Tras la resolución del banco

7.000 accionistas del Popular recurren al TJUE la negativa de la JUR a compensarles

  • Cuestionan el informe de valoración de Deloitte en el que se basó el organismo comunitario y piden que se incluya el peritaje del Banco de España. 
Elke König JUR
Elke König JUR
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - Archivo

Pese a haber transcurrido cerca de tres años de la caída del Banco Popular, los frentes judiciales abiertos por los accionistas en España y fuera de nuestras fronteras no dejan de crecer. A la causa penal que sigue la Audiencia Nacional contra los antiguos directivos para esclarecer si hubo delito o no en su gestión, se suman también los litigios que mantienen abiertos miles de accionistas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El último paso lo han dado un total de 7.000 de los cuatro millones de afectados que han recurrido la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de no compensarles por las pérdidas incurridas tras la resolución del banco en junio de 2017. 

El nutrido grupo de afectados, que integran tanto empresas como pequeños inversores, ha recurrido la decisión del organismo que preside Elke König del pasado 18 de marzo de no compensar a todos los accionistas y bonistas afectados por la caída del entonces sexto grupo bancario. La JUR expuso entonces que el proceso de insolvencia hubiera sido más perjudicial para todos ellos y aplaudió que este primer proceso de intervención de un banco en la Unión Europea (UE) sirvió para proteger la estabilidad financiera del país. 

Igualmente respaldó las conclusiones de un "valorador independiente" que plasmó en un informe que los afectados "no habrían recibido un trato mejor" si se hubiera optado por liquidar la entidad. Ese ente al que se refiere el organismo europeo es Deloitte. La firma contempló entonces que las pérdidas en caso de haber optado por la otra alternativa hubieran oscilado entre los 23.400 millones de euros en el mejor escenario y con un periodo de liquidación de siete años y los 34.100 millones en el peor de los casos. Sin embargo, los ahora recurrentes plasman en su escrito remitido al TJUE que Deloitte no actuó ofreció una valoración independiente por haber sido auditor del Banco Santander, entidad que acabó adquiriendo el Popular por un euro. 

Las filtraciones, en el punto de mira

Los accionistas, que actúan bajo el paraguas de un equipo dirigido por el catedrático Alberto Ruiz Ojeda, socio del despacho Calvo Sotelo & Cremades, consideran que la JUR no se ha apoyado en un organismo independiente para resolver sobre esta cuestión. Así, en el recurso presentado ante el TJUE arremeten también contra el criterio de valoración "a derribo" que empleó la auditora, en referencia a que analizaron todos los activos de la entidad como si hubiera que venderlos de manera apresurada. Un hecho, según explican las fuentes consultadas por este diario, que provocó un grave perjuicio perjuicio patrimonial para todos los accionistas de una entidad que contaba, a fecha de 31 de diciembre de 2016, con unos fondos propios de 11.364 millones. 

Según los afectados, la auditora tendría que haber actuado con unos criterios diametralmente opuestos, es decir, como si se tratara de una empresa en funcionamiento. Igualmente, también se hacen eco en su recurso de las polémicas declaraciones que efectuó la presidenta de la JUR apenas semanas antes de la intervención del Popular. König apuntó entonces que el banco que presidía Emilio Saracho era uno de los que estaban en su "radar" provocando de este modo las dudas de los accionistas y acelerando el fatal desenlace de la entidad. Los afectados comparten de este modo el criterio de otros inversores como el mexicano Antonio del Valle, el cual en su interrogatorio en la Audiencia Nacional también disparó contra la presidenta del organismo por estas palabras que acabaron de dar la puntilla a la entidad. 

Frentes judiciales

El procedimiento penal que sigue la Audiencia Nacional por estos hechos también sirve a los 7.000 recurrentes para apuntalar su tesis en Europa acerca de la mala gestión de los organismos europeos. De hecho, han pedido a la Justicia europea que incluya en sus diligencias el peritaje que elaboró el Banco de España encargado por el magistrado que comenzó instruyendo la causa, Fernando Andreu. De acuerdo con el mismo, el banco era solvente en sus últimos años de vida aunque no pudo sobrevivir a una fuga de depósitos de 16.000 millones de euros. Este peritaje junto con el que está elaborando el despacho que ejerce su defensa les servirá para acotar el perjuicio que, denuncian, les causó la disolución del banco y su posterior venta al Santander. 

Mientras tanto, la causa que sigue la Justicia española por este asunto continúa avanzando. Cerca de tres años después de que arrancaran las diligencias penales tras las querellas de Anticorrupción y de perjudicados con la operativa, el juzgado ya se encuentra en la fase de testificales. En este tiempo de instrucción, se realizó el peritaje encargado al supervisor y, tras él, se interrogó a todos los investigados en la causa, entre ellos los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho. Semanas antes del forzado parón judicial ligado a la declaración del estado de alarma, el juzgado tomó declaración al primer testigo en desfilar por la Audiencia Nacional: el exgobernador del Banco de España Luis María Linde.

Los investigadores también estaban pendientes de escuchar al presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y al exminstro de Economía Luis de Guindos. Ambas citaciones estaban señaladas para el 18 de marzo y 2 de abril, respectivamente, pero el magistrado José Luis Calama las tuvo que suspender debido a la crisis sanitaria. Con todo, también tendrá que resolver acerca de la petición que han hecho los grandes fondos del caso de que se imputen a más exdirectivos de la entidad así como de que se escuche  en calidad de testigo a más de una veintena de altos cargos del Banco de España, el Banco Central Europeo y la CNMV para que den cuenta de la verdadera situación del banco en 2017 y de sus vínculos con Thesan.

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