(AMPLIACIÓN) EL CONGRESO REVISARÁ LA PENA DE CÁRCEL PARA LOS PIQUETES COACTIVOS

Unidos Podemos logró este martes el apoyo de la mayoría de los partidos del Congreso para revisar el artículo 315 del Código Penal y suprimir la parte en la que se castiga con pena de cárcel a los piquetes que coaccionen a trabajadores que no quieran secundar una huelga.
La formación morada defendió esta tarde en el Pleno de la Cámara Baja una proposición de ley para modificar el artículo 315 y suprimir el apartado tercero del mismo del mismo, que contempla pena de 1,9 a 3 años de cárcel para quienes coaccionen a empleados que no quieran sumarse a una huelga. La iniciativa fue aprobada con 176 votos a favor, 134 en contra y 32 abstenciones.
Además, el grupo parlamentario que encabeza Pablo Iglesias pide suspender la ejecución de condenas impuestas a partir de este artículo y devolver lo pagado a los sindicalistas a quienes se hubieran impuesto multas por este motivo.
En el debate de esta iniciativa, que se celebró esta tarde, anunciaron su voto favorable a la iniciativa de Podemos la mayoría de los partidos de la oposición, entre ellos el PSOE y el PNV, mientras que Ciudadanos se abstendrá, pero mostró su acuerdo en revisar el artículo 315.3 del Código Penal. Por su parte, el PP dijo que se pronunciaría en contra, a pesar de lo cual la iniciativa saldrá adelante cuando se vote a última hora de este martes.
“CRIMINALIZACIÓN” DE LA HUELGA
En la defensa de la iniciativa, Aina Vida, de En Comú Podem, sostuvo que el apartado tercero del artículo 315 “equipara el poder de coacción de las empresas al de un grupo de personas (por los piquetes), lo cual es ridículo”.
Esta parlamentaria defendió que “el piquete más activo es el patronal” y que el hecho de que existan más de 300 sindicalistas encausados y con riesgo de entrar en la cárcel es “una degradación democrática evidente”, al tiempo que afirmó que la “criminalización” de la huelga sólo sirve para “extremar” sus consecuencias.
A su vez, Alberto Rodríguez, de Podemos, afirmó que “el derecho de huelga está bien vivo” y advirtió de que si se aprueba en el Congreso la “puñalada” del nuevo decreto de la estiba el Gobierno va a saber “lo que es una huelga como Dios manda”.
En la defensa de su apoyo a la iniciativa de Podemos, Rafael Simancas, del PSOE, señaló que este respaldo de su partido a la iniciativa de la formación morada busca “evitar que se envíe a trabajadores a la cárcel por el simple hecho de ejercer un derecho fundamental como es el derecho de huelga participando en un piquete informativo”.
No obstante, los socialistas consideran que paralelamente debe reformarse el artículo 172, que castiga las coacciones en general, para perseguir las acciones “realmente violentas” de los sindicalistas.
“EQUILIBRIO PLAUSIBLE”
A su vez, Francisco Cano, de Ciudadanos, apuntó que el “verdadero reto” es lograr un “equilibrio plausible” del derecho de huelga y el del trabajo, al tiempo que recordó que en el pacto de su partido para la investidura de Pedro Sánchez se incluía la derogación del párrafo 3 tres artículo 315 del Código Penal.
Asimismo, Mikel Legarda, del PNV, dijo que su partido es partidario de abrir una “reflexión parlamentaria” con expertos y “partes involucradas” sobre este asunto, con el objetivo de que el castigo a los piquetes que se excedan en sus funciones no conlleve un “efecto disuasorio o desalentador” del derecho de huelga.
Por el contrario, la diputada del PP Silvia Valmaña defendió que la iniciativa de Podemos se basa en un “concepto pervertido de democracia y libertad a la venezolana”, al entender que la formación morada busca hacer un “juicio sumarísimo” a los jueces que han condenado por coacciones a personas afines.
Esta diputada argumentó que los que criminalizan la huelga son quienes equiparan este derecho con los “incidentes violentos”, al tiempo que destacó que el artículo 315 proteger tanto la posibilidad de apoyar una protesta “como en el legítimo derecho de no secundarla”.