal y tema incómodo. Una delegación española del  Ministerio de Energía, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la empresa pública Enresa informará esta semana al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena sobre la gestión de los residuos nucleares en España. No va a ser una comparecencia fácil. España informó hace cuatro años, en octubre de 2014, de que tenía en marcha -preparado y enviado al Gobierno- un nuevo plan de residuos radiactivos para sustituir al de 2006 que está todavía vigente. La delegación tendrá que informar de que no hay nuevo plan y de que el almacén temporal centralizado (ATC) sólo existe en planos.

La delegación española llegará a Viena con las orejas calientes. La pasada semana fue la propia Comisión Europea la que afeó a España la calma con la que se toma la gestión de la basura nuclear. Tanta es la calma en opinión de Bruselas, que ha merecido la apertura de un expediente de infracción por no aplicar correctamente las normas comunitarias sobre residuos nucleares. La Comisión ha dado dos meses para atajar el problema. Junto a España, otros 19 países han sido expedientados.

Lo que sucede es que España lleva los deberes con mucho retraso y lo tendrá que justificar en el examen de la OIEA. En octubre de 2014,  informó de la necesidad de actualizar las previsiones económico-financieras relacionadas con los residuos y con la construcción del polémico Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca). Era necesario elaborar un Séptimo Plan de Residuos para sustituir al que todavía está vigente y que data del año 2006. Según los documentos oficiales -Quinto Informe Nacional- la propuesta ya había sido presentada por la empresa pública Enresa ante el Ministerio. Pero han pasado cuatro años y los deberes están por hacer.

Un programa antiguo

El retraso es importante. El proyecto de almacén de residuos en el que trabaja ENRESA se basa en el programa vigente, que tiene una antigüedad de 12 años. Pero sus previsiones -algo que ya destacó mediante votos particulares la exconsejera del CSN Cristina Narbona- han quedado superadas por la realidad.

El Plan de Residuos en vigor contempla una vida útil de las centrales nucleares de 40 años. Pero la voluntad del Gobierno, reiteradamente manifestada por el responsable de Energía, Álvaro Nadal, es prolongar el funcionamiento de las instalaciones más allá de la vida de diseño como se está haciendo en EE UU. Entre otras consecuencias, la prolongación supondría un incremento del volumen de residuos nucleares a almacenar.

La gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos constituye, según recoge la Ley 25/1964,  un servicio público esencial que se reserva a la titularidad del Estado y se encomienda a Enresa. Los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. El problema -y de ahí el expediente de Bruselas- es que el sistema está al límite. Las piscinas están ocupadas en casi un 89% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40% (ver gráfico). 

Es un problema caro. Gestionar ese material ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones.

A corto plazo, no hay salida definitiva y global. Enresa no espera soluciones antes de 2024.  Y la factura crece. El 1 de julio de 2017 finalizó el acuerdo de España con la compañía francesa Areva (ahora Orano) para almacenar en Francia los residuos radiactivos de la central VandellósI, clausurada en 1989. Cada día transcurrido sin que España repatríe la basura nuclear conlleva una penalización de 73.000 euros. El próximo julio, la factura superará los 26 millones. Un suma y sigue.