20-n. El pp exigirá auditorías a ayuntamientos con más de 5.000 habitantes


El PP exigirá “la elaboración de auditorías financieras, operativas y de cumplimiento a todas las corporaciones locales con más de 5.000 habitantes”, según consta en su programa electoral, difundido íntegramente a través de su página web.
Dentro del apartado dedicado a la transparencia y a la austeridad de la Administración, el PP dice que elaborará una “ley de control y auditoría única para todo el sector público español, que garantice que todos los agentes del sistema de control interno actúan bajo unos estándares y reglas comunes, y unos procedimientos uniformes que impidan en el futuro la existencia de gastos ocultos”.
Los ayuntamientos no son el único objetivo del PP a la hora de controlar el gasto y propone establecer “legalmente techos máximos de gasto y de endeudamiento para todos los medios de comunicación públicos”.
También abre la puerta a la privatización de medios de comunicación públicos, al señalar que impulsará “las reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada”.
Otra de las promesas del PP para recuperar la economía de España es reformar la Comisión Nacional del Mercado de Valores para ampliar sus competencias y que “vele adecuadamente por el buen funcionamiento de los mercados financieros y proteja a los ahorradores y consumidores”.
En cuanto a la banca y al sistema financiero, dice que acelerará “la reforma de las cajas de ahorros para garantizar la mejor gestión posible de la actividad bancaria con reglas de mercado, y para separar la obra social de la actividad financiera”.
Además, el partido que lidera Mariano Rajoy exigirá “las responsabilidades debidas a aquellos gestores que hayan incurrido en una administración desleal o negligente”.
En cuanto a las nucleares, el PP aboga por gestionar “los permisos de los emplazamientos nucleares conforme al cumplimiento de los estrictos criterios de seguridad impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear y las autoridades europeas, de forma que la prolongación de su operación redunde en un menor coste de la energía para los consumidores”.

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