La huelga de jueces y fiscales de este lunes amenazaba con convertirse en una jornada histórica desde primera hora de la mañana no solo por el momento de malestar absoluto que vive el mundo de la judicatura, sino porque es la primera vez en democracia que asociaciones de jueces y fiscales vuelven a convocar un parón en toda España -en el que ha participado el 61% de los jueces- apenas medio año después de la última protesta conjunta.
Un total de 3.234 magistrados y 1004 fiscales han secundado esta jornada que, para sus convocantes, ha supuesto "sin ningún género de dudas" un "auténtico éxito". Se trata de unas cifras en términos porcentuales muy similares a las alcanzadas en la huelga general del pasado 22 de mayo contra el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en la que participó la actual titular de esta cartera, Dolores Delgado.
Sin embargo, y pese al cambio de Gobierno, las reivindicaciones del Poder Judicial siguen siendo las mismas en los últimos años. De hecho, lo único que ha ido en aumento en este tiempo ha sido el "malestar" y el "hartazgo" con la Administración, que se ha agravado recientemente con la crisis de credibilidad que padece el mundo de la judicatura por dos asuntos de candente actualidad: el viraje del Tribunal Supremo en relación a los gastos de los préstamos hipotecarios y las negociaciones entre el PP y el PSOE por la renovación de los vocales del CGPJ.
"Situación de abandono" de la Justicia española
Con todo, el principal motivo que ha llevado a las cuatro asociaciones de magistrados y las tres de fiscales a volver a salir a la calle apenas seis meses después del último parón sigue siendo el mismo: la extrema necesidad de incrementar los medios personales y materiales y de determinar una carga razonable de trabajo. Las cifras hablan por sí solas: en Europa la media es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que en España el número se reduce a 11. En el caso de fiscales la cifra pasa de 11 por cada 100.000 habitantes en Europa a 5 en España.
"El motivo de la huelga se resume en una sola palabra y no es otro que la situación de abandono en la que se encuentra la Justicia española", explica en declaraciones a este diario Celso Rodríguez, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El objetivo de esta "seria llamada de atención" al poder ejecutivo es el de sentar las bases para iniciar unas negociaciones "concretas y con altura de miras".
Sobre la mesa también el eterno reclamo del Consejo de Europa a España de que cumpla con las once recomendaciones que hace el Grupo de Estados para la Corrupción (GRECO) puesto que, hasta el momento, solo ha atendido siete de ellas, y de forma parcial. Y esto sin olvidar que España es el tercer país de la OCDE en litigiosidad. Se resuelven un total de cinco millones y medio de pleitos al año en todos los juzgados de España, lo que vienen a ser unos 5.500 al día.
Este incremento de los litigios en más de un 58% se ha traducido en una mayor carga de trabajo para jueces y fiscales puesto que no se han creado más plantas judiciales y tampoco se han convocado nuevas plazas (apenas 100 en los últimos años, de las cuáles 75 eran de jueces, según las fuentes consultadas). Tampoco se ha atendido la tasa de reposición ante la jubilación o fallecimiento de magistrados, por lo que el saldo a día de hoy es negativo.
El mundo de la judicatura ni siquiera ve con optimismo la posibilidad de un incremento salarial; más bien todo lo contrario: el colectivo denuncia que, desde la entrada en vigor en 2011 de la aprobación de la Ley de Techo de Gasto, se aplicó un recorte que redujo sus nóminas un 9,75%, afectando especialmente a la categoría más baja. "De esta reducción no nos hemos recuperado", explican las fuentes consultadas, según las cuáles los salarios oscilan entre los 2.600 euros en la categoría más inferior a los cerca de 4.000 euros en el caso de magistrados que desempeñan en juzgados de primera instancia. Le seguirían los miembros de la Audiencia Nacional y, finalmente, del Tribunal Supremo.
Organización judicial "arcaica"
A todo esto se añade su reclamo urgente de que se modifique de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -que es del siglo XIX- y de que se dote de más recursos materiales a las partidas judiciales. La deficiente distribución de recursos se traduce en un encarecimiento y ralentización de la Justicia. "La forma de organizar es arcaica", denuncian los magistrados consultados.
La jornada de huelga ha pillado a la titular de Justicia en un viaje en Estrasburgo (Francia) con motivo de su participación en el Foro Mundial para la Democracia del Consejo de Europa. Un gesto que algunos de los convocantes han entendido como un "desprecio" teniendo en cuenta que Delgado, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), sí participó en la huelga contra Catalá hace ahora menos de medio año.
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