(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO RECURRE DOS LEYES CATALANAS ANTE EL TC TRAS EL DESHIELO CON LA GENERALITAT

El Consejo de Ministros acordó este viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional varios artículos de las leyes de pobreza energética y de propiedad compartida aprobadas por el Parlamento de Cataluña, al considerar que vulneran la competencia procesal que "es única del Estado e iguales en todo el territorio" nacional.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo este anuncio en rueda de prensa apenas 24 horas después de reunirse con el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, para romper el hielo de las relaciones entre ambas administraciones públicas después de meses sin interlocución.
Sáenz de Santamaría explicó que el Consejo de Ministros también ha decidido dar contestación al requerimiento de incompetencia que formula la Generalitat sobre las audiencias energéticas, para tratar de evitar que este asunto acabe en el Constitucional.
La vicepresidenta en funciones aseguró que los dos recursos aprobados son "contra algunos artículos" de la ley contra la pobreza energética y de la ley de propiedad compartida, en especial por algunos aspectos procesales que afectan a la igualdad de los españoles y el procedimiento de mediación porque excede en su función.
Subrayó que los dos recursos de inconstitucionalidad que van a presentarse ante el TC han sido motivados por el informe que previamente ha elaborado el Consejo de Estado y que tiene fecha del 21 de abril de 2016, antes de la reunión de esta semana con Junqueras.
"Recurrimos aquellos elementos que el Consejo de Estado ha avalado que son inconstitucionales", recalcó para tratar de dejar claro que no hay motivación política en estos recursos. "No tenemos ninguna intención de plantear recursos de inconstitucionalidad más allá de lo que supone defender el orden constitucional y yo creo que eso es un mensaje muy positivo".
De hecho, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, apostilló que "es imposible en un Estado de Derecho y con administraciones serias y rigurosas" que una decisión así dependa de un ministro porque detrás de cada recurso está el trabajo de muchos funcionarios.
Sáenz de Santamaría señaló que "no es objetivo de recurso ninguna de las medidas relativas a pobreza energética", por lo que el Gobierno de España no se inmiscuye en el aspecto social que buscan esas leyes.
Además, abogó por tratar de resolver las diferencias jurídicas entre administraciones a través de la comisión bilateral que existe entre el Estado y la Generalitat, al considerar que es bueno emplear este camino "igual que decimos a los particulares que la mediación es un buen sistema".