AMNISTÍA DENUNCIA “CAZA DE BRUJAS” CONTRA DISIDENTES EN VENEZUELA

Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles el aumento de la “caza de brujas” de disidentes en medio de la crisis política en Venezuela y que las autoridades de este país utilizan el sistema de justicia para intensificar ilegalmente la persecución y la sanción de quienes piensan de manera distinta al Gobierno de Nicolás Maduro.
En un nuevo informe titulado ‘Silencio a la fuerza: detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela’, AI ofrece datos de medidas ilegales tomadas por las autoridades venezolanas para reprimir la libertad de expresión en medio del aumento de las protestas en todo el país, en las que han muerto varias personas y centenares más han resultado heridas y han sido encarceladas.
Entre esas medidas figuran detenciones practicadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sin orden judicial, procesamientos de activistas pacíficos por delitos “contra la patria” y uso injustificado de la prisión preventiva y de campañas de difamación en los medios de comunicación contra miembros de la oposición política.
“En Venezuela no se permite la disidencia. No parece que haya límite para las innumerables tácticas legales que las autoridades están dispuestas a aplicar con objeto de sancionar a quienes expresan opiniones que difieren de la postura oficial del gobierno”, señaló Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien añadió: “En vez de obsesionarse con silenciar las opiniones disidentes, las autoridades venezolanas deben centrarse en buscar soluciones prácticas y duraderas a la grave crisis que afronta el país”.
Amnistía Internacional ha lanzado a través de su centro de activismo 'online' ‘www.actuaconamnistia.org’ una campaña de recogida de firmas para exigir libertad y justicia para los disidentes políticos en Venezuela.
SILENCIAR A LA OPOSICIÓN
El informe recoge varios casos documentados por Amnistía Internacional. Por ejemplo, agentes del Sebin detuvieron el pasado 11 de enero Gilber Caro (diputado de la oposición) y a Steicy Escalona (activista del partido opositor Voluntad Popular) y a dos miembros de su familia al pasar por un peaje de regreso a Caracas.
Ese mismo día, el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, declaró por televisión que se habían incautado a Caro y a Escalona un arma de fuego y explosivos, y que el diputado estaba implicado en actividades terroristas, al tiempo que señaló que había cruzado clandestinamente la frontera para entrar en Colombia.
Escalona fue llevada ante un tribunal militar y acusada de sustracción de efectos militares y rebelión. Caro quedó recluido en un centro penitenciario, y a fecha del pasado mes de marzo, no había sido llevado aún ante un tribunal para determinar la legalidad de su situación.
Para Amnistía Internacional, los casos de Caro y de Escalona ilustran algunas de las numerosas estrategias que emplean las autoridades venezolanas para intentar silenciar la oposición en un contexto de crecientes protestas en todo el país.
Además, AI apuntó que en la mayoría de los casos se imputa a las personas detenidas graves delitos, como ‘traición a la patria’, ‘terrorismo o sustracción de efectos militares’ o ‘rebelión’, que permiten ordenar su prisión preventiva aunque no haya pruebas admisibles suficientes para fundamentar los cargos. Este tipo de delitos corresponden a jurisdicciones especiales, como la militar, que, según Amnistía, “carecen de independencia, raras veces son imparciales y no deben enjuiciar a civiles”.
DETENIDOS INCOMUNICADOS
Amnistía Internacional ha documentado también casos de personas detenidas a las que se ha restringido el contacto con sus familias y sus abogados defensores, lo que hace que corran un gran riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos, en especial tortura y otros malos tratos.
Uno de ellos es Yon Goicochea, líder estudiantil y actual dirigente de Voluntad Popular, que fue detenido el pasado 29 de agosto por individuos no identificados que conducían una camioneta sin placas de matrícula, según las personas que lo presenciaron. Su detención fue confirmada por un alto cargo de la formación política del Gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien manifestó que lo habían arrestado por llevar explosivos con intención, presuntamente, de utilizarlos en una manifestación de la oposición el 1 de septiembre.
A pesar de los intensos esfuerzos de su familia, no se pudo confirmar el paradero de Goicochea hasta aproximadamente 13 horas después de su último contacto con ella. Yon estuvo en paradero desconocido desde el momento de su detención hasta que se supo que se hallaba recluido en el centro del Sebin de El Helicoide, en Caracas. Lo llevaron ante los tribunales, pero, según la información proporcionada a Amnistía Internacional, continuó detenido en régimen de incomunicación hasta el 1 de septiembre.
Desde el pasado 20 de octubre, se reconoce por fallo judicial que se cumplen todos los requisitos necesarios para dejar en libertad a Goicoechea, dado que la fiscalía no ha encontrado pruebas suficientes para presentar cargos contra él. Sin embargo, continúa bajo custodia del Sebin, y, según información proporcionada por su familia, el tribunal que se ocupa del caso no está abierto al público desde diciembre del año pasado.
“El hecho de que en Venezuela haya personas detenidas sin que se hayan presentado oficialmente cargos contra ellas demuestra la situación desesperada de los derechos humanos en el país”, concluyó Guevara-Rosas.