ATA insiste en la necesidad de poner en marcha un régimen sancionador contra la morosidad

  • Cree que la ley de Cs de penalizar a quien incumple con los plazos de pago legales es "urgente"
ATA insiste en la necesidad de poner en marcha un régimen sancionador contra la morosidad
ATA insiste en la necesidad de poner en marcha un régimen sancionador contra la morosidad
EUROPA PRESS
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La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ha puesto de relieve la necesidad de que se ponga en marcha un régimen sancionador contra la morosidad, ya que "no puede haber tolerancia con la morosidad".

La organización ha dejado claro que hasta ahora no pagar a tiempo salía gratis y no solo en coste, sino en sanciones. Por ello, ha resaltado la importancia de esta iniciativa, que establece mecanismos de control y sanciones para los que "sin escrúpulos se financian a costa del eslabón más débil de la cadena en las operaciones comerciales".

A pesar de que ATA ha confirmado que la Administración General del Estado ha logrado "auto-controlarse" y ha mejorado sus plazos de pago a proveedores, todavía ni la Administración local ni la autonómica o la estatal cumplen con la ley que establece el plazo de pago en 30 días.

ATA cree que en el sector privado "no ha habido tal esfuerzo" por reducir los plazos, ya que las grandes empresas todavía pagan de media en 126 días, mientras que las de menos de 50 trabajadores y autónomos sí que pagan por debajo de los 60 días legales.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, considera que cumplir con los plazos legales de pago "es también responsabilidad social", ya que la morosidad "ha destruido y destruye negocios, autónomos empleos y familias".

En este contexto, ha destacado que la iniciativa de Ciudadanos que busca penalizar a quien de forma sistemática incumple con los plazos de pago legales es "urgente" y debería tramitarse "con la mayor celeridad posible y con el apoyo del Gobierno y los grupos parlamentarios".

Asimismo, Amor ha puesto de relieve que, además de las sanciones, debe estudiarse que aquellas empresas que no cumplan con los plazos no puedan acogerse a determinadas ventajas fiscales o se les penalice fiscalmente.

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