Sábado, 19.01.2019 - 00:05 h
No conocían los riesgos de las participaciones

500.000 euros para dos preferentistas de Caja Madrid: el TS vuelve a darles la razón

Pese a que la Audiencia Nacional da la espalda a investigar los hechos por la vía penal, el Supremo ampara a los inversores por falta de información.

Manifestación de preferentistas a la entrada de la Audiencia Nacional. (EFE)
Caja Madrid colocó hasta 3.000 millones en preferentes/EFE

El Tribunal Supremo sigue dando la razón a los preferentistas. Aunque la posibilidad de lograr un resarcimiento por la vía penal se torna cada vez más complicada, el alto tribunal continúa fallando a favor de clientes de las entidades que comerciaron estos productos por el escaso conocimiento que tenían de los mismos cuando los adquirieron. Así ha ocurrido con dos inversores de Caja Madrid que, tras más de tres años de litigio, tendrán una indemnización de 500.000 euros,  los mismos que destinaron a estas participaciones.

La Sala de Lo Civil expone en una sentencia, a la que ha tenido acceso La Información, que los dos querellantes, que adquirieron 5.000 títulos en el año 2009, no contaban con toda la información real acerca de la naturaleza y los riesgos del producto y, por lo tanto, Bankia, heredera del negocio de la caja, tendrá que devolverles cerca de una década después el medio millón de euros invertido.

Los magistrados recuerdan en su resolución que no bastaba con advertir al cliente de los pormenores de la operativa, sino que el deber de la caja extinta era informar con el suficiente tiempo de antelación para poder decidir “con conocimiento de causa”. Y por eso revocan la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, que daba la razón a la entidad que preside Ignacio Goirgolzarri, y confirman el fallo de primera instancia.

Las líneas argumentales del Supremo no son nuevas, de hecho reiteran jurisprudencia desde 2013, pero sí suponen un hecho clarividente de cómo los inversores pueden ser resarcidos por este producto que Caja Madrid emitió por valor de hasta 3.000 millones de euros. Esto es así porque probar que estos mismos hechos son constitutivos de delito de estafa resulta cada vez más arduo, a tenor del recorrido que tienen estas causas en la Audiencia Nacional.

Esta misma semana, el órgano judicial ha dado carpetazo a seguir investigando la emisión de preferentes de Bancaja -la cual junto con Caja Madrid y otras cinco entidades más integró el SIP previo al nacimiento de Bankia- porque no se ha podido demostrar que se utilizó este producto para adquirir liquidez ante su mala situación patrimonial.

Una decisión, la de la Sala, que viene a respaldar la adoptada por el magistrado instructor Fernando Andreu, quien, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, archivó provisionalmente el pasado mes de mayo las diligencias sobre las dos cajas quebradas. Dijo entonces que no quedó probado el engaño implícito que requiere la comisión de este tipo penal y recordó, además, que la emisión de preferentes contó con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los querellantes no recurren los archivos

El rumbo que han cobrado las pesquisas ha hecho que parte de los querellantes personados como acusación particular en este procedimiento contra Bancaja hayan decidido no recurrir el sobreseimiento de esta investigación, de acuerdo con fuentes cercanas al caso consultadas por La Información. Máxime teniendo en cuenta que todo apunta que la Sala se pronunciará en los mismos términos cuando le toque resolver sobre las preferentes de Caja Madrid.

Precisamente, la retirada de las acusaciones particulares en el juicio por las preferentes y deuda subordinada emitida por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) hizo que la vista oral de julio contra los exdirectivos de la caja alicantina, que se enfrentaban a diez años de cárcel, no se prolongara ni un día. Y es que los magistrados acordaron aplicar la doctrina Botín en el asunto -al quedarse solo la acusación popular- y zanjaron las pesquisas.

Ahora la pelota está de nuevo en el tejado del Tribunal Supremo, que deberá resolver sobre el recurso interpuesto por Adicae. La asociación se personó como acusación popular, al entender que sí existió premeditación cuando se lanzó este producto al mercado puesto que lo que se buscaba era mejorar la solvencia de la caja a costa de los pequeños ahorradores. A su juicio, estos hechos sí merecen reproche penal puesto que la administración de lo gestores estuvo "marcada por la corrupción y una mala gestión de los fondos".

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