(AMPLIACIÓN) GOBIERNO Y CONGRESO MANTIENEN SUS POSICIONES Y LÓPEZ DEFIENDE QUE EL TC “ACLARE” EL PAPEL DE AMBOS

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en funciones, José Luis Ayllón, y el presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, mantuvieron este viernes inamovibles sus posiciones discrepantes sobre la capacidad del Parlamento de controlar al Ejecutivo en funciones, a la vista de lo cual López considera “bueno” que el Tribunal Constitucional “aclare” la controversia.
Ambos se reunieron este viernes en el despacho de López en el Congreso y al término del encuentro los dos coincidieron en sendas ruedas de prensa en que mantuvieron las posiciones ya expresadas en los informes jurídicos y las cartas intercambiadas durante los últimos días, sin acercamiento alguno.
Ayllón insistió en que el Gobierno está haciendo lo que interpreta que debe hacer en aplicación del ordenamiento jurídico vigente y su posición, por tanto, es “exactamente la misma” que la expresada en el informe que envío al Congreso de los Diputados y que desató la controversia explicando por qué el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, no acudiría a la comparecencia solicitada por la Comisión.
Subrayó el hecho de que la polémica se haya desatado hasta el punto de hablar de un Gobierno “en rebeldía” la misma semana en la que el secretario de Estado para la Unión Europea compareció “varias horas” en Comisión para hablar del Consejo Europeo y todos los grupos parlamentarios suscribieron un acuerdo sobre la posición de España en esa reunión.
Ese hecho le sirvió para defender que el Gobierno está sometiéndose al Parlamento en todo aquello que trasciende la labor de despacho ordinario en la que consiste su competencia mientras está en funciones.
El Gobierno, sentenció, está en funciones pero “no está descontrolado” y además es “leal” al Parlamento, pero considera que “no puede” rendir cuentas a una Cámara que no es la que le eligió y con la que no tiene la “relación de confianza” que sustenta esa labor de control.
Ayllón precisó, no obstante, que no percibe un “enfrentamiento” entre instituciones sino una “disparidad de criterios”. Lo que hagan los demás, en referencia a la posibilidad de que el Congreso inicie un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, es responsabilidad de las demás instituciones.
Se remitió además a los precedentes de un Gobierno en funciones con un Parlamento recién constituido que coexisten en un periodo de tiempo más largo del habitual, tanto en Andalucía como en Cataluña, y se acogió a ellos para reiterar que en esos casos no se ejerció esa labor de control.
"ARBITRARIEDAD"
Esos precedentes no convencieron a Patxi López, ya que la situación es “inédita” y los precedentes se están generando ahora. Considera por ello que sería “bueno” que el Tribunal Constitucional “aclarara” el papel del Parlamento y su capacidad de control cuando el Gobierno está en funciones, para que ese criterio sirva no solo a futuras composiciones del Congreso que se puedan ver en la misma situación, sino también a parlamentos autonómicos.
La reunión fue “francamente cordial y también francamente sincera”, explicó López, convencido de que el Gobierno, pese a estar en funciones, tiene “obligación” de comparecer ante el Parlamento cuando éste lo solicite.
De hecho, el argumento de Ayllón de que el Gobierno ha acudido a la Cámara para explicar por ejemplo ese Consejo Europeo sirvió a López para preguntar por qué acude en unos casos sí y en otros no, y si acaso es el Ejecutivo en funciones el que decide cuándo hacerlo, porque eso implica una “arbitrariedad” que no considera “de recibo”.
Insistió en que, frente a un Gobierno con sus capacidades limitadas por estar en funciones, el Parlamento mantiene “intacta” toda su capacidad porque está recién constituido y ostenta la representación de la soberanía popular.
López mostró a Ayllón las solicitudes de comparecencia y preguntas calificadas por la Mesa del Congreso, que salvo alguna excepción “que se podría valorar y eliminar si hiciera falta”, se refieren a decisiones adoptadas por el Gobierno estando en funciones, y sobre las que entiende que tiene que rendir cuentas.
Cree, por todo ello, que sería “bueno” que el Tribunal Constitucional “aclarara esta duda” no solo para esta Cámara sino para las futuras, incluidas las autonómicas. López reconoció que es “incansable al diálogo” pero no quiere “marear la perdiz”, y llegó incluso a emplazar al Gobierno a plantear directamente ese conflicto de atribunciones.
Cree que eso no implicaría un “fracaso de la política”, ya que el Constitucional “está para eso también”, para ejercer de árbitro y de intérprete superior en caso de dudas sobre competencias de diferentes instituciones.
Si el Gobierno no plantea ese conflicto lo puede plantear el Congreso de los Diputados, pero no por iniciativa del presidente de la Cámara sino del Pleno, aprobando una petición en ese sentido formulada por algún grupo parlamentario. El PSOE se ha declarado "dispuesto" a hacerlo.