El archivo provisional de la causa abierta por el 8-M ha supuesto un respiro al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, que ha visto como el caso que tantas ampollas ha levantado se ha quedado reducido a cero, al menos hasta el momento. Sin embargo, el cese de esta investigación penal nada tiene que ver con posibles acciones judiciales que pudieran surgir contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los motivos que rodearon la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. Aunque ambos asuntos estén relacionados, puesto que el punto de partida reside en el presunto intento de Interior de acceder al atestado del caso por el 8-M, se trata de acciones judiciales diferentes.
Así lo exponen fuentes jurídicas consultadas por este diario que hacen hincapié en que las circunstancias son completamente diferentes. Por un lado, el delegado del Gobierno afrontaba un delito de prevaricación al no prohibir los actos de la capital en los primeros días de marzo y, por otro lado, están las derivadas de la investigación. La cuestión relativa a si el ministro del Interior pudo cometer algún delito con el cese del coronel todavía está por ver. Se trata de un asunto en el que la magistrada del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, nunca ha querido entrar aunque han sido varias las veces en las que advirtió que las diligencias practicadas por los agentes de la Guardia Civil designados por el juzgado eran secretas y solo ella podía tener acceso a las mismas.
De concretarse los indicios acerca de que el otrora magistrado de la Audiencia Nacional habría maniobrado para acceder al contenido de dicho atestado se podría dar inicio a un procedimiento penal. Los juristas consultados explican que la clave está en el documento de carácter reservado sobre el cese de Pérez de los Cobos. La nota, firmada por la directora de la Guardia Civil, María Gámez, desmontaba la tesis mantenida por Interior hasta el momento puesto que recogía que, entre los motivos de la destitución acordada a finales de mayo, estarían el hecho de que no informó "del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil", en referencia velada al caso del 8-M.
Distintos órganos de instrucción
Otra de las diferencias entre el caso del 8-M y las posibles responsabilidades penales que se pudieran pedir al ministro del Interior reside en el órgano de instrucción. Así, mientras el delegado del Gobierno ha sido investigado en los juzgados ordinarios de Madrid, si se quisiera proceder contra Marlaska se tendría que presentar una querella en el Tribunal Supremo, al tratarse de una persona aforada. De hecho, en la denuncia que dio inicio a las acciones penales contra Franco, se pedía igualmente investigar al resto de delegados del Gobierno del país por los mismos hechos y también al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
La magistrada respondió en su auto de marzo de incoacción de diligencias del 23 de marzo que únicamente procedería contra Franco por cuestiones de competencia. Ahora, en el cierre del caso insiste en subrayar que única y exclusivamente se ha investigado la posible comisión de delito de prevaricación que pudiera haber cometido el delegado del Gobierno. Es decir, nunca ha entrado a valorar ninguna cuestión relativa a las presuntas filtraciones del atestado de la Guardia Civil que arremetía duramente contra el Ejecutivo por actuar de manera arbitraria en la cancelación de actos. Tampoco se pronunció sobre el documento explicativo del cese de Pérez de los Cobos dejando patente que, pese a poder demostrar que implicaría una desobediencia a sus resoluciones, no forma parte de esta causa.
A todo ello hay que sumar las explicaciones que facilitó Marlaska a la prensa los días posteriores a la destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Si en un primer momento justificó este movimiento como una reconstitución de nuevos equipos dentro del Instituto Armado, los días siguientes fue cambiando de versión hasta vincular esta crisis con la filtración del famoso atestado. Así pues, el ministro terminó reconociendo que eran conscientes de que ese documento policial había llegado a la prensa y de que se actuó para evitar daños mayores. Además, y respecto a las justificaciones recogidas en la nota por el cese de los Cobos, dijo que es normal que la Guardia Civil conozca el desarrollo de las investigaciones, injerencias al margen.
De hecho, el documento reservado del pasado 24 de mayo así lo expone añadiendo que la destitución del alto mando militar se produjo por pérdida de confianza. El propio coronel, en mensajes intercambiados con su círculo más cercano, no solo mostró su sorpresa por lo ocurrido sino que vaticinó la antesala de una posible derivada en los tribunales al asegurar que lo se ponía en juego con este tipo de actuaciones era la separación de poderes y el Estado de Derecho, tal y como informó el diario El Mundo. A ello se le suma el revuelo dentro del Instituto Armado tras su destitución por las salidas en cascada también del entonces 'número dos', el teniente general Laurentino Ceña, y del jefe del Mando de Operaciones, el teniente Fernando Santafé.
Las fuentes consultadas por este diario explican que únicamente se podría actuar contra el ministro del Interior si efectivamente se demostrara que pudo coaccionar a sus subordinados para que intentaran acceder al contenido del atestado policial puesto que ello implicaría un descubrimiento de secretos y un delito de inducción por coacciones. A todo ello hay que sumarle la crisis desatada en el seno del Instituto Armado por los hechos ocurridos la última semana, su descontento con el departamento del Interior y la presión de la oposición que ha pedido tanto en el Congreso como en el Senado su dimisión aduciendo a que mintió sobre los verdaderos motivos del cese del coronel Pérez de los Cobos.
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