(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO CONTROLARÁ SEMANALMENTE QUE LA GENERALITAT NO FINANCIA LA CONSULTA SOBERANISTA

- "Ni un euro será distraído para nada que sea ilegal", asegura Méndez de Vigo. El Gobierno controlará semanalmente los gastos y pagos de la Generalitat de Cataluña para certificar que no destina partidas presupuestarias a financiar la consulta soberanista del 1 de octubre, y en caso de incumplir con ese deber se bloquearía el acceso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Se trata de un acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, de la que dio cuenta el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
El acuerdo establece la “condicionalidad específica” de recursos y complementa el acuerdo adoptado en noviembre de 2015, cuando ese control fue mensual. Será el Ministerio de Hacienda y Función Pública el encargado de velar por el cumplimiento de esos requisitos.
Se trata de impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gastos y pagos destinados a financiar el referéndum del 1 de octubre, y para ello el Gobierno se apoya en el Tribunal Constitucional, que el pasado 5 de julio declaró nulas las partidas presupuestarias que puedan destinarse a esa finalidad.
Pese a esa advertencia, dijo Méndez de Vigo, representantes de la Generalitat han declarado su voluntad de seguir adelante con esa consulta, que supone un “riesgo para el interés general” e “incertidumbre económica perjudicial” para ciudadanos y empresas.
En virtud de esa decisión del Tribunal Constitucional y para garantizar los servicios públicos en Cataluña, explicó, el Gobierno requerirá a la Generalitat el envío de certificados individuales semanales. Las personas obligadas a enviar esa información son los interventores de las consejerías, los responsables económicos y financieros de las entidades en las que no exista la figura del interventor, el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro.
Todos ellos tendrán que certificar cada semana que no se han iniciado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados “directa o indirectamente” a actividades vinculadas a esa consulta. Si se hubieran iniciado esos procedimientos, se daría traslado a las autoridades competentes para la exigencia de responsabilidades, y si no se enviara la información se aplicaría la cautela establecida en el funcionamiento del FLA.
Según el portavoz del Gobierno, el FLA prevé 3.600 millones de euros para Cataluña este 2017, y esa comunidad ha recibido ya 67.000 millones de ese fondo.
Méndez de Vigo precisó que la entrada en vigor del acuerdo es “inmediata” y, a la pregunta de si esa decisión es el preludio de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para privar de competencias a la Generalitat, aseguró que el acuerdo de la Comisión Delegada “es lo que es, y es muy importante”.
"NI UN EURO"
Implica, insistió, que “cualquier acto encaminado a ese referéndum ilegal no puede ser pagado con dinero público” y que “ni un euro de los catalanes” irá a una consulta “que es voluntad de unos pocos”. Con ello, Méndez de Vigo envío un mensaje: “Estén tranquilos todos los catalanes. Ni un euro será distraído para nada que sea ilegal”.
Se trata, reiteró, de una “actuación preventiva” del Gobierno para garantizar el bienestar de los ciudadanos de Cataluña al asegurar que el dinero público va a servicios públicos esenciales y no “donde algunos quieren que vaya, a un referéndum ilegal”.
Precisó que no contempla la posibilidad de que la Generalitat no envíe la información requerida porque “los funcionarios cumplen con la ley” y de esa forma “incurrirían en responsabilidad”.
Después de dar cuenta de esa decisión, Méndez de Vigo reiteró la “llamada a la cordura” para evitar “la radicalidad en la que está instalado el Gobierno de la Generalitat en manos de los extremistas más extremistas”, y que se visualiza en la “sucesión de purgas y dimisiones” de los últimos días, y en la advertencia del letrado mayor del Parlamento de Cataluña al decir que los pasos dados “son ilegales”. “Más claro, agua”, apuntó.
En noviembre de 2015, después de que se aprobara en el Parlamento de Cataluña la resolución para iniciar la desconexión con España, el Gobierno amplió el control o “condicionalidad” a todo el Presupuesto de la Generalitat de Cataluña, y solo al plan de pago a proveedores y al FLA, como ocurría hasta entonces. Ese control era mensual y ahora es semanal.
En aquel momento, el ministro Cristóbal Montoro precisó que no implicaba una “intervención” de las cuentas de la Generalitat sino de “mecanismos muy serios de control” que se hacen a posteriori.
"COOPERAR" CON LA JUSTICIA
Preguntado por ello, Méndez de Vigo se refirió a las declaraciones del portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, tachando de “espectáculo mediático” la entrada de la Guardia Civil en el Parlamento de Cataluña y en el Palau de la Generalitat buscando información sobre el pago de comisiones ilegales dentro del ‘caso del 3%’.
El portavoz del Ejecutivo aseguró que esa presencia de agentes fue consecuencia de una orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y entra “dentro de la más absoluta normalidad”. Lo que tienen que hacer las instituciones, dijo, es atender a esos requerimientos “cooperar”, porque otro comportamiento sería “muy extraño” e implicaría sugerir que alguien no quiere “que se desentrañe” lo que ocurrió. Se mostró por ello convencido de que todas las partes “van a cooperar”.