(AM) Familiares buscan reparar daño moral y dirimir culpables en el caso de 'miguelianos', que suma de 11 a 14 imputados

La abogada Ana Reguera, que representa a familiares vinculados a la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, conocida como 'Orden de los miguelianos', ha mantenido que los familiares buscan "reparar el daño moral de las víctimas" y que aquellas personas que hayan podido cometer delitos penales respondan ante la Justicia.

Así lo ha trasladado a los medios antes de que diesen comienzo en el Juzgado de Instrucción número uno de Tui (Pontevedra) las primeras declaraciones de perjudicados en la causa, en concreto este martes han comparecido el padre de una de las adeptas y, supuestamente, la madre. Según fuentes consultadas por Europa Press, hay un total de 21 personas citadas como testigos o perjudicados.

El hombre ha sido el primero en comparecer este martes --durante aproximadamente dos horas-- y sobre las 12,15 horas, momento en que se acordó un receso entre las declaraciones de ambos perjudicados, abandonó la sede judicial. Sin detenerse en ningún momento, dio las gracias a los medios de comunicación por acudir a los juzgados, pero se negó a hablar con los periodistas.

Poco después, la abogada Ana Reguera regresó a los juzgados acompañada de la segunda perjudicada, quién llegó tapada con cuello alto, gorro y gafas de sol. Esta mujer prolongó sus declaraciones durante alrededor de hora y media, tras lo que volvió a salir junto a la letrada, que tan sólo indicó que ambos perjudicados contaron en el juzgado sus "vivencias" y su "versión" de los hechos.

Horas antes, la letrada recordó a las puertas de la sede judicial que este martes han arrancado las comparecencias con todos los letrados, que hasta ahora no habían podido intervenir al haber sido decretado el secreto de sumario, que se levantó a mediados de marzo. "Ahora ya se hace --declarar-- para respetar el derecho de contradicción y defensa de todas las partes", explicó.

PRESERVAR SU IDENTIDAD

En lo relativo a las personas que declararon este martes, ha descartado en todo momento concretar sus identidades puesto que, ha asegurado, estas personas "quieren preservar su identidad, llevarlo de la manera más discreta posible y sobre todo de cara también a los hijos, que tienen muchas cosas que hablar con ellos y temas muy personales e íntimos que no quieren que salgan a la luz".

Cuestionada por las declaraciones iniciales de familiares, quienes en semanas previas a los arrestos habían denunciado públicamente que la orden actuaba como una secta, Reguera lo ha justificado en que "antes de que estuviera judicializada la causa había desesperación de poder encontrar a sus hijas, pero una vez que el procedimiento se ha abierto, lo que quieren es que se lleve en el juzgado". "No queremos entrar en un debate de televisiones, queremos llevarlo en la intimidad", ha rematado.

Finalmente, al ser preguntada sobre cómo se encuentran las víctimas, la letrada, que ve "pruebas suficientes" en la causa, ha manifestado que están "en un estado delicado" pues "hay una serie de hechos delictivos que han afectado a una serie de chicas".

INVESTIGADOS

Tal y como ha concretado la abogada, "alrededor de 11 o 14" personas se encuentran en calidad de investigadas en la causa, que se sigue por delitos de asociación ilícita, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, abusos y agresiones sexuales, si bien "falta mucho para perfilar la imputación definitiva".

Por su parte, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó que la investigación se sigue por los supuestos delitos de asociación ilícita, delito contra la Hacienda Pública y, en el caso del fundador de la Orden y Mandato de San Miguel, Feliciano Miguel Rosendo, por esos delitos y por el de abuso sexual.

Además del líder, hay al menos otras 10 personas investigadas, entre las que se encuentran su mano derecha, Marta Paz --ambos fueron detenidos el 11 de diciembre de 2014 en Madrid, tras lo que él fue enviado a prisión--, su otro 'bastón', tres parejas, un sacerdote y otra persona cuya identidad no ha trascendido, según ha podido saber Europa Press.

La Orden llegó a tener unos 400 seguidores en su momento álgido y tenía su centro de operaciones en un chalet en Santa María de Oia (Pontevedra). En la primavera de 2014 sus integrantes fueron expulsados por las autoridades eclesiásticas, y un grupo reducido se trasladó a dos sedes en Madrid (Collado Villalba y El Escorial). Días después de las detenciones de Rosendo y Marta Paz, el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, firmó el decreto de supresión de la Orden y Mandato.