178 Imputados por la gestión ilegal de 200.000 electrodomésticos y su venta

Madrid, 4 ene.- La Guardia Civil ha imputado a 178 personas en cinco provincias por la gestión ilegal de más de 200.000 neveras y lavadoras desechadas en los últimos cinco o seis años, que reparaban y después vendían e incluso exportaban a otros países.

La intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, que aún se mantiene abierta, se ha desarrollado en el marco de las operaciones Fragmentados y Melos, dirigidas por la Fiscalía de Medio Ambiente.

También se ha incautado abundante documentación que hay que analizar, han explicado a Efe fuentes del SEPRONA, cuya Unidad adscrita a la Fiscalía (USAF) y la sección del Cuerpo en Málaga aunaron sendas operaciones dada la similitud en el "modus operandi".

Los imputados, de nacionalidad española, paquistaní y marroquí, son autónomos y también transportistas, que en lugar de trasladar los electrodomésticos a las plantas de tratamiento para su correcta gestión, los desviaban a tiendas de segunda mano y chatarrerías, o los depositaban en instalaciones no autorizadas, han añadido las fuentes.

Algunas de estas tiendas llevaban abiertas al menos treinta años.

En la compra de cualquier electrodoméstico, el consumidor ya abona en el precio el coste del correcto reciclaje del aparato.

Los imputados se apropiaban de los aparatos y con técnicas rudimentarias que impedían recuperar los gases CFC (clorofluorocarburos) y HCFC (hidroclorofluorocarburos), ambos muy dañinos para el medio ambiente y responsables del adelgazamiento de la capa de ozono.

La operación Fragmentados comenzó en mayo y ha acabado con la imputación de 119 personas por su presunta implicación, en distintos grados de participación, en la gestión ilegal de miles de frigoríficos y lavadoras.

Durante estos meses de investigación se llevaron a cabo distintas acciones de seguimiento de las actividades ilegales, finalizando con inspecciones e imputación de personas en las provincias de Alicante, Barcelona, Murcia y Valencia.

Al mismo tiempo, la Comandancia de Málaga llevaba a cabo una operación paralela, denominada Melo, que conllevó la imputación de otras 59 personas en esta provincia, en la que también se habían efectuado diversas inspecciones.

A los implicados se les imputa la comisión de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, apropiación indebida y receptación.

Tras tener conocimiento de las posibles irregularidades a través de varias denuncias recibidas, la Fiscalía de Medio Ambiente lo comunicó al SEPRONA, que comprobó que en muchos casos los frigoríficos usados eran desviados por transportistas.

La actividad se centraba en las provincias de la costa oriental, apreciándose además una importante actividad relacionada con la compraventa de estos electrodomésticos, algunos de ellos derivados al mercado de segunda mano e, incluso, exportándolos a otros países.

Las neveras eran llevadas a intermediarios que evaluaban las posibilidades de negocio de los aparatos, recomponiendo algunos para su venta como usado; extrayendo de otros los componentes por partes para su comercio; y vendiendo los restantes a chatarrerías e industrias diversas.

El volumen más importante de actividad se centró entre las ciudades de Barcelona y Santa Coloma de Gramanet, donde se inspeccionaron 21 centros de venta y se incautaron 1.739 frigoríficos.

Para llevar a efecto el operativo en su etapa final fue precisa la colaboración de la Guardia Urbana de Barcelona, que llevó a cabo un relevante despliegue en el barrio de El Raval, donde se ubicaban la mayoría de los establecimientos y cuya configuración de calles estrechas dificultaba el movimiento de retirada del material intervenido.

Asimismo, en Santa Coloma de Gramanet se llevó a cabo el control de movimientos del almacenista de mayor importancia en toda la operación, al que se le incautaron casi la mitad de todos los frigoríficos intervenidos, siendo fundamental el apoyo de la Guardia Urbana de esta ciudad, que aportó lo necesario para garantizar la seguridad de los operativos y la movilidad vial de la zona afectada.

En las operaciones han colaborado el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación, la Inspección de Trabajo de Barcelona y la Fundación ECOTIC.