AMNISTÍA, GREENPEACE Y OXFAM INTERMÓN PIDEN A LOS PARTIDOS UNA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA “BLINDAR” LOS DERECHOS HUMANOS

Los directores de Amnistía Internacional (Esteban Beltrán), Greenpeace (Mario Rodríguez) y Oxfam Intermón (José María Vera) se han dirigido por carta a los principales partidos políticos españoles con representación parlamentaria para pedirles una reforma de la Constitución que “blinde” los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna.
Las tres organizaciones lanzaron hace un año la campaña 'Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53' para impulsar una reforma constitucional que mejorara las garantías de protección de los derechos humanos y que incluyera otros que hoy no están recogidos en la Carta Magna.
Ahora, con la nueva ronda de negociaciones que se ha iniciado entre los principales partidos políticos para formar gobierno, vuelven a pedir que se aborde esta reforma, que de diferentes maneras varios de los partidos han estado de acuerdo en emprender en esta legislatura.
Las tres ONG recordaron este lunes en un comunicado que han denunciado reiteradamente que la Constitución española, y en particular su artículo 53, establece un tratamiento y protección desigual e insuficiente de los derechos humanos, creando derechos de “primera” y de “segunda”, lo que tiene consecuencias sobre la población, especialmente la más vulnerable, que sufre la falta de acceso a la vivienda, a la salud o a unos ingresos mínimos sin poder reclamar estos derechos ante los tribunales.
Bajo la Constitución vigente, España es el tercer país de Europa donde más ha crecido la desigualdad, con 760.000 personas sin ingresos y uno de cada cinco hogares en riesgo de pobreza, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Amnistía, Greenpeace y Oxfam Intermón sostienen que detrás de la supuesta protección del derecho a la vivienda recogido en el artículo 47, desde 2008 se han iniciado 660.856 procesos de ejecución hipotecaria, dejando a muchas personas en la calle sin que hayan podido defender su derecho a una vivienda adecuada ante un juez.
"PROFUNDA REFORMA"
Proponen la modificación de 24 disposiciones constitucionales y una “profunda reforma” del artículo 53, que es el responsable, a su juicio, “de hacer una distinción artificial entre derechos, como el derecho a la vida o a la libertad (que gozan de una protección reforzada y se pueden denunciar directamente ante los tribunales) y el derecho a la vivienda o al medio ambiente, cuyo nivel de protección es mucho menor”.
“La Constitución no ha actuado como escudo protector ante algunas violaciones de los derechos humanos y eso debe cambiar. Todos los derechos humanos son iguales y deben tener las mismas garantías de protección“, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Las organizaciones resaltan que los derechos humanos no pueden estar condicionados por el vaivén de las decisiones políticas de distintos gobiernos, y denuncian que durante la crisis económica se han puesto los intereses económicos por delante de las personas y sus derechos, precisamente cuando la obligación y el esfuerzo del Estado para proteger los derechos humanos deberían haber sido mayores que nunca.
Además, exigen que la Constitución vaya un paso más allá y mejore, por ejemplo, las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos, así como garantizar el derecho de reunión pacífica, incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible.
MEDIO AMBIENTE
Otro aspecto básico que creen preciso reforzar es la protección y defensa del derecho al medio ambiente. Este derecho, recogido en el artículo 45 de la Constitución, no es actualmente un derecho fundamental, lo que se traduce en que no puede ser exigido directamente ante los tribunales.
Esto provoca, indican, una persistente dificultad para asegurar su cumplimiento, lo que tiene como consecuencia un grave daño al interés general de la preservación del ecosistema, al derecho a la protección de la salud de todas las personas y a los derechos de las generaciones futuras.
“Los incumplimientos de la normativa ambiental son constantes en nuestro país. Por ello, el reconocimiento expreso en la Constitución del derecho fundamental a un medio ambiente saludable y adecuado es imprescindible para otorgar al medio ambiente la importancia que merece”, explica Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.
"La creciente desigualdad en España y en la mayoría de países es uno de los nuevos retos del planeta. Por ello, nuestra Constitución debe garantizar a las personas más vulnerables unos ingresos mínimos para vivir dignamente, incorporando el derecho a una renta básica. También garantizar una política pública de cooperación para el desarrollo fuerte, ya que con un recorte del 70% durante la crisis, esta se encuentra al borde del desmantelamiento y lejos no ya del objetivo internacional del 0,7% del PIB, sino de la media europea”, afirma José María Vera, director de Oxfam Intermón.
Para lograr estos objetivos, las tres ONG ven necesario un sistema fiscal más justo, equitativo y progresivo, tanto en la forma en la que se recaudan los ingresos del Estado como en el destino de los gastos, recaudando más de quienes más tienen e invirtiendo en políticas públicas que garanticen los derechos de las personas más vulnerables.
"La Constitución debe reflejar de forma clara la obligación de distribuir el gasto público de forma justa, asegurando fondos suficientes para financiar el cumplimiento de los derechos humanos", subraya el comunidado.