El entramado de empresas destapado en una operación de la Policía Nacional de la comisaría de Vigo en relación con delitos de fraude fiscal realizó a través de 64 de las mercantiles creadas 3.500 movimientos de trabajadores, y los responsables llegaron a amenazar con no entregar el cheque del salario a aquellos empleados que pedían explicaciones cuando en su contrato figuraba una empresa nueva.
Así lo ha trasladado en un comunicado el Cuerpo Nacional de Policía, que ha indicado que esta red empresarial creaba distintas mercantiles en las que daba de alta en la Seguridad Social a "gran cantidad" de trabajadores. Con ellas, generaba una deuda por no pagar las cuotas sociales, que evitaba pagar valiéndose de nuevas sociedades donde volvía a registrar a los empleados.
En total, llegó a crear 100 empresas en las cuatro provincias gallegas para "eludir la acción policial y defraudar a la Seguridad Social". De ellas, 64 figuraban dadas de alta y generaron 3.500 movimientos de trabajadores; 36 no fueron dadas de alta; y otras 16 eran utilizadas para facturar importantes cantidades de dinero y "obstaculizar las labores de inspección".
Todas estas empresas estaban vinculadas a su vez una compañía ubicada en Cabral, que era la empresa matriz de este "entramado familiar" y funcionaba como una asesoría que gestionaba al resto de mercantiles. Estas empresas se dedicaban a distintos ámbitos como construcción, reformas, inmobiliarias, talleres de reparación, seguridad, informática y, principalmente, hostelería.
Durante las investigaciones, la Policía Nacional tomó declaración a más de un centenar de trabajadores y comprobó que éstos no tenían conocimiento de las altas y bajas que registraban en las distintas empresas de la red.
De hecho, averiguaron que si los empleados pedían explicaciones de por qué en su nuevo contrato figuraba una sociedad distinta a la anterior, los responsables "les amenazaban" con no entregarles el cheque de salario si no lo firmaban. Además, los trabajadores señalaron que no cobraban por las horas extra aunque con contrato de media jornada llegaron a trabajar 60 horas a la semana.
'MODUS OPERANDI'
Fuentes de la Policía Nacional han indicado a Europa Press que las investigaciones se iniciaron a finales de 2014, cuando una persona denunció que aunque trabajó más de 5 años en la misma empresa, en su vida laboral constaba que había trabajado en empresas de distinto nombre de forma discontinua, con lo que en algunos periodos no había cotizado.
A raíz de estos hechos, se descubrió que el 'modus operandi' de la red consistía en la creación de una empresa, en la que sólo daban de alta a algunos de los empleados por los que no pagaban las cuotas sociales, y en la que no emitían 'tickets' ni facturas para emitir gastos y no beneficios. Tras pocos meses, justificaban el cierre de la empresa por las supuestas pérdidas y se declaraban insolventes para no cumplir con el pago de las deudas a la Seguridad Social.
"Al día siguiente", daban de alta una nueva mercantil con distinto nombre pero con los mismos empleados, con lo que muchos de ellos, que en todo ese tiempo cobraron su sueldo y no dejaron de trabajar, "ni se enteraban" de estos hechos hasta que consultaban su vida laboral y comprobaban que había "contratos falseados" y no habían cotizado por todo el tiempo trabajado.
DETENCIONES
En este operativo han sido detenidas 13 personas, de las que seis han declarado este jueves en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo. Todas han quedado en libertad. Las actuaciones se siguen por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, insolvencia punible, blanqueo de capitales, contra el derecho de los trabajadores y varios delitos contra la Seguridad Social.
La investigación sobre el entramado arrancó a finales de 2014, lo que desembocó en esta operación policial por la que se han producido más de una decena de detenciones entre el martes y el miércoles. Además, la jueza ha ordenado registros este jueves. La Policía estima que a través de la trama fueron defraudados a la Tesorería General de la Seguridad Social casi 2,8 millones de euros.
El operativo ha sido desarrollado por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial y la Unidad Contra las Redes de
Inmigración y Falsificación de la UCRIF de la Comisaría de Vigo en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social.
CURSOS DE FORMACIÓN
La Policía Nacional ha indicado a Europa Press que los hermanos y presuntos cabecillas de este entramado también están vinculados a otra causa judicial que se sigue en relación a una trama que certificaba cursos de formación supuestamente falsos a vigilantes de seguridad de Pontevedra.
En dicho caso, a través de una empresa de vigilantes de seguridad, en concordancia con un centro de formación, supuestamente certificaban a algunos de sus vigilantes en cursos que no habían realizado, tras lo que se repartían subvenciones públicas y la empresa utilizaba bonificaciones en el abono de sus cuotas a la Seguridad Social por la formación ficticia recibida por los vigilantes.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo es el que está a cargo de esta causa, en la que se encuentran como investigados la directora del centro de formación y tres responsables de la empresa de seguridad por la supuesta comisión de delitos de falsificación en documentos oficiales.
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