Amnistía ha recordado que en la vista judicial del viernes se dicto orden de prisión por "pertenencia a una organización terrorista" en referencia a la organización del clérigo turco afincado en Estados Unidos Fetulá Gülen, al que el Gobierno responsabiliza del intento de golpe de Estado fallido de julio de 2016.
Sin embargo, la única prueba que respalda esa acusación es que Kiliç tenía instalada en su móvil la aplicación de mensajería segura Bylock que utilizaban los miembros de la Organización Terrorista Fethulaísta para comunicarse. Kiliç siempre ha negado haber instalado esta aplicación, pero aunque fuera cierto, su instalación "no demostraría la comisión de un acto delictivo", ha argumentado el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.
"Taner Kiliç no es ni partidario ni seguidor del movimiento Fetulá Gülen, y de hecho ha criticado su papel en Turquía (...). Taner no debe ser juzgado sobre la base de unas acusaciones tan endebles e inadecuadas", ha subrayado Shetty.
Kiliç fue detenido el martes junto con otros 22 abogados que trabajan en Esmirna. "Taner Kiliç es un hombre de principios, que defiende con pasión los derechos humanos. Los cargos presentados hoy contra él son totalmente infundados. Muestran lo arbitraria y lo amplia que se ha vuelto la enloquecida búsqueda, por parte del gobierno turco, de sus presuntos enemigos y críticos. Taner Kiliç debe ser puesto en libertad de inmediato, y los cargos en su contra deben ser retirados", ha apostillado Shetty.
En general Amnistía denuncia el "devastador impacto de la represión ejercida por las autoridades turcas" tras el fallido intento de golpe de Estado de julio del año pasado. Kiliç sería así "la víctima más reciente de la amplia purga".
"Amnistía Internacional está haciendo campaña por la liberación de Taner, y nada nos disuadirá de continuar con nuestro trabajo en Turquía y sobre Turquía", ha asegurado Shetty.
La detención de Taner Kiliç ha generado una amplia condena internacional por parte, entre otros, del Departamento de Estado de Estados Unidos, la UE, el comisario de Derechos Humanos de Alemania y el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, así como de organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos.
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