El incumplimiento de los plazos para trasponer a la legislación nacional las directivas que aprueba la Unión Europea (UE) es una tradición. Ha vuelto a suceder. España incumple desde el martes 10 de marzo el límite fijado en la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (2018/844) que fue publicada en junio de 2018 y que tiene como objetivo facilitar la transformación de todos los edificios en edificios de consumo energético casi nulo.
No es sólo una cuestión de dejadez burocrática. El retraso para adaptar la legislación a las exigencias comunitarias puede afectar a los planes para hacer frente al cambio climático. Bruselas exige que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contenga una estrategia global de rehabilitación del parque de viviendas. Ninguno de los dos borradores del PNIEC elaborados por el Gobierno en el último año tiene en cuenta esa estrategia global de rehabilitación que depende del Ministerio de Fomento.
Para España es una cuestión muy sensible. Hay 26 millones de viviendas construidas antes de 2007. La inmensa mayoría son energéticamente ineficientes. Y peor aún: la mitad del parque es anterior al año 1980 y fue construido sin normativa de eficiencia energética. El resto, excepto quizá las terminadas en la última década, tienen un aislamiento muy pobre. Sin trabajar en su rehabilitación es difícil ahorrar la energía que se propone y en el plazo que se propone.
Ahorro y empleo
La ventaja de que esté todo por hacer es que el campo de acción y sus beneficios en ahorro y creación de empleo es muy amplio. Las recomendaciones de la UE, que a diferencia de las directivas no son vinculantes, apuntan por dónde va a ir el futuro. La que se publicó en 2016 (UE/2016/1318), que tampoco tiene reflejo todavía en la legislación nacional, defiende que las necesidades energéticas de los edificios se cubran con entre el 50% y el 100% de energías renovables según la zona climática. España, por su situación geográfica, está en una posición ideal para aprovechar los cambios.
Pero la legislación va con retraso. Especialmente en lo que afecta a la edificación. La norma comunitaria pionera sobre edificación es del año 2002 y España no la acabó de trasponer hasta 2013 (RD 235/2013). El Ministerio de Fomento aprobó en enero un decreto con el nuevo código técnico que sustituye al de 2006, en el que no se contemplaban las nuevas fuentes de energía renovable. El decreto culminaba la trasposición de la directiva de eficiencia energética que la UE aprobó... hace diez años (Directiva 2010/31). Un avance, pero mínimo porque la realidad va muy por delante.
La directiva de eficiencia en los edificios, pendiente de trasposición a la legislación nacional, obliga entre otras cosas a tener siempre en cuenta a las energías renovables en el cálculo de la eficiencia energética para cubrir entre el 50% y el 100% de las necesidades energéticas de un edificio a partir de 2021. La consecuencia inmediata será un empujón al autoconsumo y un forzoso cambio en los códigos de edificación.
Dos novedades
La norma comunitaria aborda otras dos novedades importantes: la obligación de mantener puntos de recarga para vehículos eléctricos en los espacios de aparcamiento de los edificios y a promover las aplicaciones inteligentes para gestionar de forma activa la demanda. Habrá un indicador de inteligencia en los edificios y recogerá todos los elementos como los contadores inteligentes, los sistemas de automatización y control de calefacción y refrigeración, electrodomésticos etcétera.
Especialistas en el sector energético como Javier García Breva sostienen que la nueva directiva de edificios de la UE es una oportunidad de mejora. "Si se perdió la oportunidad con la directiva de edificios de 2002, que tardó once años en transponerse, o con la directiva de 2010, que diez años después no se ha completado su trasposición, no debe perderse una tercera oportunidad". Sobre todo, sostiene, porque es un gran yacimiento de empleo y de ahorro de energía.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) tiene como uno de sus objetivos clave una reducción prevista del consumo de energía primaria de casi un 40% en 2030 y la palanca para lograr el objetivo es actuar con decisión en la rehabilitación del parque de viviendas. En la práctica, el plan presentado por el Gobierno prevé mejorar la envolvente térmica de 1.200.000 viviendas hasta 2030, una acción que tendrá que concretar Fomento en una futura estrategia de rehabilitación a largo plazo. Es una gota en el mar. Y lenta.
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