(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO PIDE AL TC QUE DEDUZCA EL “TANTO DE CULPA” DE FORCADELL POR SI HA INCURRIDO “YA” EN UN DELITO

El Gobierno central ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que deduzca el “tanto de culpa” y los posibles delitos en los haya podido incurrir “ya” la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, al dar trámite en el orden del día de esta institución a discutir sobre una resolución que somete a votación el debate sobre la ‘desconexión’ de esta autonomía con el Estado español.
Así lo comunicó este viernes la vicepresidenta y portavoz del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que el miércoles se votasen en el Pleno del Parlament las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.
El Gobierno acordó hoy aprobar un acuerdo por el que se autoriza a la Abogacía General del Estado a presentar ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia contra la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña, al considerar que se trata de una “vulneración flagrante” del Estado de Derecho y que incumple “claramente” el orden constitucional.
Sáenz de Santamaría explicó que considera que se ha producido “ya” una actuación contraria a la sentencia de 2015 del TC y al auto del 19 de julio y por ello se pide que se deduzca “el tanto de culpa” de Forcadell por si “ha pudido incurrir ya en un delito por incluir en un orden del día una resolución sabiendo que el TC dijo que se abstuviera de cualquier tipo de actuación”.
Al mismo tiempo, el Gobierno pide la “nulidad y suspensión inmediata” de los efectos de la resolución del Parlament y reclama al Alto Tribunal requerimientos a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, a los miembros de la Mesa, a su secretario general y hasta el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Estos requerimientos tienen como fin dar traslado a estas personas de que “se abstengan de realizar cualquier actuación que suponga incumplir resoluciones del TC y dar trámite y cobertura a la resolución impugnada”. Asimismo, se reclama que se les advierta de que si no lo hacen, “pueden incurrir en multas o suspensión de sus funciones”.
"DESAFÍO DE PRIMER ORDEN"
La ‘número 2’ del Ejecutivo advirtió de que ante el “desafío constitucional de primer orden” abierto en Cataluña, “tenemos que ir todos de la mano e ir juntos y mejor con un gobierno funcionando que con un gobierno en funciones”.
Por esta razón, prosiguió, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha actuado buscando “la unidad de los demócratas” y por eso hoy llamó a los líderes del PSOE (Pedro Sánchez), Ciudadanos (Albert Rivera) y Podemos (Pablo Iglesias) para informarles sobre el contenido del incidente de ejecución planteado.
“El Gobierno siempre ha actuado con la máxima voluntad política de defender el marco de convivencia, porque nadie puede haber por encima de la ley. Eso supondría entender que unos españoles están por encima de otros”, apuntó la vicepresidenta del Gobierno en funciones.
Asimismo, hizo hincapié en que existen “instrumentos jurídicos” para llevar a cabo esta defensa de la igualdad de los españoles y se comprometió a que se utilizarán “de manera razonable y proporcionada, siendo conscientes de que la primera obligación de un gobierno es que se respete la Constitución y el ordenamiento jurídico”.
La resolución del Parlament señala que “el pueblo de Cataluña tiene legitimidad para comenzar un proceso constituyente propio que constará de tres fases: una primera de proceso participativo; una segunda fase de desconexión con el Estado y convocatoria de elecciones; y en una tercera fase será ratificada a nivel popular por medio de referéndum”.
El Gobierno entiende que la mencionada resolución del Parlamento catalán es contraria a la sentencia del Constitucional del 2 de diciembre de 2015, que declaró inconstitucional y nula la resolución sobre el inicio de llamado “proceso de desconexión”.
Asimismo, el Ejecutivo considera que se ha vulnerado el auto del TC del 19 de julio de 2016, en el que se advierte “a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados”.

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