(AMPLIACIÓN) RITA BARBERÁ RESPONSABILIZA A ALFONSO GRAU DE LA FINANCIACIÓN DEL GRUPO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

- La exalcaldesa admitió haber entregado 1.000 euros al partido, pero negó que se los devolvieran en dos billetes de 500. La senadora y exalcaldera de Valencia, Rita Barberá, ha declarado por espacio de una hora ante el juez del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido por un presunto delito de blanqueo. Ha respondido a las preguntas del magistrado y de la Fiscalía, pero no a las de la acusación popular ejercida por el PSOE. Su defensa se ha basado en responsabilizar a los portavoces del grupo municipal del PP de la financiación del partido y de su última campaña electoral, que también está siendo objeto de investigación.
Aunque Barberá mantuvo su versión de que no tuvo nada que ver con la financiación del PP valenciano y reiteró que los máximos responsables fueron los portavoces del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau y Alfonso Novo, tuvo que reconocer que algunos de los asesores investigados en este caso trabajaban en exclusiva para ella, algo que no había admitido hasta ahora.
La participación de esos asesores salió a la luz en enero pasado tras los interrogatorios efectuados por la Guardia Civil a medio centenar de concejales y asesores del Ayuntamiento valenciano en relación al presunto blanqueo de dinero para financiar la última campaña electoral de Rita Barberá.
La imputación masiva de cargos del PP se produjo después de que cuatro exasesores del anterior gobierno de Rita Barberá declararan ante la Guardia Civil que habían recibido presiones para participar en la financiación irregular de la campaña electoral.
Se trataba de Nuria Diego, exasesora de la alcaldesa Rita Barberá; Arantxa Martí, exasesora de Alfonso Grau; Patricia Iserte, exasesora de Beatriz Simón, y Jesús Gordillo, también antiguo asesor de Grau.
Barberá siempre sostuvo que esos asesores no trabajaban para ella, pero según fuentes jurídicas la exalcaldesa ha rectificado su declaración reconociendo que Nuria Diego y Patricia Isert trabajaban para ella.
La senadora admitió haber entregado 1.000 euros al partido para la campaña de 2015, pero aseguró que no le devolvieron el dinero. La investigación trata de esclarecer si concejales y asesores del partido entregaron mil euros mediante transferencia bancaria que más tarde se les devolvían en dos billetes de 500, logrando así blanquear esas cantidades.
Además, Rita Barberá insistió en que no conoce a ningún miembro o cargo del PP que recibiera ese dinero en efectivo.
SUPLICATORIO
A partir de este momento, el magistrado tendrá que decidir si hay indicios suficientes de la comisión de un delito para continuar con la instrucción del caso. Si así fuera, tendrá que solicitar el suplicatorio al Senado para continuar con el procedimiento judicial. En caso contrario podría dictar el sobreseimiento.
Barberá llegó a la sede del Tribunal Supremo al filo de las 10.00 de la mañana, acompañada por su abogado, José Antonio Choclán. Acudió a la declaración, que prestó de manera voluntaria, a bordo de un taxi y ataviada con una chaqueta roja, abrigo negro, bolso de Loewe y pañuelo de color rojo.
Salió dos horas más tarde escoltada por su representante legal y abandonó el Supremo, también en taxi, sin hacer declaraciones a los periodistas.
El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo le interrogó en calidad de investigada dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales que dicha Sala abrió el pasado mes de septiembre.
BLANQUEO
La investigación abierta a Barberá deriva de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, describiendo indicios contra la aforada en un presunto blanqueo de capitales que se habría producido en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscalía apoyó, en informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigación y la designación de instructor.
En el auto de apertura de la causa, el Supremo destacó que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en la exposición razonada pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal.
“Resulta, pues, imprescindible”, añadía el auto, “continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla”, que está siendo investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales.
El objeto de la investigación iniciada por el Juzgado de Valencia es determinar si, bajo la cobertura de unas aportaciones de 1.000 euros realizadas por personas vinculadas al Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y al mismo partido, se oculta el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables del Grupo Popular. También se indaga sobre el origen del dinero supuestamente blanqueado.